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Vidal busca recaudar $ 2.000 millones de los countries en base a impuestos inmobiliarios

Impulsa un proyecto de Ley para recategorizar unos 500 emprendimientos que hoy pagan menos de lo que corresponde. Algunos siguen tributando como baldíos
13/04/2018 - 18:54hs

La gobernadora bonaerense, Marí­a Eugenia Vidal, busca recaudar $2.000 millones que se estarí­an escurriendo de la mirada del fisco en los tributos que pagan los countries.

Según el entorno de Vidal, casi 500 emprendimientos de esas caracterí­sticas, la mitad de los que están instalados en la Provincia, están mal categorizados en la valuación del del impuesto inmobiliario y por eso pagan tributación menor a las que en realidad deberí­an pagar, asegura Clarí­n.

La Agencia de Recaudación bonaerense (Arba), detectó que varios de esos complejos siguen tributando como baldí­os. Otros como si las parcelas fueran rurales y un tercer grupo paga como urbanos edificados, pero no como countries. En ese caso, los montos serí­an superiores. Con el agravante que muchos de ellos están terminados desde hace décadas.

¿Por qué ocurre esta irregularidad?. En más de un centenar de emprendimientos no tienen aprobada la factibilidad. Por eso no pagan como countries. En la cuestión se mezclan responsabilidades compartidas porque en varios casos diversas trabas burocráticas impiden esa regularización.

La aprobación de la factibilidad tiene un proceso de evaluación de condiciones y está comprobado que hay emprendedores que no esperan el trámite final para empezar con el negocio.

El paquete de Arba completa el medio millar. Ya están fiscalizados en forma satelital, entre otros, Pilar (60 barrios), La Plata (43), Tigre (39), Escobar (28), Ezeiza (21) y San Isidro (20).

Queda un paso para que las mayores contribuciones lleguen a Arba. Vidal debe presentar un proyecto de ley para cambiar la categorí­a de esos clubes de campo y countries.

"Las propiedades de los countries que no tienen el final de obra continúan tributando como antes de desarrollarse la urbanización: la mayorí­a aparece como terrenos rurales y no con el valor de la parcela que Arba asigna a cada countrie. Eso no sólo significa una desigualdad frente a los contribuyentes de otras urbanizaciones privadas que sí­ tienen la factibilidad, sino sobre todo un perjuicio para el Estado y los bonaerenses", explican los funcionarios.

La propuesta legislativa determina tres categorí­as. Conforme avancen las obras en el emprendimiento, los propietarios pagarán desde un 25% hasta un 75%  de lo que corresponderí­a al valor de la tierra establecido para los countries.

De acuerdo con los datos oficiales, en 2017 el conjunto de estos emprendimientos pagó por impuesto Inmobiliario unos $2.200 millones. Con esta ley que ingresa a la Legislatura van por unos $2 mil millones más. La ley serí­a tratada en mayo.

"La modificación normativa que impulsamos busca sincerar la situación de los nuevos emprendimientos urbaní­sticos para otorgarle mayor equidad y progresividad al sistema tributario", dijo al director de Arba, Gastón Fossati.

Uno de los í­tems del anteproyecto establece: "Desde que se da inicio al desarrollo de los emprendimientos urbaní­sticos, tanto antes como después de obtener la convalidación técnica definitiva (factibilidad), hasta el momento de aplicación de la metodologí­a valuatoria especí­fica, se deben transitar distintas etapas que modifican el destino del inmueble y su valor en el mercado, aspecto que actualmente no tiene la debida captación desde el punto de vista tributario", completa los fundamentos.

"Es por ello que resulta necesario diseñar una variante valuatoria que permita acompañar correctamente los sucesivos grados de desarrollo de tales emprendimientos hasta su consolidación final", amplí­a el borrador.

Para sostener esta necesidad exponen ejemplos. En Arba citan el caso de un countrie de Ezeiza. Por no tener el "alta" oficial tributa $2,9 millones por año por el impuesto Inmobiliario. Si estuviera categorizado como edificación urbana, deberí­a pagar $6,5 millones. Como countrie ya habilitado en los registros oficiales, en cambio, tendrí­a que pagar $28 millones al año.

Por esta laguna técnica en materia impositiva, el objetivo –una vez aprobada la ley- es que estos emprendimientos empiecen a pagar un impuesto superior a medida que las obras de urbanización avancen.

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