La campaña electoral, en la mira de los empresarios: proponen ley para blanquear los fondos de los partidos

A pocos dí­as de los comicios del 22 de octubre, el financiamiento de las campañas electorales también fue uno de los temas relevantes de la agenda debatida en el 53º Coloquio de IDEA.

Empresarios, sindicalistas, polí­ticos, abogados, jueces y economistas mantuvieron un almuerzo para analizar el formato actual utilizado para aportar fondos a los partidos polí­ticos durante los procesos electorales.

Fue durante un almuerzo en el segundo dí­a del principal evento empresarial del año, que desarrolla en el hotel Sheraton de Mar del Plata.

De la reunión participaron la diputada Margarita Stolbizer, el secretario de Asuntos Polí­ticos e Institucionales, Adrián Pérez, uno de los lí­deres de la CGT Juan Carlos Schmid, el juez electoral Alberto Dalla Ví­a, el lí­der de la UOM, Antonio Caló, y la mayor parte del empresariado nacional que asistió al Coloquio.

El objetivo fue trazar un análisis sobre los cambios necesarios para blanquear un sistema de financiamiento basado casi en su totalidad en aportes no declarados, en negro. Se busca sincerar los mecanismos y transparentar la relación existente en perí­odos de elecciones entre los polí­ticos y las empresas.

Como base, se tomaron tres documentos con propuestas elaborados por Cippec, Poder Ciudadano y Fundación RAP.

De cada uno de esos papers se usaron las partes que los empresarios consideraron como positiva y se elaboró un informe que será enviado al Congreso de la Nación.

Es decir, los hombres de negocios más importantes del paí­s le darán impulso a un proyecto de ley para el financiamiento de las campañas polí­ticas.

Entienden que es necesario que –de prosperar– el Congreso lo promulgue antes de las elecciones del 2019, aunque cabe aclarar que el propio Gobierno ya tiene su proyecto particular que buscará también convertir en ley.

De hecho, durante el almuerzo, del que participaron las autoridades de IDEA y un selecto grupo de empresarios, estuvo presente el jefe de Gabinete, Marcos Peña, quien les aclaró a los participantes que el oficialismo estará dando su respaldo a la iniciativa propia.

De todos modos, los ejecutivos continuarán con su objetivo detrás de un proyecto al que tuvo acceso iProfesional y que está dividido en ocho capí­tulos que van desde la competencia electoral, pasando por la regulación de los aportes, hasta promover una mayor participación de la ciudadaní­a en el financiamiento polí­tico.

Qué dice el proyecto de los empresarios El primer artí­culo se refiere a la competencia electoral. Habla de falta de equidad y prohí­be el uso "partidista" de la gestión de gobierno y de sus funcionarios durante la campaña electoral.

También apunta a regular la distribución de la pauta publicitaria, definiendo criterios objetivos que estén al servicio de la comunidad y sin personalizar los avisos.

El segundo artí­culo está reservado para la transparencia. Pide aumentar los niveles de transparencia y rendición de cuentas. Apunta a generar mecanismos de monitoreo de las actividades partidarias y de campaña "en lí­nea", para agilizar la rendición y el control.

También impulsa fomentar la bancarización de las donaciones para facilitar su trazabilidad y poder mejorar los niveles de  control del dinero que circula en la polí­tica. En este marco, propicia el uso de las tarjetas de crédito y de las nuevas tecnologí­as, como páginas web y telefoní­a celular, para recaudar fondos.

Se trata del punto fundamental si se tiene en cuenta que, de acuerdo a los cálculos de los propios empresarios, el 80% de los fondos de campaña son en negro y que se calcula que son u$s25 millones los que se acercan a los partidos para patrocinar las campañas.

El tercer artí­culo se refiere a los plazos de las campañas. Sostiene que los tiempos actuales son insuficientes. Propone regular los plazos de manera más racional teniendo en cuenta las necesidades reales de los partidos y los ciudadanos.

El cuarto artí­culo tiene que ver con la regulación de los aportes. En este punto advierte que hoy hay falta de definiciones. Por eso impulsa que se autorice a las personas jurí­dicas a que hagan aportes tanto a los partidos como a las campañas. Pero establece regí­menes de transparencia que incluyen lí­mites máximos y otro tipo de limitaciones. Y excluye a empresas o personas con conflicto de intereses.

El quinto artí­culo busca poner luz en los órganos de administración y control. Advierte falta de independencia y eficacia. Y busca dotar a los organismos de administración y control de los recursos presupuestarios y técnicos, así­ como de las competencias y atribuciones necesarias para el adecuado cumplimiento de sus funciones.

En cuanto al sexto artí­culo, identifica al régimen de sanciones, a la mejora de la eficiencia y el alcance. La idea es generar incentivos para prevenir las violaciones de la ley. Definir sanciones de fácil comprensión, proporcionales, disuasivas, oportunas y de diversa naturaleza, administrativa, económica y penal. También pide involucrar a los candidatos en las sanciones.

Para el artí­culo siete se reservó el tema de la articulación entre legislación nacional y provincial. Intenta evitar conflictos, superposiciones y vací­os. También generar mecanismos para que las provincias adhieran a la legislación nacional, o que lo nacional se aplique para elecciones simultáneas, o que las normas provinciales se complementen y sean compatibles con las nacionales.

En cuanto al octavo y último artí­culo se refiere a conciencia y compromiso ciudadano. Habla de "despertar un mayor interés del ciudadano por involucrarse en el financiamiento  de la polí­tica. Buscar un mayor compromiso de autoridades partidarias y referentes de sectores que aportan para acordar mecanismos, esfuerzos coordinados y metas para la implementación de la nueva ley en 2019".