Cataluña irá a un referéndum el 1º de octubre para votar su independencia

En medio de una fuerte tensión, el Parlamento catalán se reunió el miércoles para aprobar una ley con la que quiere convocar el referéndum de independencia del 1º de octubre, impugnada de inmediato por Madrid.

En una sesión marcada por abucheos y gritos de la oposición a la presidenta de la cámara Carme Forcadell, la propuesta fue votada de manera unánime y Cataluña declarará su independencia el 2 de octubre si gana el "sí" en las elecciones.

El referéndum preguntará a los catalanes si quieren que esta región de 7,5 millones de habitantes (16% de la población española) se convierta en un "Estado independiente en forma de república".

Deberá no obstante superar la batalla jurídica desplegada por el gobierno español, que se opone de plano a la consulta reiterando que es inconstitucional, tal y como lo determinó la justicia.

"Pretenden llevar a cabo la peor crisis institucional que ha vivido Cataluña desde hace 36 años, desde el golpe de Estado que se produjo ese 23 de febrero", denunció en la cámara el diputado del Partido Popular, Xavier García Albiol.

"Cataluña es un pueblo que tiene derecho a su propia autodeterminación, Cataluña es una nación y ha buscado ser reconocida como tal en el marco del pacto constitucional, pero este pacto constitucional ustedes se lo cargaron", replicó el presidente regional catalán, Carles Puigdemont.

Recursos legales En una comparecencia ante la prensa, la vicepresidenta del gobierno español, Soraya Sáenz de Santamaría, calificó las acciones del Parlamento regional de "patada a los catalanes" propia según ella de "regímenes dictatoriales".

Anunció que el ejecutivo "ha solicitado al Tribunal Constitucional que declare nulos y sin efectos los acuerdos adoptados" sobre la ley de referéndum.

El tribunal, que ya ha declarado ilegal la consulta, estudiará el recurso el jueves, cuando vuelve a reunirse, indicó una fuente de la corte.

En paralelo, la fiscalía ha anunciado que se va a querellar "por desobediencia" contra Forcadell y otros responsables de la cámara.

En principio, la mayoría independentista no tendrá problema en aprobar el texto. Luego, el gobierno regional catalán firmará el decreto de convocatoria del referéndum.

La votación se produce por cierto tres semanas después de los atentados yihadistas que enlutaron Cataluña y dejaron 16 muertos y más de 120 heridos.

La oposición socialista, con el gobierno Cataluña experimenta desde 2010 un brote de fiebre secesionista, en parte alimentada por la crisis y el sentimiento de haber sido tratada injustamente por el Estado central.

La anulación parcial en 2010 por el Tribunal Constitucional de un Estatuto que desde 2006 otorgaba nuevas competencias a la región y el título de "nación" fue el desencadenante.

Años más tarde, y con los separatistas en el poder, el gobierno de esta región con cultura y lengua propias, que representa el 20% del PIB de España, prometió finalmente impulsarla hacia la independencia.

Rajoy respondió con una "operación diálogo" y prometió nuevas inversiones en la región, pero sin ceder en lo esencial: la exigencia de organizar la consulta que permita a los catalanes decidir su futuro, a imagen de los escoceses en 2014.

"Es un ataque a la democracia y a la integridad de nuestro país", dijo por su lado el líder de la oposición socialista, Pedro Sánchez, que manifestó su apoyo al gobierno de Rajoy.

Fatiga y división La opinión pública de la región está dividida y el debate, omnipresente en los medios y las conversaciones, ha llegado a enemistar a familias enteras. Pero más del 70% de los catalanes quiere una consulta que zanje el tema de una vez por todas.

"Votar, salga sí o salga no, es un paso muy importante, un salto adelante para demostrar que somos nosotros quienes decidimos qué queremos hacer", comentaba Ramón Sanmartín, un ingeniero industrial jubilado de 67 años, mientras paseaba por el parque de la Ciutadella, donde está el Parlamento.

"Muchos catalanes están preocupados por el aumento de la tensión social que hay en Cataluña", se quejó en el Parlamento Inés Arrimadas, líder del principal partido opositor en Cataluña, Ciudadanos.

El 9 de noviembre de 2014, el ejecutivo catalán organizó una consulta, entonces no vinculante pero también prohibida por la justicia, en la que participaron 2,3 millones de personas (sobre un cuerpo electoral de unos 6,3 millones), dando una amplia victoria al "sí".