Conflicto entre Bolivia y Petrobras amenaza la estabilidad regional

El gobierno de Bolivia y Petrobras están en el punto más álgido de su enfrentamiento por la nacionalización petrolera anunciada hace más de un año por el presidente Evo Morales y que amenaza con volver a tensar las relaciones con Brasil.

Morales intentó minimizar el nuevo conflicto desatado por su decisión de marginar a la petrolera brasileña de la exportación de crudo reconstituido y gasolinas "blancas" (un negocio de 70 millones de dólares anuales), que provocó revuelo y disgusto en Brasil.

Se trata de la producción de las dos refinerí­as de Petrobras en Bolivia, en Cochabamba (centro) y Santa Cruz (oriente), nacionalizadas hace más de un año y sobre cuyo precio de transferencia al Estado boliviano hay una compleja negociación que puede definirse en las siguientes horas.

El mandatario boliviano se mostró confiado en lograr un acuerdo mediante el diálogo y la negociación con Petrobras, en lugar de ir al arbitraje con el que amenazó la firma si hasta este miércoles se mantienen los desacuerdos sobre el precio de las plantas de refino.Bolivia ofrece pagar alrededor de 60 millones de dólares por las instalaciones y Petrobras, que en 1999 las adquirió en un proceso de privatización tras abonar 104 millones, demanda en la actualidad al menos 140 millones de dólares al alegar un precio actual de mercado, según distintas versiones.

"Desde el momento en que nosotros nos basamos en la legalidad, respetando la propiedad y cumpliendo con los acuerdos que tenemos, jamás va a haber problemas. Estoy convencido de esto", dijo Morales en el palacio de gobierno de la ciudad de La Paz.

No obstante, las advertencias de Petrobras fueron respaldadas por el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula Da Silva, quien comentó que la empresa no tiene problema en vender sus plantas, pero espera un precio justo por ellas o acudirá a la justicia para que se respeten sus derechos.

"Por ahora la pelea es con Petrobras. Por ahora no es una pelea que involucre al gobierno", puntualizó Lula, aunque su Ministerio de Exteriores alertó el lunes de un posible "impacto negativo" en la cooperación bilateral por la medida tomada contra la empresa.

Pero de llegarse a un eventual arbitraje, según el gobierno de La Paz, la brasileña no podrá plantearlo por sí­ misma y tendrá que recurrir a sus accionistas de terceros paí­ses, dado que entre Bolivia y Brasil no hay un acuerdo bilateral de protección de inversiones. Según el embajador plenipotenciario para Asuntos Comerciales, Pablo Solón, uno de los principales asesores de Morales, Petrobras tampoco podrá recurrir al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), ya que Brasil no ha ratificado la convención al respecto.

El gobierno de Bolivia notificó su salida del CIADI el pasado dos de mayo, pero aún puede ser demandado en ese foro, durante seis meses más, hasta el dos de noviembre próximo.

Desde que Morales nacionalizó los hidrocarburos en mayo de 2006, sus roces con Petrobras y el gobierno de Lula han sido constantes, aunque pocas veces tan patentes como ahora, dado que la emblemática compañí­a brasileña es una de las principales afectadas por la medida, según informó Efe.

Morales anunció la nacionalización en el campo "San Alberto", uno de los más ricos de Bolivia y desde donde Petrobras y sus socios exportan gas natural a Brasil, que fue ocupado de forma sorpresiva en ese momento por el Ejército boliviano.

Las dos refinerí­as que son ahora el centro de la controversia también fueron tomadas por los militares y el gobierno designó a representantes del Estado en su directorio, aunque luego tuvo que revisar esas medidas para abrir las negociaciones sobre la compra. La relación se volvió a tensar en septiembre del año pasado, cuando el entonces ministro de Hidrocarburos Andrés Soliz intentó aplicar una medida, un poco más dura que la que ahora motiva el nuevo conflicto, contra el negocio de venta de crudo y gasolina de Petrobras. Soliz dimitió el 15 de septiembre, forzado porque el gobierno de Morales desautorizó su iniciativa tras la reacción de Petrobras y el enojo de Lula, que amenazó con medidas "duras" si Bolivia continuaba con decisiones unilaterales. EFE