El Gobierno oficializó la privatización de Corredores Viales SA: cómo será el nuevo sistema de rutas y peajes
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El presidente Javier Milei anunció la privatización de Corredores Viales S.A. mediante el Decreto 97/2025, publicado en el Boletín Oficial. Con esta medida, se traspasa la gestión y mantenimiento de rutas nacionales al sector privado mediante concesiones de obra pública bajo la Ley Nº 17.520.
El decreto señala que el 45% de los 3402 km gestionados por Corredores Viales presenta deficiencias. Además, la empresa acumuló pérdidas por más de $268.676 millones en 2023, tras recibir transferencias del Tesoro Nacional por $301.010 millones, lo que el Gobierno considera insostenible.
El Ministerio de Economía liderará el proceso de privatización, junto a la Agencia de Transformación de Empresas Públicas. El plan incluye la disolución de Corredores Viales tras adjudicar las concesiones, sin programas de participación para empleados o inversores locales.
Mientras el Gobierno asegura que la privatización mejorará la conectividad y eficiencia, sectores opositores y sindicatos alertan sobre posibles aumentos tarifarios y menor control estatal en la calidad del servicio.
Privatización de Corredores Viales: ¿qué rutas y autopistas se verán afectadas?
Corredores Viales administra más de 6000 kilómetros de rutas, equivalentes a un tercio del tráfico de la red troncal nacional. Entre los tramos que cambiarán de administración se encuentran:
Rutas en Buenos Aires, Mendoza, Tucumán, Jujuy y Salta.
El Peaje Ricchieri, principal acceso sur a la Ciudad de Buenos Aires.
La semana pasada, el vocero presidencial Manuel Adorni anunció que el Gobierno privatizará Corredores Viales. "Será bajo la modalidad de concesión obra publica por peaje", adelantó. "La privatización de las empresas publicas es irremediable", recordó.
"A partir de este modelo se va a promover el desarrollo de obras de infraestructura a través de la participación del sector privado que se va a encargar de ejecutar las obras y gestiones necesarias a su propia cuenta y riesgo a cambio del derecho de exigir el cobro de un peaje a los usuarios", completó.
Corredores Viales S.A. es una empresa concesionaria de rutas, autopistas y autovías nacionales con capital social íntegramente estatal, cuyos accionistas son el Ministerio de Obras Públicas, que posee el 51%, y Vialidad Nacional, con el 49%. Se ocupa de "gestionar la infraestructura y el tránsito" de los caminos concesionados "con el fin de brindar un servicio de calidad", destacan en su sitio web.
Se encuentra a cargo de 10 tramos de autovías en las provincias de Santiago del Estero, Tucumán, Salta, Jujuy, Chaco, Buenos Aires, Corrientes, Misiones, San Luis, Córdoba, Santa Fe y Mendoza, y el Acceso Riccheri a la Ciudad de Buenos Aires.
La empresa estatal es una de las compañías que quedaron sujetas a privatización en el Artículo 7 de la Ley de Bases junto a Intercargo SAU, Energía Argentina S.A. (Enarsa), Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (AySA), Sociedad Operadora Ferroviaria S.E. (SOFSE) y Belgrano Cargas y Logística S.A.
Luego, la Oficina del Presidente emitió un comunicado en donde asegura que a pesar de que en Argentina hay rutas y autopistas gestionadas por el sector privado, anteriores gobiernos se empecinaron en sostener esta empresa estatal deficitaria que le costó a nuestro país solo en 2023 unos $301.000 millones.
"Relevamientos realizados por este Gobierno detectaron que hay 3.400 kms de traza, 45% de toda la red vial argentina, que siendo gestionados por esta empresa no se encontraban en condiciones óptimas para la circulación vehicular", completó.