El decreto de "desburocratización" del Estado entró en el Congreso y se debatirá en febrero
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El Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) de Desburocratización y Simplificación, firmado el 10 de enero pasado, ingresó este jueves al Congreso Nacional, y será debatido desde febrero en la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo, que debe analizar su validez.
De acuerdo con la legislación vigente, a partir de ahora la comisión tiene diez días hábiles para emitir dictamen y luego girarlo para que sea debatido en cada Cámara.
Si se respetaran esos tiempos parlamentarios, el DNU podría ser discutido en la Bicameral durante la primera semana de febrero, pero recién sería llevado al recinto luego de que el presidente Mauricio Macri inaugure el Período Ordinario de Sesiones, el 1º de marzo próximo.
Fuentes parlamentarias indicaron que la intención es reunir a la Comisión el martes 6 de febrero.
Sin embargo, voceros del Interbloque Cambiemos indicaron a que, como el plazo para tratar el DNU se cumplirá el jueves 8 de febrero, y teniendo en cuenta que la semana siguiente es corta debido a los feriados de Carnaval, no descartaban que la discusión se traslade a la semana que va del 19 al 23 de ese mes.
La decisión final, de todos modos, estará en manos del oficialismo, ya que cuenta con la mitad de los integrantes de la Comisión y su presidente será, según lo acordado con la oposición, el jefe de la bancada de Cambiemos en la Cámara alta: Luis Naidenoff.
El lunes se conoció la conformación nueva de la Bicameral que contará con ocho oficialistas (cinco por Diputados y tres por el Senado), cuatro integrantes del Justicialismo, tres del kirchnerismo y uno del Partido Renovador de Salta.
El DNU 27/18 incluye un conjunto de más de 40 normas para reducir los trámites que ahora debían hacer las empresas para operar en el país, al tiempo que habilita nuevas prácticas en el sector de finanzas y transporte, destinadas a reducir costos y ganar competitividad.
El Decreto, publicado el 10 de enero con la firma del presidente Macri y sus ministros, fue cuestionado por la oposición porque introduce más de 100 modificaciones en leyes y decretos, según señalaron distintos bloques.
De hecho, esa posición llevó ayer a un grupo de diputados nacionales del Frente Renovador a presentar ante la Justicia un planteo de inconstitucionalidad del DNU, por considerar que "altera las reglas del Estado de derecho".
"Mediante este instrumento se toman más de 190 medidas que apuntan a reformar el Estado, adjudicándole al Poder Ejecutivo facultades que avasallan las atribuciones del Congreso de la Nación, alterando las reglas del Estado de Derecho y la división de poderes que caracterizan al modelo republicano", argumentó la titular del bloque massista en la Cámara baja, Graciela Camaño.
Junto a ella concurrieron al Palacio de Justicia los diputados Daniel Arroyo, Raúl Pérez, Carla Pitiot, Marco Lavagna, José Ignacio de Mendiguren y Alejandro Grandinetti.
De acuerdo con lo previsto por la Constitución Nacional, a partir de su reforma de 1994, y por su reglamentación a través de una ley dictada en el 2010, durante la gestión de Cristina Kirchner, una vez que el DNU es debatido en el seno de la Bicameral, debe ser tratado tanto en Diputados como en el Senado.
En ese marco, sólo puede ser derogado cuando las dos cámaras expresan su rechazo, con una mayoría simple, es decir con el voto de la mitad más uno de los presentes en el recinto, una vez reunido el quórum reglamentario.
Junto con el DNU de Desburocratización del Estado, la Bicameral también deberá debatir otros cuatro decretos firmados por el presidente durante diciembre del año pasado: 979, 1013, 1076 y 1077 de 2017.
La primera de las normas es un Decreto de Necesidad y Urgencia que establece en el 10,5% la tasa prevista en la Ley de Impuestos Internos para bienes fabricados en el país como aires acondicionados y teléfonos celulares; mientras que el decreto 1013 modifica varios ítems de la Ley de Presupuesto 2017.
El resto de las normas son observaciones y vetos parciales de proyectos de Ley aprobados por el Congreso Nacional entre noviembre y diciembre.
El 1076 observa los artículos 10 y 13 de la Ley que crea el Régimen de Incentivo, Promoción y Desarrollo de la Industria Naval Argentina, que refieren que el Poder Ejecutivo Nacional deberá otorgar una asignación específica para un fondo especial "no inferior a los 1.500 millones de pesos".
Finalmente, el Decreto 1077 observa parcialmente tres artículos y veta totalmente otros cuatro de la Ley que regula los honorarios profesionales de abogados, procuradores y auxiliares de la Justicia Nacional y Federal.