Con un decreto, Macri desactivó la paritaria nacional docente y abre nuevo frente de conflicto

El Gobierno desactivó la paritaria nacional docente. Lo hizo a través de un decreto 52/2018 publicado este miércoles en el Boletí­n Oficial, que garantiza que el piso salarial docente deberá ser como mí­nimo un 20% superior al salario mí­nimo vital y móvil, el argumento que utilizó el año pasado el Ministerio de Educación para no convocar a una instancia de negociación nacional.

El decreto, que lleva la firma del presidente Mauricio Macri, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, el ministro de Trabajo, Jorge Triaca y el de Educación, Alejandro Finocchiaro, modifica el inciso C del artí­culo 10 de la Ley de Financiamiento (N° 26.075), que antes contemplaba la discusión de un convenio marco con pautas generales, entre otras cosas, para definir el salario mí­nimo.

Pero además el DNU altera la proporción de la representación entre las organizaciones gremiales en las mesas de negociaciones, en desmedro de CTERA, la confederación mayoritaria en el ámbito educativo, que ostentaba 5 de los 9 delegados y que es liderada entre otros dirigentes por Roberto Baradel, el secretario general del sindicato de maestros bonaerenses Suteba que el año pasado encabezó huelgas y protestas contra el Gobierno.

La normativa sustituye el artí­culo 2° del Decreto N° 457 del 27 de abril de 2007 por uno que indica ahora que "la representación de los trabajadores docentes del sector público de gestión estatal, de las provincias y de la CIUDAD AUTí“NOMA DE BUENOS AIRES, en el convenio marco, será ejercida por UN (1) miembro de cada asociación sindical de primer, segundo y tercer grado con personerí­a gremial y ámbito geográfico de actuación en materia docente en todo el territorio nacional".

De ese modo, CTERA tendrá la misma representación que gremios de menor peso, a la hora de discutir el resto del convenio marco, que seguirá vigente. Se trata de las condiciones de ingreso a la carrera docente, régimen de vacantes, trámites de reincorporaciones, jornadas de trabajo, derechos sociales y previsionales, formación docente y capacitación en servicio, representación y actuación sindical, y tí­tulos.

Con estos cambios, el Gobierno refuerza su plan para descentralizar la paritaria docente nacional en las provincias y debilitar el poder de los gremios educativos, en particular el de CTERA. A la vez que otorga un mayor margen de maniobra -si bien acotado a los capí­tulos no salariales- a los otros cuatro sindicatos nacionales -AMET, SADOP, UDA y CEA, todos alineados con la CGT.

El año pasado, el entonces ministro de Educación, Estebal Bullrich, anuló la convocatoria a una instancia nacional de negociación, a partir del acuerdo alcanzado en febrero de 2016, que fijaba que el piso salarial docente debí­a ser al menos un 20% superior al mí­nimo vital y móvil. El Gobierno argumentó que desde entonces el salario docente se actualizaba en forma "automática".

El Consejo del Salario Mí­nimo, Vital y Móvil fijó en junio pasado el piso salarial en $9.500 a partir de enero. Por ende, el mí­nimo a partir del que se negociará en las jurisdicciones es de $11.400. En tanto, en julio cuando aumente a $10.000 el SMVM tal como está previsto, pasará a ser $12.000.

Ahora, el decreto amenaza con disparar otra vez un fuerte conflicto docente a nivel nacional. El año pasado las protestas llegaron hasta el Congreso, donde Mauricio Macri apuntó en plena apertura de sesiones contra los docentes y en particular contra Baradel, cuya familia recibió amenazas de muerte y estuvo bajo custodia policial.

En la provincia de Buenos Aires se dio uno de los rounds más duros de la pelea, con fuertes acusaciones cruzadas y la convocatoria por parte de la gobernadora Marí­a Eugenia Vidal a que "voluntarios" reemplazaran a los maestros de paro dentro de las aulas. Los docentes presentaron denuncias en la Justicia contra de esas medidas, que incluyeron descuentos salariales aplicados a los huelguistas.