Más que un cambio de nombres: por qué YPF desdobla su liderazgo entre un presidente y un CEO

Lo que está ocurriendo en la principal empresa del país es, a esta altura, mucho más que un típico cambio de nombres en la dirección.

Más bien, lo que se espera que suceda en la próxima asamblea de accionistas, que se concretará el 29 de abril, es un fuerte cambio en la estructura organizacional de la petrolera. 

Desde principio de mes se sabe que esta reunión marcará el final de la "era Galuccio" en la compañía que, tras la estatización de las acciones de la española Repsol, tiene la particularidad de ser una empresa privada -que cotiza en la bolsa de Nueva York- pero que, a la vez, es controlada en un 51% por el Estado argentino.

Prueba de este cambio de época fue también la confirmación de que se propondrán siete nuevos miembros del directorio en la Asamblea del 29, en representación de las acciones de clase D.

Entre los nombres sugeridos se destacan los del ex CEO de la petrolera, Roberto Monti, el ex interventor de la compañía, Octavio Frigerio (padre del actual ministro del Interior), y el actual ministro de Economía de Neuquén, Norberto Bruno.

La corporación emblema de la industria nacional retomó bajo el manejo de Miguel Galuccio el camino de la exploración y la búsqueda del autoabastecimiento energético perdido. Esa última aspiración se sostenía sobre las expectativas que generaba el potencial del yacimiento Vaca Muerta.

Sin embargo, la caída de los precios internacionales del crudo, el fuerte endeudamiento que la empresa acumuló en los últimos años y el secreto que envuelve a los contratos firmados con la norteamericana Chevron, conformaron un cocktail explosivo que terminó de definir la salida del directivo.

Se plantea entonces el tradicional dilema de la sucesión en el liderazgo. Por lo pronto, en YPF parecen haber tomado la decisión de desdoblar el manejo de la dirección en dos personas: un nuevo presidente ejecutivo y un CEO.

Se trata de una estructura típica de las empresas norteamericanas, que no suele aplicarse a la mayoría de las grandes firmas que operan en la Argentina, en las que usualmente se concentran ambos cargos en una sola.

El cambio, de acuerdo con el Ministerio de Energía, responde a la intención de "asegurar un gobierno corporativo que esté alineado con las mejores prácticas internacionales y las recomendaciones de la OCDE".

También ocurre, sugestivamente, en un momento en el que YPF defiende ante la opinión pública y la clase política su status de empresa privada e independiente, debido a los pedidos de la Justicia de revelar el acuerdo con Chevron.

De modo tal que se especula con que una de las dos figuras que se propondrán en la asamblea se transforme en la cara visible y política de la compañía, mientras que otra, más protegida, sea la que se encargue del día a día de las operaciones. 

¿Pero para qué le sirve a una compañía separar estas dos funciones? Según explicó la consultora experta en recursos humanos, Gloria Cassano, este tipo de división de poderes, que es típico en empresas grandes, "favorece los controles y el seguimiento de las metas para que se cumplan los objetivos".

En este caso, estipuló que el cambio de mando "está estrechamente relacionado con no dejar en un solo directivo las decisiones trascendentes".

"Son opciones vinculadas con el gobierno corporativo con las que se buscan -en determinadas organizaciones y contextos- optimizar la gestión, distribuir las responsabilidades y los roles en el proceso de toma de decisiones", amplió Gabriel Aramouni, director del Centro de Educación Empresaria (CEE) de la Universidad de San Andrés (UdeSA).

El cambio es cuanto menos atípico si se observa el panorama empresarial argentino. Sin embargo, en algunos sectores se ha tomado como una muy buena señal.

Por caso, Ricardo González, Chairman Grupal de Vistage, organización que nuclea Chief Executive Officers (CEO) en todo el mundo, ve de manera positiva esta reestructuración y estima que no traerá mayores problemas.

"Al contrario, el beneficio es que YPF se maneje en los términos en que se manejan las grandes empresas", expresó.

Quién es quién

De acuerdo cnn los especialistas consultados, en este tipo de gobierno corporativo, el presidente ejecutivo es la máxima autoridad y ejerce la representación institucional al más alto nivel.

En tanto, la función del CEO pasa principalmente por instrumentar las estrategias y la gestión cotidiana de la firma.

Claro que las diferencias pueden ser mayores. Bernardo Hidalgo, socio de Hidalgo & Asociados, puntualizó que el presidente es miembro de la S.A. y tiene responsabilidades penales.

"Por lo general, tiene un rol más estratégico y, en algunos casos, político", completó.

El CEO en compañías muy grandes puede estar dividido en varias figuras, o trabajar con distintos gerentes generales por negocios y por áreas.

Sin embargo, por tratarse de YPF -que si bien es una empresa privada está bajo la injerencia del Estado- esta posición ocupa un rol central en la estrategia energética del país.

"Intuimos que el CEO tendrá un cargo más bien político. Debido a que el 51% de YPF es del Estado, se asume que será una figura afín al Gobierno. En este caso, en YPF su responsabilidad es prácticamente la de una secretaría de Energía", dijo a este medio González.

El Ministerio (de Energía) ya anunció que en el cargo de presidente del directorio será designado Miguel Ángel Gutiérrez, quien será propuesto por el representante del Estado argentino en la mencionada asamblea de accionistas.

Se trata de un ex presidente de Telefónica Argentina, quien también ejerció en la financiera JP Morgan el cargo de director general de Mercados Emergentes Globales.

Es decir, es un profesional más valorado por su experiencia de gestión y de administración (clave para una empresa con elevado endeudamiento) que por su conocimiento técnico para dirigir una petrolera. 

En tanto, el nuevo CEO surgirá de una búsqueda internacional, que fue encargada a la consultora Headhunters.

En este marco, Gutiérrez sería quien representaría al directorio de YPF en el futuro en las diferentes reuniones, tomando las decisiones del negocio y atendiendo los lineamientos del CEO.

"En términos generales, la función del director ejecutivo es la de ser quien elabora las estrategias de acuerdo con los objetivos que le marca el directorio. Luego se ocupa de transmitirlas a los Gerentes para que lleven adelante las acciones necesarias con el equipo que cada uno conduce", aclaró Cassano.

Claro que no siempre estos roles están definidos de manera tan tajante, lo que puede generar diversos conflictos o luchas de poder dentro de la empresa.

"Los problemas habituales se dan por diferencias en estilos de conducción, por pujas personales de poder, por disparidades de criterio no resueltas -tanto en cuestiones estratégicas como tácticas- que pueden generar acciones contrapuestas y por las discrepancias que pueden producirse al no alcanzar los objetivos definidos, generando imputaciones cruzadas", describió Aramouni.

El construir codo a codo no siempre es una opción. "Los ejecutivos de mayor nivel deben complementarse. Si vienen de orígenes diferentes o tienen diferentes ‘padrinos' la cosa puede complicarse", apuntó Hidalgo y aclaró: "El presidente tiene la última palabra".  

"Es un juego de ajedrez. El presidente ejecutivo probablemente sea el fusible en caso de disenso", opinó González.

No obstante, una compañía no puede funcionar si estos roles se confunden o se encuentran en conflicto permanente.

"Es indispensable que trabajen alineados y en equipo", remarcó Aramouni, lo que "requiere de una clara definición de los roles y responsabilidades de cada uno y el tener claro cómo dirimir diferencias". 

Si esto se logra, este tipo de administración desdoblada puede resultar un mecanismo que facilite la gestión organizacional, debido a que cada uno puede focalizarse mejor en sus responsabilidades específica, y se obtiene una mayor flexibilidad al momento de un eventual reemplazo.

Además de las pujas personales o las que puedan surgir de la gestión diaria, habrá otra paradoja que deberán enfrentar estos dos ejecutivos: la delgada línea que separará su rol del de funcionario público a cargo de una de las empresas más importantes para el país.

Por caso, ¿quién sería el encargado de reunirse con ministros o de responder una consulta del Congreso, si la hubiera? "Debería ser el presidente pero teniendo en cuenta los datos que le da el CEO", apuntó Cassano.

Aramouni, por su parte, consideró que hay matices en esto. Y que si bien "en cuestiones institucionales o estratégicas de máximo nivel es el presidente ejecutivo quien ejerce la representación, si se trata de atender consultas específicas de funcionarios vinculadas, por ejemplo, con cuestiones impositivas o de gestión financiera, el CEO es quien deberá atender primeramente esos requerimientos".

De salida

En la primera semana de marzo el Gobierno le pidió al presidente de YPF, Miguel Galuccio, que renuncie a su cargo "debido a cambios en la estructura" de la compañía.

Luego se hizo público un comunicado del directivo de la petrolera en el que aseguraba su permanencia hasta la próxima asamblea de accionistas, así como la colaboración para buscar a su reemplazo.

Así es que, según comunicó la compañía, se espera llevar adelante "una transición ordenada".

Hidalgo, por su parte, elogió la forma en la que YPF está implementando esta reestructuración, "de manera tranquila y anticipada para que esto no genere problemas en las bolsas y tampoco afecte el clima interno".

Claro que habrá que organizar no solo la sucesión de liderazgo sino también la partida de Galuccio, quien está sentado en el sillón de número uno desde 2012, cuando fuera designado por la entonces presidenta Cristina Kirchner.

Durante los primeros días del nuevo Gobierno, se especuló con que, al igual que el ministro Lino Barañao, sería uno de los referentes que permanecerían en su cargo tras el recambio de autoridades.

Sin embargo, a poco más de 100 días de la gestión de Mauricio Macri, el escenario parece haber cambiado.

Por eso, en paralelo a la transición, "deberá desarrollarse la negociación de salida con el actual presidente, exigiendo un balance e informe completo de su gestión, definiendo el plazo para materializar el retiro", continuó Aramouni.

Según trascendió, Galuccio reclamaría una indemnización que rondaría los u$s5 millones. La suma habría sido acordada a la hora de firmar el contrato, en el que habría incluido una cláusula de "golden parachute"  ("paracaídas de oro"), que es muy común en el reclutamiento de ejecutivos de alto nivel en todo el mundo.

En general, explicó Cassano, el "paracaídas" le asegura al directivo que acepta un empleo de este tipo un ingreso anual, además de "bonus" por objetivos logrados.

"Se utiliza para estos puestos porque es la manera de comprometerlos y motivarlos. Además, se suelen firmar contratos especificando cláusulas de cumplimiento y de confiabilidad", afirmó.

Aunque claro que la cláusula "está sujeta a una serie de condiciones para cada parte. Y este tema integra la negociación de salida, en la que suelen intervenir los abogados de ambas", dijo Aramouni. 

Por esto último, los detractores de Galuccio aducen que su gestión no cumplió con los objetivos propuestos por la compañía.

Desde la estatización, YPF elevó el endeudamiento desde unos u$s2.000 millones hasta los u$s7.000 millones, tal como diera cuenta iProfesional.

Las ganancias de la petrolera cayeron 49% en 2015 -principalmente por la baja en el precio internacional del petróleo y sus derivados- lo que llevó a la empresa a reducir sus inversiones cerca de un 25%.

La noticia del pedido de indemnización de Galuccio causó un importante revuelo en la opinión pública, en el marco de los despidos masivos en múltiples organismos del Estado.

¿Podría entonces el gobierno nacional intervenir en la negociación para la salida del CEO? "El Congreso puede y debe pedir los informes al Poder Ejecutivo que estime necesarios y convenientes. Es una facultad propia. Como cualquier decisión en este tipo de empresas con participación mayoritaria del Estado, está sometida a los controles determinados por la legislación, a través de los respectivos organismos", apuntó Aramouni.

Hidalgo no coincide: "No creo que el Congreso pueda influir en el pago de la indemnización, por ser parte de un contrato entre privados".

"No conozco la reglamentación en detalle pero sugeriría que honren la salida de un ejecutivo de este nivel, por el ejecutivo que se va, por los colaboradores que se quedan en la empresa y por la imagen de ésta en la comunidad", concluyó el consultor.