Telecomunicaciones: Claro y Telefónica, con cautela ante la "ley corta" que las habilita a dar TV paga ví­a satélite

"Cuando sea realidad, hablamos". Así­ podrí­a resumirse la sensación que transmiten tanto en Telefónica como en Claro luego de que se conociera la decisión del Gobierno de enviar al Congreso un proyecto de ley que las habilita a ofrecer televisión paga por satélite, alternativa que hoy tienen vedada.

Se trata de la llamada "norma corta" -o "ley corta"- con la que el ministro de Modernización, Andrés Ibarra, prometió avanzar a partir de una vieja demanda que estas compañí­as vienen planteando.

El borrador también apunta a darle un poco de prolijidad a un marco regulatorio que bien podrí­a ser considerado un "patchwork" generacional surgido en los '90, aggiornado en el inicio del 2000, debatido hacia el final de la década y nuevamente emparchado desde 2014 a la fecha.

Si bien el proyecto consta de sólo ocho artí­culos y fue pensado justamente para que tenga un rápido trámite parlamentario y una ligera aprobación en ambas cámaras, la duda que ahora se plantea es si los tiempos de los legisladores estarán acordes a los que demanda el mundo digital.

Por eso, más allá de la buena intención oficial de ir ordenado el marco regulatorio y emparejar la cancha entre todos los jugadores a través de la ley, habrá que ver también cómo se disputan los partidos en las diferentes etapas que deberá transitar la iniciativa.

La decisión de que ingrese por el Senado responde a que su presidente provisional, Federico Pinedo, es conocedor del tema y podrí­a encarrilar sin mayores inconvenientes la discusión. 

Además, posee buenos ví­nculos con la industria y antecedentes en el enví­o de otras iniciativas relacionadas con las telecomunicaciones.

¿Acaso la oposición obstaculizarí­a un proyecto de ley que, tal como dicen en las esferas oficiales, apunta a equilibrar la competencia entre las grandes operadoras del mercado? 

¿Se opondrí­a el arco opositor a que Claro y Telefónica puedan ingresar más rápidamente al negocio de la TV paga por el ví­nculo satelital para así­ equiparar, al menos en parte, la gran participación de mercado que en ese segmento tienen Telecom (principalmente) y DirecTV? 

Si sale del Senado sin inconvenientes, los mismos interrogantes quedarán planteados para Diputados.

Aun suponiendo que la iniciativa:

- Ingrese rápidamente a la Cámara Alta.

- Sea analizada por las comisiones pertinentes.

- Realice su tránsito sin mayores obstáculos.

- Sea vista como una buena opción para equiparar la relación de fuerzas.

- Que ayude a promover la competencia.

- Que se convierta rápidamente en ley.

Con todo, ni Telefónica, ni Claro ni ninguna otra prestadora podrá dar servicios en combo de manera inmediata. 

En el mejor de los casos, de aprobarse el proyecto, las empresas tendrán que esperan hasta el 1° de enero de 2019 para poder comenzar a brindar los servicios de televisión paga primero, y brindar ofertas conjuntas de comunicaciones móviles y otros productos o servicios TIC, después.

En cuanto al uso de tecnologí­as propiamente dichas para la distribución de servicios de radiodifusión por suscripción, es decir, televisión paga, el borrador contempla a este servicio como:

- La transmisión unidireccional de señales. 

- Que recibe un público determinado. 

- Con independencia de la tecnologí­a o medios utilizados.

Aquí­ se incluyen a prestadores que "utilicen la tecnologí­a de transmisión de contenidos audiovisuales basados en el protocolo IP, para el acceso de los programas en vivo y/o de televisión lineal". 

Es decir, habilita a todas las compañí­as del sector a distribuir cualquier tipo de servicio de TV paga también por Internet.

Aunque la norma no lo dice expresamente, al habilitar esta chance de manera tan explí­cita, lo que se busca es incrementar las inversiones en fibra óptica, la tecnologí­a más eficiente para la distribución de los contenidos audiovisuales.

Las actuales redes ADSL, que continúan explotando Telefónica y Telecom, no dan abasto para las demandas actuales de consumos audiovisuales que se producen, al menos, en los hogares de los grandes centros urbanos del paí­s. 

El ví­nculo satelital permite entrar rápidamente al negocio de la televisión paga pero, a la hora de ofrecer servicios en combo, no es la tecnologí­a más eficiente.

Por eso, el texto es una especie de caramelo de sabor corto, que ayudará a tener energí­a en el inicio de nuevos negocios en una primera fase. 

Para el largo plazo, la historia será otra: si las operadoras quieren disfrutar de una golosina con mayor persistencia, van a tener que invertir más. 

Es a lo que juega el Gobierno con iniciativas de este tipo, más allá de que  los últimos en recibir los eventuales beneficios de esta apertura sean los consumidores. 

Para eso no hay fecha. Y, ya se dijo, un proyecto de ley no genera muchas expectativas en este paí­s. Los actores involucrados quieren ver hechos concretos. Hay un cierto consenso, respecto de este texto, en que resuelve varias cosas pero no todas. De aprobarse, mejorarí­a algunos aspectos de la competencia, no todos.

Hasta ahora, el sector de las telecomunicaciones es uno de los más dinámicos de la Argentina. 

Para este año, se prevén inversiones por unos u$s3.000 millones de parte de Claro, Telecom y Telefónica, en el primer pelotón, seguido luego por un conjunto de operadoras independientes, como iPlan, Telecentro, Supercanal, entre otras.

Los diversos jugadores del mercado fueron consultados para la elaboración de esta "norma corta", de modo que su aprobación dejarí­a más o menos contentos a todos. Pero habrá que ver cómo se desarrollan los acontecimientos, especialmente a partir del próximo martes.

El viernes pasado, el proyecto de ley hizo su ingreso oficial en el Senado. El martes, el ministro de Modernización, Andrés Ibarra, se presentará a las 14 en la Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión de esa Cámara para responder las inquietudes sobre el proyecto en cuestión.

Todo esto ocurre en momentos en que el presidente español, Mariano Rajoy, visita la Argentina después de 11 años de que un mandatario de ese paí­s llegara a estas tierras.

El jefe de Estado visitante aseveró que animará a las empresas españolas a invertir en el paí­s. Telefónica viene manteniendo sus desembolsos en un nivel estable. Los ajusta de acuerdo a los í­ndices de inflación, y se reserva aportes extraordinarios para los casos en que haya nuevas licitaciones de espectro.

¿Qué cambia?

La llamada "ley corta" introduce modificaciones a la actual ley 27.078 Argentina Digital, sancionada en 2014 para completar lo que no abordó la ley de medios 26.522. Pero en varios aspectos se quedó a mitad de camino: de tan general, dejó sembrada varias ambigí¼edades. 

El texto que ahora ingresará al Senado robustecerá, de alguna manera, parte de esa regulación que, a su vez, se plantea en el marco de la convergencia. Siempre que se apruebe.

Por eso, lo más significativo es la inclusión del artí­culo 8° -como parte del art. 94 de la ley Argentina digital- que contempla la posibilidad de que las prestadoras de telecomunicaciones puedan salir a competir por satélite, una posibilidad que hasta ahora viene siendo explotada exclusivamente por DirecTV.

El texto indica que todos los operadores "telcos" podrán ofrecer sus prestaciones "mediante ví­nculo satelital en las localidades y conforme al cronograma que apruebe el Ministerio de Modernización, tomando como fecha lí­mite el 1° de enero de 2019".

El proyecto de ley no se queda sólo en eso. También incluye cambios en lo relativo a la adjudicación de frecuencias para ARSAT, expresando de manera explí­cita que se otorgarán aquellas destinadas al cumplimiento de sus fines. 

Al crearse la empresa estatal satelital (ley 26.092/2006), se determinó que su objetivo serí­a realizar por sí­, por cuenta de terceros o asociada con terceros el diseño, desarrollo, construcción en el paí­s, lanzamiento y la puesta en servicio de satélites de telecomunicaciones.

Luego, en el decreto 1552/2010 que creó el Plan Argentina Conectada, se estableció que ARSAT tendrí­a a cargo conectar a los lugares más remotos a través de la Red Federal de Fibra Optica (REFEFO).

Hoy, la comañí­a estatal cuenta en su poder con las frecuencias para telefoní­a 3G y 4G que devolvió el Grupo Vila-Manzano luego de que la gestión anterior diera de baja la adjudicación de ese insumo (se lo habí­a otorgado en 2014).

El Gobierno pretende poner rápidamente ese recurso a disposición de los actuales prestadores, es decir, Telecom, Claro y Telefónica. Para ello, debe encontrar la manera legal de que dejen de estar en poder de ARSAT. 

El artí­culo 3 del borrador va en esa dirección. Pide sustituir otro vigente que establece reservarse con carácter preferencial las frecuencias establecidas en esa norma.

Hay otros dos aspectos, no menos importantes, contemplados en el texto. En el artí­culo 11, el último de la "norma corta" se alude al tema de la comercialización de los contenidos.

Allí­ se pide que tal situación se debe efectuar "en condiciones transparentes, equitativas y no discriminatorias, de modo tal que se garantice una competencia leal y efectiva entre los distintos licenciatarios" de servicios TIC. 

Este artí­culo aborda los precios en los que se negocian las señales que se incluyen en los servicios de TV paga y otros contenidos todaví­a más sensibles, como el fútbol. Un tema que, de aprobarse la ley, generará fuertes disputas hacia adelante porque será cuando los principales jugadores de la TV, Telecom por medio de Cablevisión, y DirecTV, deban sentarse en la misma mesa con Telefónica y Claro, entre otros.

Y otro punto, no menor, es el vinculado con la compartición de infraestructura, ampliamente abordado en los primeros artí­culos del texto. Apela, justamente, a compartir con empresas de energí­a, agua y otros servicios, el uso de las zanjas o postes para llevar por allí­ las redes. Y, en el mismo sentido, propone el uso de los edificios públicos para la instalación de antenas y demás equipamiento necesario orientado al mismo fin.

Varias de las cuestiones incluidas en el texto responden, a su vez, a lo que considera la OCDE en materia de competencia de telecomunicaciones. Y es ampliamente conocido el interés del Gobierno por ingresar en esa organización pues, de ocurrir, la Argentina se convertirí­a en un "miembro pleno de occidente", como alguna vez lo expresó un ex funcionario

Pero, en definitiva, se trata de un borrador. De ahí­ que las expectativas de los eventuales beneficiarios directos, Claro y Telefónica, sean bajas. 

Quieren ver hechos concretos. El cambio, que ahora viene en formato de "norma corta", se esperaba bajo el modo DNU a finales de 2017. 

En el mientras tanto, los meses pasan. Y de convergencia, hasta ahora no se ve nada.