La primera privatización "made in Milei", a punto de ser realidad: ¿por qué no se termina de cerrar?

Todo parece indicar que Javier Milei finalmente podrá celebrar la primera privatización de una empresa con participación estatal de su gestión, aunque todavía existen algunas sombras que podrían terminar boicoteando la tan esperada transacción por la administración libertaria.

Se trata de IMPSA, donde el Estado Nacional posee alrededor del 62% del capital y que está a punto de ser propiedad de un grupo inversor con capitales norteamericanos y venezolanos que esta semana cerraría el acuerdo para desembarcar en la metalúrgica mendocina.

Fuentes oficiales consultadas por iProfesional aseguraron que antes de este viernes 14 de febrero podría anunciarse de manera oficial el ingreso de ARC Energy a IMPSA ya que se habría despejado todas las dudas que venían trabando esta operación que ya lleva más de cuatro meses de demora desde que esta sociedad demostró interés por comprar la empresa fundada por la familia Pescarmona.

El principal condicionante para cerrar el deal era el acuerdo que el consorcio IAF, cuyo socio principal es ARC Energy, debía cerrar con los acreedores de IMPSA que reclaman el pago de algo más de u$s575 millones.

Negociación casi eterna

A fines de enero, las autoridades nacionales y las del grupo inversor firmaron un pre acuerdo que establecía un plazo de 15 días para terminar con las negociaciones para encaminar el pago de ese pasivo de la empresa nacida en 1902 y que había sido estatizada en el 2021 por el anterior gobierno del expresidente Alberto Fernández.

Todo indica que acreedores y nuevos dueños llegaron a un convenio considerado "adecuado" por las autoridades del Ministerio de Economía que viene liderando el traspaso de IMPSA y que, hasta el momento era propietario del 63,7% de las acciones a través del Fondo Nacional de Desarrollo Productivo; 21,2% de Mendoza; mientras que otro 15,1% era del gobierno de Mendoza; 9,8% del fondo de capital controlado por los acreedores de la compañía y 5,3% del fideicomiso de capital propiedad de los Pescarmona.

Se asegura que el grupo extranjero obtuvo la conformidad de los acreedores para encarar el proceso de renegociación del millonario pasivo que acumula IMPSA y que la llevó al borde de la quiebra en varias oportunidades.

Fondos frescos

Además habría ofrecido un mecanismo de pago de la deuda a los principales acreedores entre los que se encuentran entidades públicas y privadas, tanto internacionales como el Banco Interamericano de Desarrollo; el Export Development Canada; la Corporación Andina de Fomento y bonistas internacionales; el Bradesco y el fondo de inversión Moneda Asset Management).

También, el Banco de la Nación Argentina; el Bapro; el Banco Hipotecario; el BICE, así como tenedores de varias series de Obligaciones Negociables (ON).

Ya en el 2020, este grupo de acreedores había apoyado una oferta del entonces directorio de IMPSA para encarar la recomposición de la estructura de capital presentada por la empresa en su Oferta de Acuerdo Preventivo Extrajudicial (APE).

Ese convenio incluía un canje por ONS; nuevos préstamos y un bono internacional en dólares que debía tener un período de gracia hasta este 2025, momento en el que la empresa debía empezar a pagar intereses a una tasa de 1,5% anual.

Luego, a partir de 2028, IMPSA debía comenzar a abonar el capital, con vencimientos anuales sucesivos durante nueve años, hasta 2036.

Fracaso kirchnerista

Desde el 2018, todos estos acreedores forman parte del fideicomiso que se había quedado con el 65% de las acciones de IMPSA y que luego se redujo para permitir el ingreso del gobierno nacional y de Mendoza al capital de la metalúrgica.

El 15 de abril del 2021, IMPSA logró la homologación judicial de su APE y en el mismo momento, su directorio le pidió al Fondo Nacional de Desarrollo Productivo (Fondep) que dependía del ex Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación, que suscriba nuevas acciones clase C de la empresa, por un total de $ 1362,9 millones que en ese momento equivalían a u$s15 millones.

Otros u$s5 millones fueron aportados por Mendoza a modo de desembarco minoritario en el capital de IMPSA que luego transfirió a la Empresa Mendocina de Energía Sociedad Anónima con Participación Estatal Mayoritaria (Emesa).

Luego de ese proceso, IMPSA completó el canje de los bonos internacionales con vencimiento durante este año por u$s182 millones, por nuevos títulos sin oferta pública que vencerán en el 2036 y que también forman parte de la millonaria deuda que tuvo que negociar ARC Energy para quedarse definitivamente con el control de la metalúrgica.

Ahora, el fondo tiene la obligación de aportar u$s 27 millones como capital inicial, además de otros u$s5 millones "cuando sean necesarios".

Entre este martes y miércoles se llevaría a cabo una asamblea de accionistas de IMPSA en la cual se tratará el traspaso accionario y se votará la aprobación o rechazo del deal con ARC Energy, aunque todo indica que no habrá oposición al acuerdo teniendo en cuenta que es la única chance de evitar la quiebra de la compañía.

Importancia estratégica

El objetivo de ARC Energy es el de aprovechar el potencial de la empresa como referente en América Latina, que cuenta con una tecnología propia para equipos de generación hidroeléctrica y con certificaciones para el diseño y fabricación de componentes nucleares que la puede convertir en un actor protagónico del sector energético mundial.

A esto se suma el expertise para la producción de turbinas para centrales hidroeléctricas y la construcción de elementos para reactores nucleares, equipos para la industria del petróleo y para la prestación de servicios de alta exigencia para el mantenimiento de esas tecnologías.

Pero, además, ya tiene diseñadas varias fórmulas para hacerse cargo de la "hererencia" que deberá asumir a partir de los incumplimientos de contrato de IMPSA, por ejemplo, teniendo en cuenta que se vende como una empresa en marcha y también con dinero que le entraría en su caja de manera inmediata si es que logra cobrar varias de las obras que ya llevó a cabo.

Una es con YPF para la construcción de un reactor de certificación de procesos, que debería haberlo entregado en noviembre de 2023, pero que todavía no se llevó a cabo, al igual que los fondos que le adeuda Yacyretá por provisión de insumos.

El fondo pretende también potenciar el Centro de Desarrollo Tecnológico de Mendoza de IMPSA para hacerla crecer en el mercado y llevar alianzas estratégicas con compañías referentes de la industria de todo el mundo.

El fantasma de la quiebra

De esta manera y a pocas horas del anuncio de privatización del Belgrano Cargas, el gobierno libertario podría concretar el primer traspaso de una empresa del Estado al sector privado.

En realidad, se trataría del retorno de una empresa privada a sus orígenes luego del intento kirchnerista de salvar la compañía con fondos del Estado que, a pesar de la transacción, no recibirá millonarios fondos ni para la Nación ni para la provincia por las acciones que poseen.

En la actualidad, la ex empresa de los Pescarmona se encuentra con un patrimonio neto negativo tal como surge de analizar un documento enviado por el Directorio de IMPSA a la Comisión Nacional de Valores (CNV), en el que su responsable de relaciones con el mercado admite que, tal como se observa de los estados financieros de los primeros nueve meses del año "la Sociedad resulta encuadrada dentro de las disposiciones del artículo 94, inciso 5º, de la Ley General de Sociedades N.º 19.550".

Es decir, le corresponden las generales de la norma en cuanto a su disolución, ya que una de las causas de esta posibilidad es la de sufrir la pérdida del capital social.

En el informe, sus ejecutivos destacan que su patrimonio neto al 31 de diciembre de 2023 fue de $37.640.751.000, mientras que al 30 de septiembre pasado se derrumbó a $18.993.803.000.

Agregan que la pérdida del ejercicio, que se elevó a $56.634 millones, fue consecuencia de los costos financieros que llegaron a $22.984 millones, y al impacto del impuesto a las Ganancias determinado por el método del impuesto diferido y la provisión de impuesto a las ganancias del período, que totalizó $36.677 millones.

Con este oscuro panorama de fondo, desde ARC Energy le aseguraron a medios provinciales que la operación se encuentra "encaminada" hacia su cierre éxitoso y que antes de que llegue marzo habrá una ceremonia oficial para "coronar" el traspaso accionario de la cual podría participar el propio presidente Milei.

De esta forma se preservaría la continuidad de IMPSA, que fue fundada en Mendoza hace más de 100 años y estatizada en 2021 en la gestión de Alberto Fernández y Rodolfo Suárez, con la excusa de que se trata de una empresa de importancia estratégica en el sector energético y tecnológico de Argentina.