Dos "históricos" centros de esquí, a punto de cambiar de operadores

Dos de los más importantes centros turísticos invernales de la Argentina cambiarán de "dueños" antes de que finalice este 2025. Se trata de los complejos de sky Chapelco y Penitentes, ubicados en de Neuquén y Mendoza respectivamente, y en los cuales las administraciones provinciales buscarán refrescar sus actividades con el cambio de sus actuales operadores.

En el caso de Chapelco, considerado como uno de los centros de esquí más emblemáticos de la Patagonia, hace 38 años que es gerenciado por el mismo grupo concesionario.

Por ese motivo, la gobernación neuquina tomó la determinación de avanzar con una nueva licitación con la idea de transformar la gestión del complejo y mejorar su impacto económico y social en la región.

Varios medios provinciales dan cuenta de la extensión en el tiempo que viene teniendo el actual contrato, firmado en 1987 y que en los últimos años fue objeto de varias críticas por su falta de beneficios significativos para la provincia y la comunidad local.

Procesos con cambios

Actualmente, la empresa Nieves del Chapelco S.A. es la encargada de administrar el cerro y de abonar un canon anual de u$s50.000 que es considerado exiguo para el potencial turístico y económico que evidencia el cerro.

Para modificar esta situación, el gobernador Rolando Figueroa decidió no renovar el contrato y avanzar hacia una nueva licitación que garantice mayores beneficios para la región.

Entre los detalles del proceso se destaca que la concesión será por 25 años, con una opción de prórroga de 5 años más; que la superficie total a concesionar será de 1.880 hectáreas y que el pliego establece un canon variable mínimo del 2% de lo percibido anualmente por la explotación.

También se establece un canon fijo equivalente a unos 3.300 pases diarios que irá a las comunidades mapuche Vera y Curruhuinca para equilibrar el desarrollo turístico con el respeto por las comunidades originarias y el medio ambiente.

De hecho, una de las empresas que ya ha demostrado interés en participar del proceso es el grupo Trappa, dueño de Vía Bariloche, aunque desde el gobierno provincial se asegura que otras compañías se han mostrado con intenciones de formar parte de la licitación.

Es más, el ministro de Turismo, Gustavo Fernández Capiet, lideró una ronda de reuniones con representantes de la comunidad de San Martín de los Andes y alrededores, especialmente con aquellos vinculados al turismo.

En esos encuentros, los funcionarios aseguraron que se adoptarán las medidas necesarias para que la transición no afecte la apertura del complejo de cara a la próxima temporada invernal.

Salir de la expropiación

El otro complejo que tendrá "nuevos dueños" durante este 2025 es el de Penitentes, teniendo en cuenta que ya se publicó el llamado a licitación pública para el otorgamiento de la concesión del derecho de uso y explotación del Centro de Montaña Villa Los Penitentes, ubicado en la Ruta Internacional 7, en Uspallata.

El año pasado, las autoridades provinciales promulgaron una ley que había declarado a Los Penitentes como un lugar de utilidad pública y sujeto a expropiación.

De esta forma, quedó firme el control del Estado provincial sobre la mayor parte de las tierras, luego de que el propio gobernador, Miguel Cornejo, dejara firme su decisión de anular la concesión que mantenía la familia López Frugoni, advirtiendo que "nunca hicieron inversiones y que no se hizo lo que tenía que hacer ".

Ahora, el proceso licitatorio es apalancado por la ley que establece el Régimen de Promoción de Inversiones de la Alta Montaña y otros relieves mendocinos, cuyo decreto reglamentario se dictó el 31/12/2024, ofreciendo así no solo previsibilidad y seguridad jurídica sino incentivo a los inversores nacionales e internacionales.

Pliegos con cambios

En noviembre del año pasado, la gobernación llevó a cabo un proceso de consulta pública, al que se le sumaron aportes de expertos con antecedentes similares de explotación y se recibieron las inquietudes y sugerencias de varios oferentes nacionales e internacionales.

Los nuevos pliegos establecen varios cambios a la concesión anterior, como que se podrá otorgar la operación por un mínimo de 20 y un máximo de 50 años.

El objetivo de semejante plazo es poner en valor la infraestructura existente, refuncionalizar espacios y construir nuevas instalaciones en el predio, para brindar servicios comerciales, turísticos y deportivos con y sin nieve, acorde con las exigencias y tendencias de la demanda actual, a nivel nacional e internacional, teniendo en cuenta, entre otros, el Plan Estratégico de Alta Montaña.

De acuerdo a las autoridades provinciales, se espera que el proceso pueda responder a la importancia de la Alta Montaña, que posee un creciente flujo de turismo local, nacional e internacional.

Como incentivo para seducir a potenciales inversores, Mendoza suma el Régimen vigente de Promoción de Inversiones, de Ley N° 9584, que promueve el desarrollo económico y turístico en zonas consideradas prioritarias dentro del Plan Provincial de Ordenamiento Territorial.

El régimen incluye exenciones fiscales por cinco años, tanto en el Impuesto Inmobiliario como en Ingresos Brutos, aplicables a los proyectos de inversión aprobados hasta el 31 de diciembre de 2025, con posibilidad de prórroga mediante decreto.

Además, se garantiza la estabilidad fiscal durante el mismo período, lo que asegura que las empresas no enfrentarán un aumento en su carga tributaria ni estarán sujetas a la creación de nuevos impuestos provinciales que afecten sus inversiones.

"Instrúyase a Fiscalía de Estado a promover las acciones judiciales para la obtención de la posesión y dominio de los inmuebles individualizados en el artículo precedente y conforme con las prescripciones del Artículo 53 del Decreto-Ley Nº 1.447/1975, sus normas concordantes y complementarias", marca la normativa que lleva la firma de la vicegobernadora Hebe Casado y del ministro de Gobierno, Natalio Mema.

Para iniciar el proceso de posesión hasta que se definan los valores finales, se ordenó a la Fiscalía de Estado que ejecute judicialmente la expropiación con un pago de $38.089.366, equivalente al avalúo fiscal más un 30%.