"Never pony": exrugbier Serafí­n Dengra, en la mira por red de estafas con nexos en la AFIP

La justicia federal investiga una asociación ilí­cita que, comisión mediante, ofrecí­a todo tipo de servicios a empresas con un solo fin: la cancelación fraudulenta de sus deudas tributarias.

La banda se extendió por todo el paí­s y aprovechaba sus contactos en la anterior cúpula de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).  Entre los acusados figura el ex jugador de los Pumas Serafí­n Dengra, indicó el diario La Nación.

Convertido en un í­cono pop como "motivador serial" por frases tales como "never pony, pura sangre", la Justicia sospecha que Dengra actuó, por lo menos desde 2013, como "pescador" de potenciales clientes para la banda en el mundo del rugby y los cí­rculos sociales que frecuenta.

Dengra ya fue indagado por la jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, quien también indagó a otras dos docenas de acusados de integrar esa asociación ilí­cita multipropósito: facilitar la evasión con facturas truchas, retenciones falsas, declaraciones juradas anticipadas de importación (DJAI) también falsas y planes de pago "especiales" de deudas fiscales, manipulados a través del área de sistemas de la AFIP. Todo con un desfalco por más de $ 1000 millones.

Los dos presuntos jefes de la banda viven realidades distintas. Miguel íngel Lamparelli se encuentra procesado y con prisión preventiva, mientras que el otro, Adrián Marcal Gago está  prófugo desde hace meses.

Lamparelli apeló su detención ante la Cámara Federal de San Martí­n y planteó que la investigación debe remitirse al juez federal de Comodoro Py, Luis Rodrí­guez, quien impulsa otra pesquisa en la que figura como acusado junto a Marcal Gago por la que debe afrontar un juicio ante el Tribunal Oral Federal Nº 3.

Rodrí­guez los procesó por presunta estafa, falsedad ideológica y asociación ilí­cita junto al ex "barra K" Marcelo Mallo, quien fuera el referente de Hinchadas Unidas Argentinas, por una operatoria en la que según sospechaba la entonces diputada nacional Liliana Schwindt (massista), contaban con la supuesta connivencia del entonces titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, agregó el matutino.

Lamparelli y Marcal Gago también afrontaron una causa en el fuero Penal Económico -en la que fueron sobreseí­dos, decisión que fue apelada- y aparecen también vinculados a la financiera SGI -"La Rosadita"-, por la que Federico Elaskar y Leonardo Fariña movieron decenas de millones de dólares del presunto testaferro de los Kirchner, Lázaro Báez.

Sin embargo, el expediente que instruye Arroyo Salgado no lleva en su carátula los apellidos de Lamparelli o Marcal Gago como supuestos jefes de la banda, sino los de Dengra y de Raúl Pessotto, otro sospechoso con antecedentes por presunta estafa.

"Dengra tiene la desgracia de que la carátula lleve su nombre", indicó el abogado del ex rugbier, Mario Laporta a La Nación. "Pero esta es su primera experiencia de este tipo [por una causa penal], en una investigación que es enorme", indicó.

Dengra confirmó la existencia de la banda, pero se definió como una de sus ví­ctimas. "Sólo quise ayudar a unas personas, pensando que era de buena fe, para que pudieran obtener una moratoria, pero usaron mi nombre para armar lí­o", dijo al citado matutino. "Sólo relacioné a una empresa, pero yo no tengo nada que ver, por eso yo sigo en libertad", afirmó.

Sin embargo, las escuchas telefónicas exponen el involucramiento de Dengra, mientras que el defensor de Lamparelli y Marcal Gago apunta contra él. 

En efecto, la investigación comenzó en Salta, donde el entonces director regional de la AFIP Rafael Resnick Brenner -ahora uno de los acusados en el juicio oral por el "caso Ciccone"- recibió una denuncia en junio de 2014 sobre Pessotto, verificó los primeros indicios sobre él y Dengra, y reportó al Juzgado Federal Nº 1 de Salta, que ordenó escuchas sobre nueve teléfonos y la intervención de cuatro correos electrónicos durante más de un año y medio, más otras tareas de inteligencia por la Policí­a de Seguridad Aeroportuaria (PSA).

Con esas escuchas se logró reconstruir cómo operaba la banda con la ayuda del área de sistemas de la AFIP, que le marcaba potenciales clientes y borraba deudas, previo pago de comisiones. Y así­ fue, también, como surgieron los nombres de dos funcionarios de alto rango de la AFIP en Buenos Aires, Karina Venier y Pablo Gatti, muy cercanos a Echegaray.

A mediados de 2016, el nombre de Venier salió a la luz como quien habí­a sido la encargada durante el kirchnerismo de espiar desde la AFIP al entonces jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri, y el presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, entre otras figuras. Así­ lo determinó una auditorí­a interna que ordenó la nueva gestión del organismo, que reconoció problemas en el sistema informático, con "parches para facilitar pagos truchos".

Por su parte, Gatti habí­a sido antes decisivo en el cierre de la Regional Bahí­a Blanca del organismo -decisión que desde la propia AFIP y la Justicia atribuyen ahora a proteger a Báez- y la creación de otra regional en Rí­o Gallegos, con Virginia Garcí­a, la cuñada de Máximo Kirchner, al frente.

Poco después, el Juzgado Federal de Salta se declaró incompetente y remitió el expediente a la jueza Arroyo Salgado, que a mediados de este año completó más de 200 allanamientos.