La motosierra pasaría por los hoteles de Chapadmalal y Embalse y estarían en riesgo de desaparecer

Los complejos turísticos denominados "sociales" y que dependen del Estado nacional estarían en riesgo de desaparecer. Por lo menos así lo denuncian fuentes gremiales que aseguran que el secretario de Turismo, Daniel Scioli, prepara un plan para que destinos como Chapadmalal y Embalse dejen de depender de su organismo y pasen a manos de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE).

Esta dependencia administra los inmuebles del Estado Nacional y durante el gobierno de Javier Milei se viene destacando por ofrecer al mercado gran cantidad de edificios púbicos que son considerados de poco valor para la administración libertaria.

Patrimonio nacional en venta

A partir de esta premisa es que los voceros sindicales suponen que los complejos hoteleros de Mar del Plata y de la localidad cordobesa de Río Tercero serán vendidos.

En este sentido, representantes de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), advierten que dicha medida podría generar despidos masivos.

En el caso de Chapadmalal se asegura que la decisión ya estaría tomada para pasar a disposición de la AABE este patrimonio nacional con el objetivo de impulsar la venta de estas unidades usadas para turismo social que beneficia a niños, estudiantes, trabajadores y jubilados, y brinda un excelente servicio de hospedaje por costos accesibles para la población más vulnerable.

Tanto este destino en la Costa argentina como el de Embalse Río Tercero fueron puestos en marcha a partir de 1946 y fueron declaradas Monumento Histórico Nacional siendo restauradas y puestas en servicio a partir de 2020, en especial las nueve unidades de Chapadmalal que habían permanecido sin puesta en valor, durante años por desidia de varios gobiernos.

Fecha límite

Los delegados de ATE mantuvieron la semana pasada una reunión con Scioli quien les habría informado sobre la medida y sobre la no renovación de contratos, la reducción de personal de planta y la aceleración de las jubilaciones para personal de Chapadmalal y de Embalse.

Es más, una nota del diario El Ciudadano asegura que la fecha límite para el turismo en Embalse sería el 15 de marzo, con el traspaso a la AABE previsto para finales de marzo y principios de abril.

Auditoría crítica

La decisión oficial se basaría en los datos revelados por un informe de la Auditoría General de la Nación (AGN) que puso bajo la lupa el estado y la gestión de las Unidades Turísticas de Chapadmalal (UTCH) y Embalse (UTE) durante enero de 2018 a diciembre de 2022, es decir parte de los gobiernos de Mauricio Macri y Alberto Fernández.

En el documento se exponen deficiencias en infraestructura, seguridad y cumplimiento de normativas; descubre unidades vandalizadas, usurpadas y detecta sustancias peligrosas como asbesto, plomo y gases fluorocarbonados que ponen en riesgo la salud de los turistas.

Según el documento, el Hotel 5 de Embalse se encontraba ocupado por intrusos y los hoteles 3 y 6 vandalizados, además de advertir que los gobiernos del PRO y de Unión por la Patria incumplieron con las leyes 12.665 que tiene como objetivo la protección del patrimonio histórico y artístico nacional y la 25.997 de Turismo, promulgada en 2005 para establecer los principios, objetivos y lineamientos generales para la promoción y desarrollo del turismo en Argentina.

El informe de la AGN detalla fallas en la seguridad de los complejos. En Chapadmalal no se contaba con un servicio de vigilancia, mientras que en Embalse, a pesar de la presencia de Gendarmería Nacional, los Hoteles 3 y 6 fueron vandalizados y el Hotel 5 estaba ocupado por intrusos.

Se destacaron también las demoras en las refacciones y ampliaciones de los complejos turísticos y la inexistencia de registros de control de plagas, limpieza de tanques ni mantenimiento de ascensores entre 2018 y 2020.

En Embalse, no se presentó la habilitación municipal de los hoteles ni comprobantes de limpieza o controles bromatológicos.

Los auditores también cuestionaron el método de reservas de plazas utilizadas en la dos Unidades Turísticas por entender que "no contaba con una normativa actualizada que estandarizara los procedimientos y garantizara la transparencia en la asignación de plazas".