El Gobierno anunció la venta de 11 inmuebles pertenecientes al Estado
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El Gobierno dispuso este lunes la venta de once inmuebles del Estado, ubicados en Capital Federal y en las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Neuquén y Mendoza. La medida se tomó a partir de una decisión administrativa de la Administración de Bienes del Estado (AABE), publicada este lunes en el Boletín Oficial.
De esta manera, en la Ciudad de Buenos Aires se pusieron a la venta tres departamentos bajo jurisdicción de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), en los barrios de Palermo, Monserrat y Villa Urquiza.
En la provincia de Buenos Aires, se autorizó la venta de un lote en Pinamar y un terreno en Magdalena. En tanto, en la ciudad de Santa Fe se pondrá a disposición tres terrenos baldíos de la Administración de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF).
Además, en la ciudad mendocina de Guaymallén, saldrá a la venta un inmueble en desuso bajo jurisdicción del Ejército; en la ciudad del Neuquén, un predio perteneciente al Ejército y dos lotes emplazados en el centro de la ciudad.
En uno de esos dos lotes de la capital neuquina funciona la Prisión General Sur Nº 9, que será desalojada y los internos trasladados a la cárcel de Senillosa.
El Poder Ejecutivo justificó esta medida al señalar que la AABE "ha relevado una serie de inmuebles pertenecientes al Estado Nacional que se encuentran en condiciones de ser enajenados o que su disposición es factible, en razón de resultar inadecuados para la gestión a su cargo".
"Se ha evaluado la posibilidad de destinar tales inmuebles a alguna de las funciones del Estado Nacional, surgiendo que en virtud de las necesidades actuales de la AABE, sería ineficiente realizar la inversión que se requiere para que los mismos puedan ser reutilizados", añadió.
Para el Gobierno, los bienes del Estado "y los derechos sobre ellos, son activos que deben ser administrados de forma integrada con los restantes recursos públicos, los cuales conforme los estándares de uso racional, no pueden mantenerse inactivos o sin un destino útil".
"En dicha inteligencia, sumado a los costos asociados a su manutención, se adicionan los riesgos latentes de ocupación, pérdida de valor de los mismos, focos de inseguridad, como así también el evidente perjuicio urbanístico y social que provoca la conservación de tales activos en estado de subutilización, desocupación o abandono", advirtió el texto oficial.