El Gobierno toma una medida contra Telecom: ¿se puede retrotraer la compra de Telefónica?

La intempestiva y sorpresiva decisión del Gobierno de dictar una medida preventiva que suspende los efectos de la compra de Telefónica por parte de Telecom causó cierta inquietud entre los máximos ejecutivos de ambos grupos.

Sin embargo, esa inquietud no llegó a transformarse en una preocupación ni en un temor por un eventual rechazo a la operación que se concretó a fines de febrero pasado por u$s1.240 millones.

De todos modos, los departamentos legales de las dos compañías se pusieron a analizar el escenario que, con la medida, acaba de abrir la gestión libertaria que desde un principio consideró que la compra de Telefónica Móviles de Argentina por parte de Telecom incrementaría en forma significativa su participación en el mercado.

Sostienen que la operadora que surja de integrar ambos activos controlaría el 61% del mercado de telefonía móvil; 69% de la telefonía fija; y, respecto al servicio de internet residencial, en algunas zonas del país la concentración podría llegar al 80%.

Sin chances de devolver el dinero

Un dato para comprender el razonamiento que adoptarán tanto en la sede de la dueña de Movistar, en España, como en las oficinas del Grupo Clarín/Cablevisión y del fondo Fintech, propietarios de Telecom, se fundamenta en que el deal ya fue abonado.

Es decir, que Telecom pagó los u$s1.240 millones y Telefónica los cobró, con lo cual no existe ninguna posibilidad de una marcha atrás que involucre deshacer todo el acuerdo.

En España ya aclararon que solamente seguirán gestionando sus activos locales de manera separada de los de los propietarios de Personal hasta que se conozca el dictamen final que deberá redactar la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC).

Es más, el informe que Telecom presentó ante la Securitie & Exchange Commision (SEC), de los Estados Unidos para informar sobre el deal, contiene un apartado en el cual la operadora aclara que tomará control de los activos de su rival luego de conocerse el dictamen final del Gobierno.

Mientras tanto, las actividades de ambas compañías se mantendrán separadas, más allá de que ya existe un cierto control de parte de los ejecutivos de Telecom sobre el accionar local de Telefónica.

De hecho, entienden en Europa que seguramente dicha medida contendrá ciertas restricciones pero que no habrá una obligación de retrotraer la operación.

Es más, el comunicado de la oficina del presidente Javier Milei solamente avala el acuerdo que se encuentran cumpliendo ambas compañías en ese sentido.

Es decir, en seguir ofreciendo sus servicios hasta que se de a conocer el dictamen final del ente que depende del Ministerio de Economía.

Sin efecto concreto

"Se trata de una medida para la popular como se dice habitualmente cuando se conoce una decisión que parece dura pero que realmente no cambia en nada el panorama", sostuvo ante iProfesional un profundo conocedor de las normas y reglamentos del sector de las telecomunicaciones.

Este planteo evidencia que la determinación libertaria no tiene ningún efecto sobre la determinación de Telefónica de irse de la Argentina, ni en la postura de Telecom de comprar los activos de su competidor para frenar el ingreso de otro grupo desconocido que pueda poner el pie en el mercado local con un poder de fuego similar a los grupos que ya operan en el país.

Es más, no hay posibilidades de que Telefónica pueda retomar su actividad local, ni devolver el dinero a Telecom.

O que la empresa de la dupla Clarín-Fintech devuelva los activos comprados, lo cual implicaría dejar a medio país sin conectividad.

"Con qué argumentos el Gobierno puede frenar la transacción y convencer a Telefónica de que regrese a competir en el mercado local, al que consideran poco atractivo y en el que ya hace años que dejaron de tener en cuenta y, por consiguiente, de invertir", se pregunta otro importante referente de la industria teco.

Basamento legal

Ni siquiera las opiniones o demandas acercadas a las autoridades nacionales por Claro y Telecentro pueden modificar un escenario que, en el peor de los casos, tendrá restricciones que Telecom deberá cumplir para que el deal sea definitivamente aprobado.

Es más, los entendidos recuerdan que ninguna norma que actualmente rige al sector establece que la operación pueda ser rechazada de manera completa.

Por caso, la Ley Argentina Digital exige para un proceso de compra de acciones como el caso de Telecom y

Telefónica que se cumpla con las obligaciones de despliegue: con la tasa radioelect5ica y que ninguno de los involucrados posea deuda.

En cuanto al cumplimiento de obligaciones para establecer el mercado relevante, la CNDC debería llevar a cabo un largo y tedioso procedimiento para analizar servicio por servicio; región por región y en algunos lugares hasta manzana por manzana.

En especial, en zonas donde pueden existir varios competidores de vinculo físico; radioeléctricos y satelitales que se pueden contratar para un mismo servicio.

Además, el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM), ya definió que para que exista preponderancia de una empresa sobre el resto su peso debe superar el 80% del mercado, porcentaje que, con Telefónica como activo, Telecom no llega a lograr de manera total.

Garantizar los derechos

Por lo tanto, entre las empresas se entiende que la medida del gobierno que encabeza el presidente Javier Milei fue tomada "per la galerie".

Es decir, sin ninguna clase de impacto verdadero en la operación final que podrá sufrir algún tipo de limitación como en el área mayorista, por ejemplo, para obligar a que se apliquen las mismas tarifas en todo el país.

"Esto puede pasar, pero no se vislumbra un panorama en el cual los funcionarios libertarios no autoricen la operación de manera total", advierten las fuentes a pesar del comunicado del Gobierno que sostiene que asegura buscar "garantizar los derechos de los usuarios y consumidores, así como de defender la competencia contra toda forma de distorsión de los mercados".

En este sentido, la respuesta de Telecom también pone en evidencia la decisión de la operadora de seguir para adelante con el deal, al sostener sus ejecutivos que todavía no fueron informados de manera oficial.

Es más, la compañía reitera su compromiso con el respeto a la normativa vigente y a los procedimientos establecidos, debido a que básicamente es la postura ya asumida y que se evidencia en la necesidad de mantener las operaciones separadas hasta conocerse el fallo definitivo.

Queda claro que, de mediar una resolución totalmente negativa, la empresa recurrirá a la justicia para sostener su plan de duplicar su presencia en el mercado telco local.

Así lo deja trascender el comunicado al sostener que la compañía "aguarda la debida comunicación oficial para evaluar el alcance de la medida y responder oportunamente dentro del marco correspondiente".

De hecho, Telecom dice ratificar su voluntad de colaborar con los organismos que deben analizar la operación, con el objetivo de garantizar un proceso transparente y en plena consonancia con los estándares internacionales y la libre competencia.