Nueva estrategia macrista en el Congreso: "desdoblamiento" del mega DNU y una revisión de agenda de reformas

El Gobierno está en plena revisión de su estrategia legislativa, ante el temor de que algunas de sus principales proyectos de reforma puedan chocar contra la pared infranqueable del rechazo peronista.

El reciente escándalo que afectó al ministro de Trabajo, Jorge Triaca, más el rechazo de gran parte de la CGT al proyecto de reforma laboral, provocaron que el presidente Mauricio Macri decidiera –al contrario de lo que se habí­a anunciado en un primer momento- no llamar a sesiones extraordinarias. Ahora, el ministerio de Trabajo, legisladores oficialistas y sus asesores pretenden desglosar el proyecto que está en el Senado en varios, divididos por temas.

De hecho, ya está en marcha un "plan B" que implica dejar de lado algunos puntos que generan escozor entre la dirigencia sindical y concentrar el esfuerzo negociador en otros que gozan de cierto consenso.

Ese mismo camino también parece que lo va a comenzar a recorrer el decreto de necesidad y urgencia (DNU), dictado a mediados de enero, para "desburocratizar" la estructura estatal. Esa norma derogó o modificó una centenar de leyes, lo que generó cuestionamientos y presentaciones judiciales por parte de la oposición, que busca aunar posiciones para rechazarlo una vez que se trate en el recinto, a partir de marzo. A estas alturas, sumarí­a la cantidad necesaria de voluntades para "voltearlo" en ambas cámaras. 

La "mesa chica" de Macri y los jefes de bloques de Cambiemos buscarí­an definir una nueva estrategia. No está claro aún si buscarán divir esa "mega norma" en pocos o muchos proyectos. Todo dependerá del nivel de aceptación que puedan llegar a tener y el "diálogo" que se abra para debatir cada tema.

De acuerdo a las fuentes oficialistas consultadas por iProfesional, habrá que ver que ocurre, por ejemplo, con la posibilidad que estableció ese decreto de embargar las cuentas sueldo de los trabajadores que tengan deudas con el sistema financiero. Este punto tiene una férrea negativa de parte de todo el peronismo y el sindicalismo cegetista y no superarí­a el debate legislativo. No habrí­a problemas en aprobar las propuestas que agilizan trámites en organismos públicos.

Aunque el Gobierno analiza una nueva estrategia para evitar el rechazo del Congreso, el decreto comenzará a ser revisado por la comisión bicameral el próximo 6 de febrero. Esa serí­a la única instancia donde primarí­a la voluntad del Ejecutivo. Casi no hay posibilidades de éxito en el recinto.

En ese sentido, el presidente del bloque Pro de la Cámara de Diputados, Nicolás Massot, abrió la posibilidad de que un proyecto de ley reemplace al DNU, aunque lo supeditó a un acuerdo con la oposición para que la esencia del mismo se mantenga.

El legislador macrista diferenció al peronismo con el que se viene desarrollando "una relación franca" con otro sector de la oposición. En el peronismo con el que se vienen negociando las cosas en el Congreso dijo ver "no una voluntad por ir en contra del contenido del DNU, sino simplemente una apelación a que volvamos a buscar el camino ordinario del Congreso".

Aclaró no obstante que "nosotros como Gobierno tuvimos nuestras razones para avanzar con el decreto, el verano es largo y habida cuenta de que el tratamiento de la reforma previsional nos llevó tanto tiempo y energí­as, dejando de lado incluso leyes que estaban programadas para ser tratadas en diciembre y no pudieron por la complicación de la ley previsional, como la ley laboral, creí­mos que hay medidas muy importante en este DNU de simplificación que no podí­an esperar".

Ante la posibilidad de generar otros cortocircuitos con el peronismo "dialoguista", Cambiemos trata de generar una agenda parlamentaria que no le cause "grandes dolores de cabeza".

Además, para evitar mayores cuestionamientos, el Jefe de Gabinete, Marcos Peña, prometió a la oposición el retorno de las sesiones ordinarias, en las que se puede establecer un temario más abierto.

Por lo pronto, apenas se retome la actividad legislativa el próximo 1 de marzo, hay acuerdo para designar al nuevo Defensor del Pueblo, cuyo cargo está vacante desde 2009. En noviembre se definió en la bicameral respectiva la terna de candidatos, integrada por el dirigente peronista Humberto Roggero, el diputado provincial del Frente Renovador Jorge Sarghini y el defensor del Pueblo de la Ciudad, Alejandro Amor. 

Pero esa terna no llegó a votarse en el recinto y finalmente el dictamen con las postulaciones venció con la renovación de legisladores. Habrá que volver a elegir a los candidatos entre una nueva lista. Desde el oficialismo indicaron que esta vez se incluirán más mujeres y habrá más audiencias públicas, señaló Parlamentario.com.

- Reforma electoral: El Gobierno pretende sumar apoyos para avanzar con la boleta electrónica, que está trabado en el Senado desde fines de 2016. Los gobernadores del peronismo empujaron al FpV-PJ a enterrar la iniciativa, que ya contaba con aprobación de Diputados.

- Reforma del Ministerio Público: El debate se reactivó cuando Alejandra Gils Carbó presentó su renuncia. El oficialismo quiere que se flexibilice el proceso y causales de remoción y que se fije un lí­mite temporal al cargo

-Nueva ley de Defensa de la Competencia: Ya fue aprobada en Diputados. El texto endurece las sanciones contra la cartelización y apunta a combatir la concentración económica, tras la megafusión Cablevisión-Telecom, que no entrará en análisis.

De convertirse en ley, quedarán prohibidos todos los actos o conductas que puedan distorsionar las condiciones naturales de mercado.

En particular, serán tratados aquellos casos en los que se compruebe la existencia de posición dominante por parte de una empresa, cartelización con otras o concentración que de lugar a prácticas anticompetitivas.

Será obligatorio notificarle a la autoridad de aplicación todas aquellas operaciones de fusión que superen los $2.250 millones (150 millones de Unidades Móviles) a fin de que el ente autorice -o no- la operación. También se creará la Autoridad Nacional de la Competencia, organismo descentralizado e independiente que funcionará en el ámbito del Poder Ejecutivo.

-Mercado de Capitales: El proyecto como "Ley de Financiamiento Productivo" fue aprobado en la Cámara baja, pero no fue tratado en el Senado durante las sesiones extraordinarias, pese a que era uno de las iniciativas que figuraban en el temario. 

El proyecto elimina el artí­culo 20 de la actual normativa, que habilita a la Comisión Nacional de Valores (CNV) a tener injerencia sobre cualquier empresa cotizante.

Asimismo, crea las condiciones legales para el funcionamiento de fondos cerrados de inversión, incluyendo la eliminación de impuestos.

El macrismo entiende que la ley vigente le otorga a la CNV facultades exorbitantes, que "atentan contra la seguridad jurí­dica y confianza de los participantes en el mercado de valores".

La CNV tendrá la facultad de fijar aranceles máximos a percibir de los mercados, cámaras compensadoras, entidades de registro de operaciones de derivados y agentes registrados.

Esto, luego de haber tenido en cuenta la competitividad del mercado de capitales de la región y en situaciones especiales que así­ lo requieran.

- Nueva Ley de Tarjetas de Crédito: Es uno de las iniciativas que la oposición quiere tratar sí­ o sí­ este año. En la Cámara alta, el el debate sobre la rebaja de comisiones fue fuertemente impulsado por el chubutense Alfredo Luenzo, que impulsó el avance de una ley más allá de un acuerdo suscrito en marzo pasado por el Ministerio de Producción, las cámaras empresarias y los bancos.

Las comisiones que los comerciantes pagan a las tarjetas por cada venta bajaron desde este mes a 2,35% para las de crédito y a 1,1% para las de débito.

En un comunicado, la Secretarí­a de Comercio, dependiente del Ministerio de Producción, recordó que hasta marzo de 2017 las comisiones eran de 3% y 1,5%, respectivamente.

"En marzo de 2017 se estableció una reducción gradual de los aranceles máximos que pagan los comercios que ya fue implementada. Este es el segundo paso de esa reducción que continuará los próximos años hasta llegar a los valores que acordamos", afirmó el secretario de Comercio, Miguel Braun.

El acuerdo fue suscripto ante el ministro de Producción, Francisco Cabrera, por la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) y la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), Prisma (licenciataria de VISA), First Data (licenciataria de Mastercard), Cabal, Tarjeta Naranja, Italcred y Tarshop.

El convenio estableció que el máximo que podrán cobrar los plásticos a los comercios es de hasta 1,8% por cada operación en crédito y 0,8% en débito en cuatro años. El proyecto consensuado que impulsa Luenzo prevé una reducción aún mayor.

- Alquileres: Este tema es considerado relevante por Cambiemos como por la oposición, pero los proyectos difieren en aspectos centrales. El proyecto aprobado en el Senado a fines de 2016 obtuvo dictamen favorable en la Comisión de Legislación General de Diputados, con numerosos cambios. Entre ellos, se mantuvo el plazo de dos años para la duración de los contratos de locación -la media sanción llevaba ese plazo a tres años-, y se fijó un ajuste anual de precios según el í­ndice de inflación del INDEC. De todos modos, el dictamen caducó con la renovación parlamentaria, y habrá que empezar el trámite nuevamente. 

No obstante, hay coincidencias entre Diputados y Senadores en un par de aspectos: fijar un lí­mite a las comisiones inmobiliarias y que se obligue a los propietarios a devolver el depósito actualizado al finalizar el contrato. Es decir, en base al último mes abonado.

Además, contempla que las expensas extraordinarias siempre corran por cuenta del dueño y no del inquilino.

Una de las diferencias proncipales se encuentra en el método para ajustar el canon. La cámara alta avaló que sea una vez por año y de acuerdo a una fórmula que toma el promedio entre la inflación y los aumentos salariales. 

Sin embargo, el dictamen mayoritario de Diputados indica que esa cláusula de actualización anual sólo sea operativa cuando í­ndice de precios, según INDEC, supere el 6% anual.

En otro orden, se incorporó una ampliación de instrumentos de garantí­a que le servirán a quien renta una vivienda: garantí­a real, aval bancario, seguro de caución, garantí­a personal del locatario o del fiador, que se documentará con recibo de sueldo, certificado de ingresos o cualquier otro medio fehaciente.  En todos los casos, dicha garantí­a debe cubrir al menos cinco meses del canon locativo.

- Prohibición a condenados por delitos de corrupción para ser candidatos: El proyecto pertenece a Cambiemos, con la macrista Silvia Lospennato y la radical Brenda Austin a la cabeza. Estaba listo para ser tratado en el recinto de Diputados, pero nunca se trató y el dictamen cayó. 

El proyecto modifica el artí­culo 33 de la Ley Orgánica de Partidos Polí­ticos 23.298, agregando que no podrán ser precandidatos quienes se encuentren condenados por los delitos de cohecho y tráfico de influencias, malversación de fondos, negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, exacciones ilegales, enriquecimiento ilí­cito, encubrimiento y fraude contra la administración pública.

En el recinto se introducirá un cambio para especificar que la condena deberá ser dictada por un tribunal colegiado para que el precandidato quede impedido de participar del acto electoral.

- Reforma del Código Penal y responsabilidad penal juvenil: Ambas propuestas, contempladas por el Plan Justicia 2020 del Ministerio de Justicia, todaví­a no fueron enviadas al Congreso.

En el caso del Código Penal, una comisión redactora encabezada por Mariano Borinsky trabaja en la elaboración del anteproyecto. En tanto, el ministro de Justicia, Germán Gravano, anunció en reiteradas ocasiones el enví­o de la reforma penal juvenil, que sigue sin ingresar. Si bien se trata de una iniciativa integral, el punto más saliente y el que promete mayor discusión es la baja de edad de imputabilidad a 14 años para delitos graves. Hasta ahora, el debate se dio en distintas mesas integradas por funcionarios, legisladores y especialistas.

- Responsabilidad buscadores de Internet: Esta ley buscará solucionar un problema que existe desde hace varios años, en el que los tribunales son el escenario de demandas promovidas por modelos publicitarias, famosos y personas de renombre, por ejemplo, contra Google y Yahoo porque ven afectados su honor o su imagen personal. Tiene media sanción del Senado y estuvo a punto de ser tratado por Diputados. Este año se sancionarí­a.