Reforma laboral: el Gobierno divide aguas entre los gremios por las detenciones

En medio de las detenciones a sindicalistas, el Gobierno negocia con los popes gremiales el apoyo a la reforma laboral, ley que el oficialismo quiere aprobar en febrero.

El diálogo con los sindicalistas se produce en momentos de gran convulsión, tras los arrestos de Omar "Caballo" Suárez, Juan Pablo "Pata" Medina y Marcelo Balcedo.

Esta última detención fue una de los más estruendosas: el lí­der del SOEME (maestranza) fue capturado en su lujosa chacra en Uruguay por vaciamiento del sindicato, evasión y lavado de dinero.

Son varios los gremios que tienen irregularidades y que respaldarí­an el proyecto para evitar posibles complicaciones en la Justicia, en momentos en que avanza la cruzada del Gobierno contra las "mafias".

Desde el ministerio de Trabajo, liderado por Jorge Triaca, indican que hay una fuerte división entre quienes están "alineados" al gobierno de Mauricio Macri y quienes no.

Entre los gremialistas de buena sintoní­a con la Casa Rosada están José Luis Lingieri (Obras Sanitarias), Gerardo Martí­nez (construcción), Oscar Mangone (gas), Antonio Cassia y Guillermo Pereyra (petroleros). Además de los poderosos Roberto Fernández (UTA), Omar Maturano (maquinistas).

Al Gobierno todaví­a le queda sumar el respaldo de otros sindicalistas de peso, como Héctor Daer (lí­der de Sanidad uno de los tres jefes de la CGT), Armando Cavallieri (Comercio), Rodolfo Pignanelli (mecánicos), Antonio Caló (metalúrgicos), y Omar Viviani (Taxistas). Este grupo está de acuerdo con debatir la reforma, consigna Perfil.

Entre los más duros están el camionero Pablo Moyano, uno de los más crí­ticos del Gobierno (antes de las elecciones legislativas habí­a llamado a votar por Cristina Kirchner o Sergio Massa para evitar la flexibiliacion laboral).

También Sergio Palazzo, de los bancarios, y el grupo de gremios vinculado al kirchnerismo, como SUTEBA, el más poderoso de los sindicatos docentes bonaerenses.

Además del clima de tensión por los arrestos de los jefes gremiales, el Gobierno prepara un decreto que apunta directo al corazón de los sindicatos: las obras sociales, que concentran el grueso de los fondos de las asociaciones. Se espera una resolución que obligue a los integrantes de los directorios a presentar sus declaraciones juradas.

En el año pasado hubo fuertes movimientos en la Superintendencia de Servicios de Salud, ya que el Gobierno removió a la cúpula del organismo como polí­tica para lograr una mayor transparencia en los sindicatos.