Licitación con polémica: Milei echa al concesionario de la Ruta del Mercosur

Finalmente, el Gobierno decidió cambiar el operador de la principal autopista del Mercosur convocando a una licitación para sellar un nuevo contrato dejando al actual grupo concesionario de la ruta sin la posibilidad de continuar con la operación y con la certeza de que se va a iniciar una batalla legal por este negocio.

La decisión fue tomada por Vialidad Nacional a través de un comunicado en el que anuncia la creación de una nueva red federal privada para la operación y mantenimiento de rutas.

Esta determinación engloba la privatización de los caminos actualmente en manos de la sociedad estatal Corredores Viales y el trazado en manos de Caminos del Río Uruguay (CRUSA), cuyo contrato se encuentra vencido pero que fue ampliado por el propio gobierno libertario hasta el 9 de abril de este año.

Hasta el momento, dicha empresa opera el trazado que se inicia en el puente Zárate Brazo largo y comunica el litoral argentino con una autovía que llega al límite con Brasil y con Uruguay y que es conocida como la "columna vertebral de la circulación en el Mercosur", además de tener a su cargo el puente que une Rosario con Victoria.

Nueva red federal

Al inicio del contrato CRUSA operaba una ruta que tenía una extensión de 617 kilómetros, de los cuales 30 eran de pista doble, pero luego sumó otros 60 kilómetros de la ruta 174 del Corredor Rosario Victoria, para llegar actualmente a una extensión de 668 kilómetros, de los cuales están a cargo de la sociedad 135 kilómetros de autovía y otros 532 kilómetros de una sola mano.

Todo ese trazado ahora será incluido en la nueva "Red Federal de Concesiones" que el organismo que depende del Ministerio de Economía licitará en las próximas semanas.

De hecho, en el Boletín Oficial de la Nación de este miércoles 15 de enero se publicó el Decreto 28/2025 que da inicia a la primera etapa del proceso y que contempla la licitación del Corredor Vial 18, que incluye principalmente las rutas de CRUSA como son las nacionales 12 y 14, el Puente Rosario-Victoria, y recorrido de las provincias de Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe y Corrientes.

En el decreto, las autoridades nacionales aseguran que el proceso "será posible gracias a que se generaron las condiciones económicas óptimas donde capitales privados puedan invertir en la operación y mantenimiento de estas trazas nacionales".

Agregan que el objetivo "primordial" es reducir los gastos que actualmente se le genera al Tesoro nacional, que se calculan en aproximadamente u$s6.100 millones, en promedio, proyectados entre 15 y 20 años.

Se aclara también que no habrá subsidios para los nuevos operadores como venía sucediendo para sostener un esquema de concesión que desde el Gobierno consideran deficitario y que no brindaba beneficios reales para los usuarios.

Sumar a Corredores Viales

En el mismo sentido, se nomina a Vialidad Nacional como la autoridad encargada de supervisar y controlar los contratos de concesión actuales y futuros, "asegurando su cumplimiento en beneficio de los usuarios y el desarrollo de la infraestructura vial".

Junto con los trazados que opera CRUSA y el resto de las rutas de la empresa estatal Corredores Viales, la nueva red federal que se licitará abarca un total de 9.145 kilómetros distribuidos en 13 tramos que representan el 20% de la red vial nacional, pero concentran el 80% del tránsito.

En el caso de la concesionaria estatal, fue creación del gobierno de Mauricio Macri en el 2017 y sumó nuevas rutas durante la gestión de Alberto Fernández, cuando se reestatizaron varias rutas.

Al asumir, Javier Milei colocó a Corredores Viales en la lista de "privatizables" y que opera todas las autopistas, salvo tres: la Panamericana y el Acceso Norte, operada por Ausol; el Acceso Oeste, bajo control de Grupo Concesionario del Oeste (GCO), y la ruta 14, que tiene a su cargo CRUSA.

Ahora y para atraer a los posibles inversores, Vialidad Nacional asegura que el sistema ofrece ventajas para los usuarios por sobre las concesiones actuales, contemplando tarifas tope máximas que podrán ofertarse y destaca que las tarifas vigentes al momento de la oferta no podrán modificarse hasta que la empresa asegure las óptimas condiciones de circulación en las trazas, contemplando parámetros como: bache cero, calce de banquinas, señalización horizontal y vertical e iluminación.

A su vez, Vialidad Nacional advierte que realizará un "exhaustivo control por resultados de las calzadas lo que permitirá contar información constante y completa sobre el estado de las superficies de rodamiento para asegurar la circulación segura y confortable en todas las trazas".

Proceso en marcha

El Decreto también detalla las facultades y responsabilidades que tendrá el organismo a partir de esta privatización:

1. Modificar la conformación de los Tramos de la Red Vial Nacional descriptos.
2. Efectuar la convocatoria a Licitación Pública Nacional e Internacional.
3. Dictar el acto administrativo de adjudicación y suscribir los contratos respectivos.
4. Aprobar los pliegos de bases y condiciones generales, particulares y de especificaciones técnicas, el texto del contrato y toda aquella documentación necesaria para llevar a cabo el proceso licitatorio.
5. Organizar la Comisión de Concesiones y establecer las pautas de su funcionamiento.
6. Calificar a los oferentes y resolver las impugnaciones a las calificaciones.

El proceso licitatorio se llevará a cabo dentro del plazo de 12 meses, con la modalidad que se estime más conveniente y con el fin de otorgar la concesión por peaje para la construcción, explotación, administración, reparación, ampliación, conservación, mantenimiento y prestación de servicios y para la realización de nuevas explotaciones complementarias o colaterales que permitan obtener ingresos adicionales.

La primera etapa será la licitación del trazado de CRUSA para luego, en una segunda etapa se contempla dar en concesión 5.513 kilómetros de rutas actualmente gestionadas por Corredores Viales S.A., sumando otras rutas que hasta ahora no estaban concesionadas, como la RN 33 en Santa Fe; la RN 18 en Entre Ríos, y la variante de la RN 19 en Córdoba, en el marco de una etapa que estará dividida en diez tramos.

En total, se licitarán 8.648 kilómetros distribuidos en 12 tramos que representan el 20% de la red vial nacional, pero concentran el 80% del tránsito.

La convocatoria para esta segunda etapa se realizará en febrero próximo, con adjudicación prevista para julio del mismo año.

Reclamo judicial

En ese contexto, CRUSA insiste en que el acuerdo de concesión se encuentra vigente y tiene pendiente la renegociación a la que el Estado se comprometió llevar a cabo en el año 2009, pero que a la fecha no fue realizada.

De hecho, en el Decreto se hace mención al convenio con CRUSA y a la causa judicial iniciada por la empresa en los autos caratulados "CAMINOS DEL RÍO URUGUAY S.A. DE CONSTRUCCIONES Y CONCESIONES VIALES S/CONCURSO PREVENTIVO" (Expediente Judicial N° 1520/2023), en trámite ante el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial N° 9, Secretaría N° 17, para que se le respeten las condiciones del contrato.

En este sentido, el 19 de octubre de 2023 se hizo lugar a la medida cautelar de no innovar, entablada por la concesionaria, para prorrogar la concesión por seis  meses, a partir del 31 de octubre de 2023, lo cual fue apelado por Vialidad Nacional, lo cual hizo que la Sala A de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial resuelva admitir parcialmente el recurso deducido por el organismo.

Esa cámara dispuso que la medida cautelar cesaría a los 30 días contados desde su notificación, plazo en que las partes involucradas debían realizar todos los trámites necesarios para finalizar el contrato de concesión el 9 de abril de 2024. Pero la Resolución N° 144/24 de Vialidad Nacional estableció la prórroga de la concesión por otros 12 meses contados a partir de la fecha de culminación de la concesión, lo cual debe culminar el próximo 18 de abril.

Ya el año pasado, y través de un comunicado, CRUSA salió a manifestar públicamente su "preocupación por la continuidad del atraso tarifario debido a los incumplimientos contractuales efectuados por los distintos gobiernos". La empresa también advirtió que dicha situación no solo impidió realizar las inversiones necesarias, sino que además la llevó a una situación de ahogo financiero que derivó en la imposibilidad de afrontar los pagos con sus acreedores comerciales, fiscales, y -más grave aún, con sus más de 550 empleados derivando la situación en la apertura de un proceso concursal. Es más, los ejecutivos de CRUSA acusaron al gobierno de Javier Milei de haber llevado a cabo un proceso "deliberado" de ahogo financiero en  contra de la sociedad ya que, según entienden, deriva de los incumplimientos reiterados del Estado Nacional que le han provocado un mantenimiento deficiente y a todas luces inadecuado de los trazados viales, a pesar de los esfuerzos operativos realizados.

Sociedad en concurso preventivo

La situación derivó en la presentación de la empresa en concurso preventivo y en la homologación por parte de la justicia de su propuesta de Acuerdo Preventivo con la conformidad de la gran mayoría de sus acreedores para poder hacer frente al pago de una millonaria deuda.

De manera paralela, CRUSA reclamó ante los tribunales contra el Estado en el 2022 por incumplimiento de contrato, reclamando una indemnización por u$s300 millones, tal como se observa en la presentación que se tramita bajo el expediente CAF 69706/2022 del Juzgado Contencioso Administrativo Federal Nº 11.

Mucho tiene que ver en esta causa la desidia del Estado Nacional, que nunca cumplió con el compromiso de la Renegociación Tarifaria Integral, que se debía encarar en el 2006, y tampoco asumió la obligación de actualizar tarifas de acuerdo a una fórmula, además de que no se pagaron algunas inversiones. Es más, en Vialidad Nacional se acumulan 46 pedidos que CRUSA hizo desde el 2006 a la fecha para que se de comienzo al proceso de aumentos tarifarios que nunca se inició. A esto se suma que, en agosto pasado un consorcio privado se mostró interesado en desplazar a CRUSA de la concesión y quedarse con el trazado.

La propuesta partió de un grupo conformado por Luis Losi S.A.; Rovella Carranza S.A. y JCR S.A. que, en conjunto, presentaron ante el Ministerio de Economía una iniciativa privada para la concesión de la ruta del Mercosur. Lejos de desentenderse de la precaria situación de la ruta, en mayo de 2021, la concesionaria presentó una nota a Vialidad Nacional informando sobre "la grave situación del corredor vial" y reclamando "medidas urgentes" para mantener la seguridad de la ruta. Desde entonces, otra serie de notas se presentaron para intentar poner en marcha la inversión estatal en el camino que, según las estimaciones del concesionario, debería llegar a alrededor de $68.000 millones. De hecho, el juez Carlos Ercolini desestimó una denuncia que había cuestionado la última prórroga de la concesión que hasta los primeros meses del año sigue en manos de CRUSA.