La primera privatización de la era Milei se puede definir en las próximas horas: de qué depende
No fue en el 2024, como quería el propio Javier Milei, que el Gobierno nacional pudo anunciar "la primera privatización" de la era libertaria. La empresa elegida por las autoridades nacionales para cumplir ese objetivo es IMPSA, que debió ser traspasada a capitales privados antes de que finalizara diciembre pasado.
Sin embargo, el anuncio no ocurrió y la metalúrgica mendocina sigue en manos del Estado Nacional y del gobierno provincial, que son los principales accionistas luego de que el anterior gobierno de Alberto Fernández decidiera capitalizarla con fondos públicos para evitar su quiebra.
La actual administración del presidente Javier Milei solamente recibió una oferta del grupo norteamericano venezolano ARC Energy que no conformó y que fue considerada como "hostil" por lo cual debió ser analizada más profundamente y, en un primer momento, rechazada.
La segunda propuesta fue enviada por los inversores a fines del año pasado, con varias modificaciones a la inicial y se supone que entre este martes 7 de enero y el miércoles 8 de enero, las autoridades nacionales anunciarán si aceptan o rechazan la iniciativa de ARC Energy.
La primera privatización de la era Javier Milei se daría "a la brevedad"
Fuentes del Ministerio de Economía que encabeza el traspaso de IMPSA estimaron que el anuncio se daría "a la brevedad", ya que la comisión organizada para llevar a cabo el proceso ya tendría su veredicto con respecto a las mejoras propuestas por el grupo extranjero para quedarse con la empresa fundada por la familia Pescarmona.
Lo concreto es que tanto la Nación como la provincia tienen la decisión tomada ya desde hace tiempo de salir de IMPSA al punto que la compañía dejó de recibir fondos oficiales y se debe mantener con los escasos ingresos que actualmente genera y que, al ser insuficientes, fueron causantes de la falta de pago de salarios y aguinaldo a sus casi 700 trabajadores.
El propio ministro Luis Caputo señaló en varias oportunidades que no hay más dinero para la empresa con sede en la localidad de Godoy Cruz y que, de no concretarse el traspaso a ARC Energy, debe ser el gobierno que encabeza Alfredo Cornejo el que se deberá hacer cargo del futuro operativo de IMPSA cuyo capital accionario todavía se mantiene en un 63,7% en manos del Estado, otro 21,2% en Mendoza, y el resto entre la familia fundadora y un fideicomiso financiero del que participan algunos de sus acreedores de la empresa nacida en 1907.
Si bien es actualmente una de las multinacionales latinoamericanas de mayor tamaño y una de las de mayor experiencia en generación de energía hidroeléctrica, la continuidad de sus operaciones pende de un hilo.
Cúmulo de problemas para IMPSA
En noviembre pasado, y luego de haber finalizado el plazo del proceso licitatorio abierto por la Nación para privatizar la compañía, ARC Energy ofreció inyectar alrededor de u$s27 millones como capital de trabajo, cifra que se acerca a lo que el Estado Nacional y Mendoza pagaron para ingresar en el 2021.
En ese marco, una de las condiciones solicitadas por ARC Energy al Gobierno se refiere a la necesidad de sellar un acuerdo con los titulares de la deuda por u$s550 millones que posee IMPSA para postergar la reestructuración de ese pasivo.
Otro pedido se vincula con actualizar los contratos con el sector público, pero que están siendo ejecutados debido a la orden del propio Milei de suspender y frenar la obra pública para reducir el déficit del Estado.
Es que IMPSA no posee recursos propios para hacer frente a sus necesidades de capital ni para cumplir con sus obligaciones financieras, precisamente porque la paralización de la obra pública la dejó sin esos contratos que había cerrado con varias áreas del Estado nacional y el provincial.
Plan en stand by
Si finalmente ARC desembarca en IMPSA el plan del grupo privado es aprovechar el potencial de la empresa como referente en América Latina, que cuenta con una tecnología propia para equipos de generación hidroeléctrica y con certificaciones para el diseño y fabricación de componentes nucleares que la puede convertir en un actor protagónico del sector energético mundial.
A esto se suma el expertise para la producción de turbinas para centrales hidroeléctricas y la construcción de elementos para reactores nucleares, equipos para la industria del petróleo y para la prestación de servicios de alta exigencia para el mantenimiento de esas tecnologías.
Pero nada será fácil teniendo en cuenta que actualmente la empresa posee patrimonio neto negativo y se encuentra encuadrada dentro de las disposiciones del artículo 94, inciso 5º, de la Ley General de Sociedades N.º 19.550.
Es decir, le corresponden las generales de la norma en cuanto a su disolución, ya que una de las causas de esta posibilidad es la de sufrir la pérdida del capital social.
Es que su patrimonio neto al 31 de diciembre de 2023 fue de $37.640.751.000, mientras que al 30 de septiembre pasado se derrumbó a $18.993.803.000.