Plazos y los detalles que faltan para que se cierre la primera privatización de la era Milei
A pesar de que la mayoría de los medios de comunicación y desde el seno del propio gobierno nacional hablan del "éxito de la privatización" de IMPSA, el proceso todavía no se encuentra cerrado.
El traspaso accionario de la metalúrgica mendocina que todavía sigue bajo control de la administración nacional y del gobierno provincial, depende de un dato clave que el grupo privado que ofertó por la empresa aún debe cumplir.
No se trata de un dato mayor si se tiene en cuenta que lo que el consorcio IAF, cuyo socio principal es ARC Energy, debe cerrar es un acuerdo con los acreedores de IMPSA que reclaman el pago de algo más de u$s575 millones.
Si bien no trascendieron datos sobre este proceso, se sabe que existe una fecha límite para que se cumpla esa cláusula y la compañía fundada en 1902 por la familia Pescarmona pase definitivamente a manos privadas, luego de haber sido estatizada en el 2021 por el anterior gobierno del expresidente Alberto Fernández.
Hasta que ese procedimiento no se cumpla, IMPSA mantendrá su composición accionaria tal como se encuentra en este momento, con el 63,7% en manos de la Nación a través del Fondo Nacional de Desarrollo Productivo; 21,2% de Mendoza; 15,1% de propiedad privada; 9,8% del fondo de capital controlado por los acreedores de la compañía y 5,3% del fideicomiso de capital controlado por los Pescarmona.
El plazo para que se concrete la primera privatización de Javier Milei
El llamado "Día D" para saber si finalmente avanza el proceso privatizatorio es el 31 de enero próximo, tal como quedó establecido en el acta firmada por las autoridades nacionales y los ejecutivos de ARC Energy la semana pasada para oficializar el procedimiento del traspaso accionario.
Antes de esa fecha, el grupo extranjero debe obtener la conformidad de los acreedores para encarar el proceso de renegociación del millonario pasivo que acumula IMPSA y que la llevó al borde de la quiebra en varias oportunidades.
Por ahora, tanto en el seno de ARC Energy con en el Gobierno no existen certezas de que esa negociación pueda finalizar con éxito.
El fondo extranjero debe ofrecer un mecanismo de pago de la deuda a los principales acreedores entre los que se encuentran entidades públicas y privadas, tanto internacionales como el Banco Interamericano de Desarrollo; el Export Development Canada; la Corporación Andina de Fomento y bonistas internacionales; el Bradesco y el fondo de inversión Moneda Asset Management).
También, el Banco de la Nación Argentina; el Bapro; el Banco Hipotecario; el BICE, así como tenedores de varias series de Obligaciones Negociables (ON).
Volver a negociar
Ya en el 2020, este grupo de acreedores había apoyado una oferta del entonces directorio de IMPSA para encarar la recomposición de la estructura de capital presentada por la empresa en su Oferta de Acuerdo Preventivo Extrajudicial (APE).
Ese convenio incluía un canje por ONS; nuevos préstamos y un bono internacional en dólares que debía tener un período de gracia hasta este 2025, momento en el que la empresa debía empezar a pagar intereses a una tasa de 1,5% anual.
Luego, a partir de 2028, IMPSA debía comenzar a abonar el capital, con vencimientos anuales sucesivos durante nueve años, hasta 2036.
Desde el 2018, todos estos acreedores forman parte del fideicomiso que se había quedado con el 65% de las acciones de IMPSA y que luego se redujo para permitir el ingreso del gobierno nacional y de Mendoza al capital de la metalúrgica.
Acuerdo trunco
El 15 de abril del 2021, IMPSA logró la homologación judicial de su APE y en el mismo momento, su directorio le pidió al Fondo Nacional de Desarrollo Productivo (Fondep) que dependía del ex Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación, que suscriba nuevas acciones clase C de la empresa, por un total de $ 1362,9 millones que en ese momento equivalían a u$s15 millones.
Otros u$s5 millones fueron aportados por Mendoza a modo de desembarco minoritario en el capital de IMPSA que luego transfirió a la Empresa Mendocina de Energía Sociedad Anónima con Participación Estatal Mayoritaria (Emesa).
Luego de ese proceso, IMPSA completó el canje de los bonos internacionales con vencimiento durante este año por u$s182 millones, por nuevos títulos sin oferta pública que vencerán en el 2036 y que también forman parte de la millonaria deuda que ahora debe negociar ARC Energy si pretende quedarse definitivamente con el control de la metalúrgica.
Si lo logra, debe aportar u$s 27 millones como capital inicial, además de otros u$s5 millones "cuando sean necesarios".