Vicentín: entre la quiebra o un desguace de sus operaciones

Casi cinco años pasaron ya desde que el expresidente Alberto Fernández anunciara la intervención y estatización de Vicentín.

Fue el 20 de junio del 2020, en plena pandemia del Covid-19, cuando el gobierno kichnerista intentó que el Estado se apoderara de una de las mayores agroexportadoras de la Argentina mediante el envío al Congreso de un proyecto de ley de declaración de utilidad pública y expropiación.

El objetivo era rescatar a Vicentín, cuyo principal acreedor en aquel momento era el Banco de la Nación, para que cumpliera el rol de empresa testigo en la comercialización de granos y en la producción de alimentos.

"La idea es rescatar a la empresa en favor de la economía argentina y de una parte de la economía que tiene particular relevancia como es el mercado de granos y de cereales", dijo en ese momento el ex jefe de Estado para justificar una medida, que consideró "estratégica para lograr la soberanía alimentaria del país", pero que finalmente fracasó.

Vicentín: la intervención de Alberto Fernández, un rotundo fracaso

Entonces, quedó en la nada la idea de declarar a empresa santafesina de utilidad pública y sujeta a expropiación para que pasara a formar parte de un fondo fiduciario que iba a administrar YPF Agro, subsidiaria de la petrolera nacional que comercializa semillas, productos para la protección y nutrición de cultivos, además de silo bolsas y lubricantes.

Esto se debió a que el 31 de agosto del mismo año, Fernández derogó el polémico decreto que dispuso la intervención por 60 días de la empresa, debido a que el juez interviniente en el concurso de acreedores "no ha permitido hasta aquí que el Estado pudiera conocer cuál es el pasivo real de la compañía", y por ello no está dispuesto a tomar riesgos por la nacionalización de sus pasivos.

El ahora procesado por violencia de género, acusó en ese momento al magistrado de "impedir también el acceso de la intervención a su gestión y, lo que es peor aún, ha mantenido en sus funciones a los mismos directores que, ante la pasividad del tribunal, siguen sin entregar el balance y memoria del ejercicio 2019".

El proceso judicial de la agro exportadora

En forma paralela, se tramitaba el proceso de convocatoria de acreedores de la sociedad en el Juzgado de Primera Instancia Civil y Comercial de la Segunda Nominación de Reconquista, y se impulsaba desde la propia Presidencia de la Nación una investigación sobre el proceso de vaciamiento al que habría sido sometida la empresa.

Es que Vicentin había ingresado a dicho concurso preventivo, luego de que anunciara la cesación de pagos de su deuda a fines del 2019, como resultado de un supuesto proceso de vaciamiento, teniendo al Banco Nación como el principal acreedor, con el 80% de la deuda financiera.

En ese momento, la agroexportadora contaba con plantas de cereales y oleaginosas en las localidades santafesinas de Avellaneda, San Lorenzo y Ricardone, una división de producción de Biodiesel (Renova), otra textil, un establecimiento productor de jugo concentrado de uva en San Juan, Vicentin Family Wines en Mendoza, además de acopio y exportación de Miel (Promiel), producción ganadera y sedes en Montevideo, San Pablo y Asunción.

Futuro negro para la compañía

Pero, ni la poco transparente intervención del kirchnerismo usando modales casi sospechosos para apropiarse de la empresa, ni el propio procedimiento de reestructuración de su millonaria deuda cercana a los u$s500 millones parecen poder evitar un destino casi "cantado" para Vicentín.

El de su desguace y venta a varios de sus actuales acreedores, más ahora que la Corte Suprema Justicia de Santa Fe acaba de anunciar la negativa a homologar su concurso de acreedores.

Es decir, la propuesta del directorio de la empresa para poder negociar el pago de su pasivo, ya que el máximo tribunal de justicia provincial anuló una sentencia anterior que aprobaba el proceso y que había sido resuelta por la Cámara de Reconquista.

La causa será trasladada a la Cámara de Rafaela, pero todo indica que en los próximos días se utilizará el llamado cromdown para poder salvar "lo que queda de la empresa".

¿Nueva propuesta para Vicentín?

Se trata de un término que proviene de la idea de que los cambios en los préstamos se "imponen" a los acreedores.

Es decir, de un mecanismo que permite a los acreedores u otros actores externos al proceso acercar a la Justicia una propuesta de toma de control de una empresa que se declaró en default.

La posibilidad figura en el artículo 48 de la Ley de Concursos y Quiebras y habilita a un tribunal judicial a imponer un plan de reorganización a una empresa, a pesar de las objeciones de algunos acreedores, con el objetivo final de evitar la quiebra.

En casos anteriores al de Vicentín, el cromdown permitió a un juez rechazar una propuesta de homologación del acuerdo de renegociación de una deuda para abrir luego un registro para que acreedores, trabajadores y otros interesados en la adquisición de las acciones o cuotas representativas del capital social de la concursada, a efectos de formular propuesta de acuerdo preventivo.

Tras recibir las alternativas, el magistrado debe designar a un evaluador para que le ponga una cifra al valor de mercado de la compañía y solo si no existen interesados se declarará la quiebra.

Reestructuración inconstitucional

En el caso de Vicentín, la Corte santafesina rechazó "el pedido de homologación de la propuesta concursal, ordenándose la apertura del período de concurrencia (cramdown) en los términos del art. 48 LCQ manteniendo la administración societaria en cabeza de sus directores naturales y continuando la Intervención Societaria dispuesta en este expediente".

De esta forma, se le dio la razón al Grupo Grassi que, a través de la empresa Commodities S.A. que es el principal acreedor comercial no cooperativo, había reclamado la impugnación de la propuesta de reestructuración que el directorio de Vicentín había presentado ante la justicia y que, en primera instancia, había sido avalada.

El fallo aclara que "en mérito a los fundamentos del acuerdo que antecede, la Corte Suprema de Justicia de la provincia resolvió: Declarar procedente el recurso de inconstitucionalidad y, en consecuencia, anular la sentencia impugnada con el alcance señalado, y remitir los autos al Tribunal subrogante que corresponda a fin de que dicte nuevo pronunciamiento conforme a las pautas sentadas en el presente fallo".

Los tiempos judiciales que correrán a partir de ahora establecen que el expediente vuelva a segunda instancia, se determine un tribunal subrogante para que se pronuncie respecto del concurso preventivo.

De todos modos, en el sector agropecuario y en algunos despachos judiciales ya interpretan que la decisión de la Corte santafesina dejan más cerca el escenario de cramdown o "salvataje" externo, ya que el directorio de Vicentín no puede presentar una nueva propuesta.