Buscan frenar avalancha de extranjeros, tras "adueñarse" de recursos clave del país

Agua, selva, bosques, minerales, madera y riqueza turística. Todo vale a la hora de comprar tierras en el país para hacerse de recursos estratégicos que, con el transcurrir del tiempo, se harán cada vez más vitales para el desarrollo humano y empresario.

La avanzada llega desde diferentes latitudes. Incluso desde el gigante asiático que, tal como diera cuenta iProfesional.com, entiende que verá limitado su crecimiento si no se "adueña" de algunas materias primas, de cara a los próximos años (ver nota: China se hace fuerte en el país: cuál es su estrategia y a qué sectores clave apunta)

En lo que respecta a la provisión de algunos alimentos –como carne- la Argentina ya entregó su chapa de granero del mundo, producto de los conflictos internos.

Pero lo que sí mantiene es una gran riqueza en sus recursos naturales. Y es por ello que los dueños de grandes fortunas, así como varias corporaciones, han ido comprando vastas zonas del territorio, a sabiendas del valor que éstas tendrán en un futuro no muy lejano.

Las cifras asombran. De acuerdo a datos suministrados a iProfesional.com por la Federación Agraria Argentina (FAA), el capital extranjero controla una superficie continental similar a la de todo Uruguay. Esto es: alrededor de 17 millones de hectáreas de las mejores tierras del país, o bien el 7% de todo el territorio nacional.

¿Se imagina el 7% de una provincia en manos de una corporación multinacional?. Es el caso de AIG, que ya domina ese porcentaje de tierras en Salta. O la chilena Alto Paraná, que hoy concentra el 6% del territorio misionero.

Los casos se multiplican, y hasta se han llegado a vender vastas extensiones de territorio con pueblos que han quedado incluidos dentro de esas miles de hectáreas que pasaron a dominio extranjero.

Estos ejemplos van más allá de casos muy renombrados como el de Douglas Tompkins, que posee 350.000 hectáreas en Corrientes, Santa Cruz, Neuquén y Tierra del Fuego. Su interés pasa por las reservas acuíferas y las superficies dotadas de riquezas naturales.

También está el caso del empresario Benetton que, junto con sus hermanos, puede disfrutar de unas 900.000 hectáreas que posee en la Patagonia argentina.

En todas las operaciones, los movimientos de estos inversores comprenden la compra de miles de hectáreas en determinadas zonas geográficas, para el aprovechamiento actual o la futura explotación de recursos específicos.

El agua, por ejemplo, aparece como el principal "objeto de deseo" para Joe Lewis, que ostenta 18.000 hectáreas en Río Negro, habiéndose asegurado con la compra el control del acceso al Lago Escondido.

Tompkins, en Corrientes, hizo foco en los Esteros del Iberá. Es ahí donde se encuentra el Acuífero Guaraní, considerado uno de los reservorios de agua dulce más importantes del planeta, con un caudal capaz de abastecer a la población mundial de 6.000 millones de habitantes por varias décadas.

La misma zona también es considerada de sumo interés para la chilena Forestal Andina, que ocupa 26.000 hectáreas para la actividad maderera. Desde hace unos años enfrenta una serie de causas judiciales por la construcción de un terraplén en la zona de los esteros que impide el normal escurrimiento de las aguas.

La siguiente infografía permite apreciar los casos más paradigmáticos de esta avanzada extranjera en el país:

En Misiones, la explotación de la madera impulsa el interés comercial de la chilena Alto Paraná, que ya tiene bajo su dominio unas 172.000 hectáreas de selva.

En tanto, asegurarse la disponibilidad de minerales como el uranio y el oro resulta prioritario para corporaciones como GCN Combustibles, que desde hace ya varios años controla 700.000 hectáreas en Fiambalá, Catamarca.

Por estos días, inversores anónimos cerraron la compra de 200.000 hectáreas protegidas en la provincia de La Rioja por la módica suma de 1 millón de dólares. Lo insólito del caso es que fueron compradas a través de Internet, hecho que despertó la queja de algunos funcionarios:

En la provincia de Buenos Aires, en tanto, los datos sobre la participación extranjera en la propiedad de la tierra se vuelven difusos. Igualmente, no escasean las concentraciones.

Por citar un ejemplo, el grupo italiano Paoletti acumula 13.000 hectáreas distribuidas en sus estancias El Cóndor, La Pepita, Santa Rita, San Marcos, San Luis y San Andrés, ubicadas en los partidos de Coronel Suárez y Coronel Pringles.

Paoletti –que explota estos emprendimientos bajo identidades comerciales como Clovis Argentina, Sierras del Sur y Fundos Rurales SA– es también, desde julio de 2009, titular de la firma Recorriendo el Sur, que se quedó con la concesión del Hotel Provincial de Sierra de la Ventana.La avanzada llegó al Congreso de la Nación

Los volúmenes de compra y la seguidilla de operaciones, sumado a las crecientes protestas sociales en los lugares afectados por estas operaciones, culminaron repercutiendo en el ámbito político.

A ello responde la presentación, en estas últimas semanas, de dos proyectos de ley que procuran frenar lo que sus impulsores definen como la "extranjerización de la tierra".

La primera iniciativa corresponde a Pablo Orsolini, diputado nacional de la UCR por el Chaco y ex vicepresidente de la FAA, mientras que el segundo texto es obra de la oficialista Diana Conti (Frente para la Victoria –Buenos Aires).

En ambos casos, las propuestas muestran coincidencias:

Buscan limitar la cantidad de tierras que puede comprar cada inversor foráneo en determinadas zonas.
Quieren fijar controles anuales que permitan determinar la actividad que se está desarrollando en la superficie adquirida.

"Acá no se busca expropiar, pero sí obstaculizar este tipo de compras. Es una cuestión estrictamente de soberanía", comentó Orsolini a iProfesional.com.

El diputado sostuvo que la discusión de la problemática de la "extranjerización" "debe darse hoy y ahora".

Y para fundamentar esta urgencia, lanzó un alerta: "En la Argentina, en este momento, se están ofreciendo en venta otras 13 millones de hectáreas. Todo al mejor postor, que por lo general es de afuera. Hay que evitar de algún modo legal que este proceso se lleve a cabo", enfatizó.Oscuro objeto de deseo

Según Orsolini, el grueso de las últimas grandes compras de tierra en el país "no se hizo con fines productivos, sino con la intención de mantener bajo un determinado dominio ciertos recursos naturales".

"Agua dulce, minería, hidrocarburos y riqueza turística son los que mejor explican tanto interés. ¿Con qué nos encontramos hoy? Con más de 17 millones de hectáreas en manos de empresas extranjeras. Muchas de ellas, como en el caso de Tompkins, controlando lugares emblemáticos como los Esteros del Iberá", señaló.

Para Orsolini la recurrencia de acciones judiciales tendientes a poner en discusión la propiedad de ciertas áreas provinciales, que están surgiendo en los distintos distritos, "deja a la vista ciertos abusos que se están cometiendo".

"Lago Escondido, en Río Negro, es una muestra. El empresario que lo compró –Joe Lewis– debió enfrentar un juicio antes de volver a permitir el acceso al lago tras nueve años de haber cerrado el paso en esa zona. Eso recién ahora se está modificando", enfatizó.

"Lo mismo debería aplicarse en otros casos. En Catamarca una empresa extranjera acaba de comprar 117.000 hectáreas con una población adentro de 300 familias. Todo por la minería, que genera riquezas para las compañías de afuera y en la zona sólo deja daño ambiental. Precisamente Catamarca, Tucumán, La Rioja y San Juan son ejemplos de la contaminación de las aguas por el uso de arsénico para la extracción de oro", disparó Orsolini.

La venta de tierras "con pueblos", de acuerdo al funcionario, no es ninguna novedad.

"En La Rioja una firma se quedó con 418.000 hectáreas que incluían el pueblo de Jagí¼e en su interior. Lo curioso es que, por ejemplo, estos movimientos lo hacen empresas de países en los que un extranjero no puede adquirir tierras. En California, Estados Unidos, un argentino no puede tener terrenos, sin embargo el gobernador de este estado, Arnold Schwarzenegger, se permite averiguar para comprar acá", comentó Orsolini.

En provincias como Mendoza, el avance de los extranjeros en la posesión de la tierra viene encendiendo continuas luces de alarma en el tablero de los medios de comunicación locales.

El local diario Uno, por citar un caso, informó hace escasas semanas que alrededor de 500.000 hectáreas de suelo mendocino están en manos de empresarios foráneos.

De esa porción, 250.000 hectáreas ubicadas en Malargí¼e se encuentran bajo el control de inversores malayos, mientras que las 250.000 restantes son propiedad de empresarios italianos, franceses, holandeses, españoles, ingleses y estadounidenses, entre otros.

El tema fue abordado por la publicación mendocina en este artículo:

Proyectos para frenar la "extranjerización"

Las iniciativas orientadas a frenar la "extranjerización" que impulsan los diputados nacionales Orsolini y Conti apuntan, en principio, a evitar la concentración de propiedades y a establecer un control anual de las zonas donde se acumulan recursos estratégicos del país, como el agua o las reservas de minerales.

En el caso del proyecto de Conti, los principales puntos del texto postulan:

Las tierras rurales a que accedan los sujetos pasivos –extranjeros con residencia en el país menor a diez años o no residentes– no podrán extenderse ni afectar fuentes de materias primas, humedales, cuencas hidrográficas y otros recursos naturales cuando así lo establezcan las autoridades locales.
La superficie total de las tierras rurales a que acceda el conjunto de los sujetos pasivos no podrá exceder de un cuarto de la superficie rural de los Municipios o Comunas donde se sitúen.
La superficie total de las tierras rurales pertenecientes al conjunto de los sujetos pasivos de la misma nacionalidad no podrá exceder el cuarenta por ciento (40%) de la superficie rural de los Municipios o Comunas donde se sitúen.
Las reparticiones responsables del Registro de Propiedad Inmueble y del catastro en cada jurisdicción local deberán asegurar el acceso a la información necesaria para cumplir el presente régimen.
Asimismo, esas reparticiones deberán implementar el sistema de información geográficamente referenciado correspondiente a su jurisdicción, dentro del plazo de un (1) año a partir de la publicación de la presente ley.

"Se halla lejos del espíritu del presente proyecto toda concepción chauvinista o discriminatoria respecto de los extranjeros que deseen invertir en beneficio del país", sostiene Conti en los fundamentos que apuntalan su propuesta, a la que tuvo acceso iProfesional.com.

"Se trata de prohibir a personas físicas o jurídicas extranjeras la adquisición de superficies extensas de provincias o de tierras del Estado nacional, por cuanto se presume que tal adquisición, cuando supera determinados porcentajes, dificulta el adecuado control, preservación y protección de los recursos naturales con que cuenta el país", agrega en otro apartado.

En cuanto al proyecto de Orsolini –que acaba de ser derivado a la Comisión de Agricultura y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados–, el funcionario comentó a este medio que su iniciativa procura establecer límites de residencia y, también, criterios que permitan conocer la naturaleza de las empresas que controlan grandes extensiones de tierra en la Argentina.

"El texto propone que los extranjeros con residencia menor a cinco años en el país no puedan adquirir lotes. Y directamente anula la posibilidad de que las compras las concreten empresarios que no viven en la Argentina", remarcó el diputado.

Y agregó: "En segundo lugar, se establecen criterios para los titulares de propiedades. Si son sociedades anónimas las dueñas de las tierras, éstas deberán hacer nominativas sus acciones. De esta forma, se podrá saber quiénes participan en cada empresa".

Al igual que el proyecto impulsado por Conti, la propuesta de Orsolini también propone un control anual que permita conocer el uso que se le está dando a la tierra rotulada como estratégica.

"Hay coincidencias entre los proyectos", reconoció el diputado. "Pero en esto no hay bandera política. Tiene que ser responsabilidad de todos, porque lo que está en juego es la soberanía", concluyó.Patricio Eleisegui[email protected]