Crean empresa para echar a Cristóbal López de la autopista Ezeiza-Cañuelas

La nueva empresa "Corredores Viales S.A", creada por el Gobierno para construir, mejorar, mantener, operar y administrar rutas, autoví­as y caminos de jurisdicción nacional, reemplazará a Cristóbal López en la operación de la autopista Ezeiza-Cañuelas.

La sociedad, formada por el Ministerio de Transporte con el 51% del capital, y Vialidad Nacional con el 49%, restante tomará el control de esta autopista en los próximos 30 dí­as.

Lo hará una vez que se cumpla con la rescisión del contrato de concesión de la autoví­a que por ahora permanece en manos de Autopistas al Sur (AECSA). El 70% del capital de esta empresa pertenece a Esuvial, que a su vez es propiedad de la empresa constructora CPC de Cristóbal López en un 99,12% y de su socio Fabián De Sousa, con el restante 0,08%.

CPC es una de las grandes apuestas del empresario patagónico, ya que con el actual gobierno de Mauricio Macri obtuvo varios contratos y concesiones, como los que le fueron rescindidos a Lázaro Baez por $1.600 millones.

También se adjudicó una licitación para la construcción de una lí­nea eléctrica entre Caleta Olivia y Pico Truncado, ambas en Santa Cruz, por $300 millones.

Tiene además una docena de obras en varias provincias que debe llevar a cabo hasta 2020 y que demandarán inversiones por $15.000 millones. 

En el caso de la autopista que explota la concesión de la traza que une la Capital Federal con el aeropuerto de Ezeiza y la ciudad bonaerense de Cañuelas, CPC ingresó a la sociedad en 2013 al comprar la parte del paquete accionario de AECSA que estaba en poder de la constructora española OHL y del Banco Galicia.

La transacción se llevó a cabo debido a que los anteriores accionistas del tramo de 60 kilómetros dejaron de considerar un negocio rentable la concesión debido a la destrucción de la ecuación financiera, afectada por el alza de los costos al ritmo de la inflación y el congelamiento de los peajes que aplicó el gobierno kirchnerista.

Sin embargo, la relación con el Gobierno fue mala durante estos cuatro años operando la autopista. Desde el Ministerio de Transporte le reclamaron el pago de $750 millones.

Se trata de una deuda solicitada por el Estado por no haber hecho los aportes en recursos de asignación especí­fica (RAE), instrumento que se nutre con pagos de los concesionarios a través de una porción de la recaudación de los peajes, y que se transfiere a Vialidad Nacional.

Tras varios meses de negociaciones, finalmente se decidió anular el contrato de AECSA, lo cual se concretará en las próximas semanas. Luego, Concesiones Viales S.A tomará la posta para sostener la operación de la autopista e inciar los trámites de una nueva licitación.

Para Transporte, el dinero que no pagó Cristóbal López se distribuyó entre los accionistas de AECSA, lo cual afectó también las obras comprometidas para el mantenimiento y mejoras de la ruta concesionada.

Antes de definir la rescisión, la cartera que dirige Guillermo Dietrich aplicó varias multas y elaboró una gran cantidad de actas acusando a la empresa concesionaria de varios incumplimientos y de no hacerse cargo de una millonaria deuda.

Como contrapartida, el dueño del Grupo Indalo sostiene que el Estado le adeuda una suma mucho mayor por la falta de actualización de las tarifas de peajes.

En su entorno, anticiparon que una vez que los echen de la autopista presentarán una denuncia judicial por un reclamo que ascenderí­a a los $2.000 millones.

De prosperar, la demanda se sumará a la que por su lado presentó Vialidad Nacional contra el empresario por supuestas irregularidades en la compra de las acciones de AECSA. La causa se refiere a un supuesto fraude administrativo y defraudación fiscal.

En lo que Cristóbal López tendrí­a razón es en la falta de actualización del peaje, que no se incrementa desde 2015, aunque la decisión del Gobierno ya está tomada y alejará al también dueño de un grupo de medios periodí­sticos de la autopista Ezeiza-Cañuelas.

Ante la inminencia de esa decisión, se publicó en el Boletí­n Oficial la creación de la empresa Corredores Viales S.A, que tendrá como objetivo "la construcción, mejora y mantenimiento de todas las rutas, autoví­as y caminos de jurisdicción nacional".

Así­ lo establece el Decreto 794/2017 de creación de la sociedad en el cual también se hace referencia a posibles situaciones sensibles en los contratos de concesión y se considera "prioritario" la construcción de obras de infraestructura vial y la consolidación de la red de caminos, rutas, autopistas y accesos que conecten a las distintas regiones del paí­s "de manera segura y previsible".

Explica el decreto que resulta fundamental "disponer los recaudos que tiendan a proteger los derechos del público usuario ante eventuales contingencias que pudieran surgir en el desarrollo de las concesiones otorgadas en virtud de la Ley Nº 17.520, a los fines de viabilizar la continuidad del servicio que se presta a los usuarios a través de las concesiones de la red nacional de caminos, rutas y autopistas".

Como argumento se sostiene que el artí­culo 5º de la referida Ley N° 17.520 otorga al Poder Ejecutivo Nacional "la facultad de crear sociedades anónimas mixtas con o sin mayorí­a estatal, u otro tipo de persona jurí­dica para el cumplimiento de los fines previstos en dicha ley, haciendo el aporte de capital que considerare necesario".

En este sentido, Corredores Viales S.A podrá, además de construir, mejorar o reparar rutas, operar, financiar, administrar, explotar y prestar servicios "en trazas, rutas, autopistas, accesos, corredores y cualquier otra red vial de jurisdicción nacional en toda concesión con cobro de peaje que se le confiera".

Además de aclarar que Transporte y Vialidad Nacional serán los accionistas, se agrega que "en caso de que el interés público lo requiera podrán participar de la sociedad personas de carácter privado a través de los procedimientos de selección correspondientes".

Esta determinación generó incertidumbre entre algunos analistas del sector que entendieron que así­ se permitirí­a la privatización de Vialidad Nacional. Ante estas versiones, desde Transporte salieron a rechazar esta posibilidad de plano.