El software utilizado en las elecciones "nunca ha sido expuesto al escrutinio público"

El principal factor que opaca el proceso de escrutinio provisorio es la participación de una empresa privada: Indra, quien viene haciéndolo ininterrumpidamente desde 1997.

No hay ningún motivo por el que el Estado (o el Correo Argentino, actualmente controlado por éste) no pueda realizar la tarea de recibir los "telegramas" desde las oficinas postales (o mejor, desde las escuelas) y proceder a su carga y verificación.

El software utilizado nunca ha sido expuesto al escrutinio público, por ser propiedad de Indra. Distinto serí­a el caso de ser propiedad del Estado: podrí­a publicarse para que todos los ciudadanos con conocimientos informáticos pudiéramos revisarlo. 

Las llamadas "auditorí­as" de las que participan los partidos polí­ticos no son tales: apenas se les exhibe el código fuente del software por unas horas, siendo que una auditorí­a seria podrí­a llevar semanas. 

Cabe recordar que las principales sospechas en el caso de las PASO de agosto no fueron respecto de la manipulación de los resultados (el escrutinio definitivo no arrojó diferencias significativas), sino del orden de carga y publicación de los mismos.  

Esto podrí­a hacerse aún con un software de procesamiento "limpio", ya que podrí­a haber una instancia previa de selección que dirigiera la carga hacia ciertos distritos primero, demorando otros.

Este tipo de problemas y sospechas podrí­a eliminarse si, por un lado, los "telegramas" se transmitieran directamente desde las escuelas –a la vista del presidente de mesa, los fiscales partidarios y los delegados judiciales- y, por otro, los datos fueran recibidos por un organismo estatal y publicados en el acto (sin ninguna demora ni con actualizaciones fijas cada determinado espacio de tiempo).

Además, la publicación de los resultados de cada mesa deberí­a hacerse no sólo a través de una página web "amigable" a una persona que la consulta usando un navegador, sino también a través de lo que se denomina "Interfaz de Programación de Aplicaciones" (API) previamente definida y publicada. 

Esto permitirí­a que cualquier ciudadano (o partido u ONG) realizara un programa que, tomando esos datos, los comparara con los totales oficiales o buscara algún tipo de irregularidades (mesas con resultados alejados del promedio, etc.).