índice Coca Cola: el precio del litro ubica al paí­s 3° en el ranking mundial y expone la urgencia de una reforma

Si un consumidor tuviera en su poder un escáner que pudiera analizar y desagregar los componentes de los precios de los productos en un comercio, probablemente se sorprenderí­a al analizar lo que sucede con las bebidas sin alcohol. 

Frente a la góndola de la clásicas gaseosa sabor cola, el comprador podrí­a ver que de los cerca de $50 que cuesta una botella de 1,5 litros, unos $25 están explicados únicamente por impuestos. 

Esto, multiplicado por todos los consumidores que dí­a a dí­a recorren desde kioscos hasta cadenas de hipermercados, genera que de los más de $100.000 millones que vende el sector cada año, el 50% se vaya en impuestos y cargas sociales. 

La industria, conformada por multinacionales del segmento de las gaseosas y productores de jugos y aguas saborizadas -que da empleo de manera directa a más de 27.000 personas-, ya vení­a preparándose para una eventual avanzada del macrismo en este terreno. 

En febrero de 2016 comenzó a rumorearse la posibilidad de una suba de impuestos para las bebidas sin alcohol. 

Sin embargo, en la industria no esperaban que el proyecto que finalmente anunció el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, llevara la carga a semejantes niveles. 

De acuerdo con el borrador, las bebidas que tení­an un impuesto del 4% al 8% pasarí­an al 17%. Como contrapartida, los productos light, bajarán al 0%. 

Sin embargo, esto no contenta a los fabricantes locales, que advierten que esta última categorí­a representa en la Argentina el 20% del negocio. 

Pero la decisión que tomó Macri de dar marcha atrás con el impuesto a vinos y espumantes –según precisó el gobernador de Mendoza-, cambió las expectativas de los empresarios. 

"Esto abre la puerta a la negociación. Entendemos que esto podrá replicarse en otras ramas de actividad, como la nuestra, que tiene un importante efecto derrame sobre las economí­as regionales", plantea a iProfesional Esteban Agost Carreño, vocero de la Cámara Argentina de la Industria de Bebidas sin Alcohol (CADIBSA). 

Desde la cámara advierten que la eliminación del tributo a vinos y cervezas y, como contrapartida, el sostenimiento de la alí­cuota para las bebidas sin alcohol azucaradas "es una medida discriminatoria" por parte del Gobierno. 

Para Agost Carreño, "hay una relación muy elástica entre el nivel de precio y la demanda. Por eso, de aplicarse el impuesto, una de las consecuencias será una caí­da del 10% de las ventas y esto significarí­a la pérdida de puestos de trabajo". 

"No hay que olvidarse que un producto como una gaseosa genera empleo desde el inicio de la cadena, como es el sector agropecuario, hasta en el último eslabón, que es el kiosquero o el pequeño comerciante", agrega. 

La Argentina, en el podioCADIBSA, a través del IARAF, realizó un pormenorizado relevamiento de la carga tributaria que sufre el segmento de las bebidas sin alcohol alrededor del mundo.

La conclusión del informe es contundente: la Argentina está en el podio de las naciones que tienen la "mochila" impositiva más elevada. 

"Nuestro paí­s es el que hoy muestra la presión más alta en todo el continente y estamos en el tercer puesto a nivel internacional, sólo superados por Hungrí­a y Finlandia", señala el experto en diálogo con este medio. 

Tal como se desprende del siguiente gráfico, si se toman paí­ses del vecindario, se observa que en Chile y Uruguay la "mochila" es cuatro puntos más baja, mientras que en Brasil es seis puntos menor que en Argentina.

Según el IARAF, si se desagrega ese 29% de tributos nacionales se obtiene que: 

"¢ El 16,6% es IVA

"¢ Casi 5,9% es Ganancias

"¢ El resto son impuestos internos, al cheque y tasa de distribución de utilidades. 

Claro que a esto hay que sumarle 9 puntos de gravámenes subnacionales (Ingresos Brutos, tasas municipales, etc) y otro 11,5% correspondientes a aportes al régimen de seguridad social, lo que termina redondeando una carga total que explica la mitad del precio de una botella.

En este contexto, la preocupación de los directivos de las empresas que conforman el sector es que, de concretarse los cambios que adelantó el Gobierno, la Argentina pasarí­a a liderar el nada honroso ranking impositivo. 

"Seguramente vamos a pasar al frente y esto va a perjudicar a toda la cadena de proveedores y al consumidor", confirma Agost Carreño. 

Los impuestos más altos... y los preciosAsí­ como un clásico del rock nacional llamado "La argentinidad al palo" habla de que el paí­s tiene "la calle más larga y el rí­o más ancho", al listado habrí­a que sumarle que también posee "los precios más altos". 

Según un relevamiento realizado en más de una docena de mercados emplazados en Europa, América latina y América del Norte, los valores en la plaza doméstica de la gaseosa más popular están al tope del podio.

El dato es contundente, porque se trata de un producto que se elabora bajo los mismos estándares de calidad a nivel global y prácticamente con las mismas materias primas en cualquier punto del planeta. 

De modo que un ranking de precios de estas caracterí­sticas permite conocer cuán caro resulta producir y comercializar uno de los bienes más "commoditizados" en el mundo. 

Según el relevamiento, debido a la alta presión impositiva, los elevados costos laborales y logí­sticos y a la influencia extra del factor cambiario, el envase de 1,5 litros de la popular bebida cotiza a $50 en los principales supermercados de Buenos Aires, cifra que equivale a u$s2,80 al tipo de cambio oficial. 

Este mismo producto cuesta u$s2,50 en el caso de Uruguay y u$s2 en Chile, paí­ses que se ubican en el segundo y tercer puesto, respectivamente.  

Brasil, en tanto, ofrece este mismo producto a u$s1,80, mientras que en el extremo inferior de la tabla se encuentra Colombia, con un precio equivalente a u$s1,15.

Cumbre claveLos directivos de CADIBSA, como parte de la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (COPAL), tendrán un encuentro decisivo con el Gobierno el jueves de la semana próxima, en el cual el tema tributario y su impacto en las economí­as regionales tendrá un espacio central en la agenda. 

La reunión, que va a estar presidida por el coordinador de la Jefatura de Gabinete, Gustavo Lopetegui, genera expectativa. 

Más aun luego de la cumbre entre gobernadores y el presidente Macri en Casa Rosada, en la que se reveló que el jefe de  Estado se comprometió a dar marcha atrás con el polémico impuesto a los vinos y espumantes. 

Según el borrador que habí­a adelantado dí­as atrás el ministro Dujovne, las alí­cuotas iban a pasar al 10% y al 17%, respectivamente. 

Sin embargo, luego de una fuerte presión, lograron desactivar la medida. 

Para las empresas del rubro bebidas sin alcohol, este trato diferencial que estarí­an recibiendo las bodegas fija un antecedente importante en la pulseada que viene.

Las empresas buscan demostrar el daño que esta medida causará a nivel consumo, inversiones y empleo.

"En el sector hay preocupación, pero apelamos a que el Gobierno tenga la misma consideración con el resto de las economí­as regionales, tal como la tuvieron con la cerveza y los vinos", afirma el vocero de una de las compañí­as afectadas por la medida. 

En lo que parece ser una estrategia exitosa de defensa, la industria vitiviní­cola se apoyó fuertemente en el argumento de que el vino es un alimento saludable y que no deberí­a ser considerado dañino para el organismo. 

En tanto, la industria de las gaseosas y aguas saborizadas buscan demostrarle a los funcionarios que los impuestos a las bebidas azucaradas "son ineficaces para abordar los desafí­os de salud pública".

"Incluso, muchas de estas bebidas, si son consumidas con moderación, no necesariamente hacen mal a la salud", agregan desde la cámara.

Claro que se trata de un argumento no del todo compartido por las autoridades, que buscan replicar algunas en el paí­s experiencias que se vieron en mercados como México, Colombia o Perú. 

Consecuencias

En cuanto al impacto que tendrí­a en el sector elevar las alí­cuotas entre 9 y 13 puntos, desde la cámara afirman que imponer un tributo en los niveles que pretende el Gobierno implicará una caí­da de las ventas del 10%, con un "efecto dominó" que irá desde el eslabón agrí­cola hasta el canal comercial. 

Para ponerlo en perspectiva, el principal cliente del sector citrí­cola es la industria de las bebidas sin alcohol, que anualmente compra más del 50% de la producción de estas frutas para la elaboración de subproductos. 

Sólo Coca-Cola adquiere cada año el 60% de la producción de jugos de naranja, el 12% del jugo de limón y el 27% del de pomelo. 

Además, la empresa compra más de 100.000 toneladas anuales entre peras, manzanas uvas y duraznos.

En este contexto, desde CADIBSA todaví­a no tienen precisiones sobre el tratamiento que tendrán bebidas como los jugos naturales, que tienen el contenido azúcar propio de la fruta. 

"Este producto, que es sano y no tiene agregados, se encuentra en un limbo. No tenemos claro todaví­a si la alí­cuota va a ser del 17% o del 0%", indica Agost Carreño.

El otro argumento que llevarán a la mesa está vinculado con el impacto en el mercado laboral. 

Según Agost Carreño, "la cadena de valor de esta industria es compleja y termina sosteniendo, de manera indirecta, unos 270.000 empleos".  

De acuerdo con estimaciones del sector, un incremento de la alí­cuota en los niveles que anticipó Dujovne, pondrí­a en riesgo cerca de 7.000 puestos directos.

Los empresarios agregan además que más de 8 de cada 10 botellas de bebidas sin alcohol se venden en la Argentina a través de comercios de barrio, almacenes, kioscos y despensas. 

Para estos canales, esta categorí­a representa cerca del 40% de sus ingresos.

Las quejas incluso llegaron desde la Unión de Kiosqueros de Argentina (UKRA), desde donde su presidente, Néstor Palacios, afirma que, de avanzarse con la medida, habrá miles de comercios en riesgo. 

"Rechazamos esta medida porque es un golpe directo a la rentabilidad de los kiosqueros. Son impuestos recesivos que castigan al consumo y el trabajo de las clases trabajadoras", indican desde la entidad. 

Incluso, los kiosqueros critican las experiencias de otros paí­ses de América latina, donde "la instalación de impuestos de este tipo no solo no logró mejoras en sus í­ndices de salud, sino que derivó en una fuerte crisis para los pequeños comerciantes". 

Atacar la evasión Desde CADIBSA señalan a iProfesional que otros de los argumentos clave que expondrán al Gobierno está vinculado con la diferencia entre la recaudación potencial y el nivel de evasión que hay en el sector. 

Con la suba de las alí­cuotas, el Estado pretende recaudar $5.000 millones, mientras que -según las empresas de esta rama de actividad- resigna ingresos por $6.300 millones debido a lo que se mueve en negro, que representa un 30% del negocio total. 

"El fisco tiene herramientas para controla la cadena y que podrí­a estar utilizando. Avanzar con esta medida serí­a beneficioso para todos y le reportarí­a $1.300 millones más que incrementando tributos", apunta Agost Carreño. 

Las empresas del sector tienen su carpeta cargada de argumentos en contra del tributo.

Este jueves será una fecha clave. "Salvo que el Gobierno sorprenda antes con un cambio de último minuto", señala una fuente de una de las compañí­as, que mira de reojo lo que pasó con los vinos.