Javier Milei avanza con una fuerte desregulación total del transporte aéreo

En julio del año pasado y a partir de las órdenes emanadas desde el Ministerio de Economía que dirige Luis Caputo, el Gobierno decidíó la intervención de la Administración de Aviación Civil (ANAC).

Lo hizo con la publicación en el Boletín Oficial del Decreto 606/2024 que también llevó la firma del presidente Javier Milei y que fundamentó la disposición en un anterior decreto, el Nº 70/23, que declaró la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, sanitaria y social hasta el 31 de diciembre de este año.

Los argumentos para esa fundamentación sostienen la necesidad de encarar un reordenamiento integral de la legislación aerocomercial "para dotar al mercado de un entorno competitivo que otorgue la suficiente flexibilidad para llegar a todas las ciudades argentinas".

Aceptar las críticas

El año pasado, el gobierno libertario avanzó fuerte en esa dirección abriendo los cielos para el ingreso de nuevas compañías aéreas al mercado doméstico y permitiendo la desregulación del servicio de rampa, entre otras medidas a las que se suma la posible privatización de Aerolíneas Argentinas.

Para este 2025, las autoridades nacionales impulsarán con mayor fuerza la desregulación total del mercado luego de haber analizado un crítico informe de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) sobre el sistema aeronáutico local, que evaluó el nivel de cumplimiento efectivo de la Argentina de las normas y procedimientos establecidos por dicho organismo y que concluyó que el país tiene un cumplimiento del 60,47%, resultado que se encuentra por debajo del promedio mundial.

El porcentaje surge de sumar los resultados que el país obtuvo en ocho áreas que fueron evaluadas como, por ejemplo, "Organización de la Aviación Civil" que arrojó un cumplimiento del 41.67%, mientras que en "Operaciones", fue del 37,29%.

También la Administración Federal de Aviación de los Estados Unidos realizó una inspección al sistema aeronáutico argentino, detectando irregularidades que podrían afectar la continuidad de la categoría que ese organismo otorga al país.

De ambas evaluaciones y de otra investigación propia de las autoridades nacionales se pudo establecer que el sistema de aviación civil evidencia disfuncionalidades que afectan su integralidad, generan potenciales riesgos para la seguridad operacional y la navegación aérea y perjudican la reputación argentina en el orden internacional.

La intervención de la ANAC

A partir de ese marco, se decidió la intervención de la ANAC hasta febrero próximo para restituir los criterios de eficacia y eficiencia necesarios eficientizar el transporte aéreo y llevar adelante un nuevo ordenamiento general del sistema.

Si bien el período de intervención vence en un mes, está claro que el Gobierno prorrogará esa decisión, tal como ya lo habría dispuesto el propio ministro Luis Caputo quien tendría también decidido mantener en el cargo a la actual interventora María Julia Cordero.

Durante toda la mitad del año pasado, la funcionaria se dedicó a elaborar un informe sobre el estado de situación del organismo y de su estructura para modificar su funcionamiento, además de desarrollar los procedimientos tendientes a adoptar las Regulaciones Aeronáuticas Latinoamericanas (LAR).

Ahora, la ANAC acaba de profundizar esa política desreguladora con una nueva medida publicada en el Boletín Oficial de este martes 7 de enero de 2025 como Resolución 1/2025 y que también se ampara en el Decreto 599 del 8 de julio de 2024 en donde se estableció la política de cielos abiertos basada en los principios de libre acceso a los mercados, lealtad comercial, desregulación tarifaria, estricto resguardo de la seguridad operacional y la seguridad en la aviación, entre otras medidas.

Más normativas

La medida recuerda además la necesidad de desarrollar los procedimientos tendientes a adoptar las Regulaciones Aeronáuticas Latinoamericanas (LAR) e implementar el sistema de autoridad delegada de aviación.

En el primer caso, se trata de normativas promovidas por el llamado Sistema Regional de Cooperación para la Vigilancia de la Seguridad Operacional (SRVSOP), orientadas a la armonización regulatoria en el continente y que, según el Gobierno, "contribuirá a la mejora de la seguridad operacional y la supervisión en la aviación civil".

Para cumplir con ese objetivo, las autoridades de la ANAC decidieron crear una comisión ad hoc para evaluar la adopción de los LAR, desarrollar los procedimientos correspondientes e implementar el sistema de autoridad delegada de aviación.

El nuevo ente funcionará bajo dos comisiones, una que se conocerá como "Comisión para la Implementación del Sistema de Autoridad Delegada de Aviación", y la otra como "Comisión para la Evaluación y Adopción de los Reglamentos Aeronáuticos Latinoamericanos (LAR)".

Ambas estarán presididas por un coordinador designado e integradas por al menos dos miembros de varios organismos de control del sistema aerocomercial como la Dirección Nacional de Seguridad Operacional (DNSO); la Dirección Nacional de Inspección de Navegación Aérea (DNINA) y Dirección Nacional de Transporte Aéreo (DNTA), entre otras.

Acercarse a la región

La primera deberá implementar el sistema de autoridad delegada de aviación, detallando las etapas de ejecución y los mecanismos para asegurar la supervisión y control adecuados.

Luego, tendrá que presentar un informe que incluya las conclusiones del diagnóstico, los procedimientos desarrollados, las recomendaciones normativas, y el plan de implementación del sistema de autoridad delegada de aviación.

La segunda también tiene la obligación de elaborar un diagnóstico sobre los LAR, evaluando la necesidad de ajustes específicos para su adopción efectiva considerando varias áreas prioritarias como la certificación de aeronaves y componentes; los estándares de aeronavegabilidad para diferentes categorías de aeronaves; el mantenimiento y mejoras de la seguridad operacional y varias otras normas.

En igual sentido, sus miembros deberán elaborar procedimientos para adoptar los LAR identificados en el diagnóstico, "asegurando la compatibilidad con las normativas internacionales y regionales, así como con el marco legal vigente en la República Argentina", tal como se establece en la norma.

Deberá además emitir recomendaciones para modificar o adaptar la normativa nacional, basadas en los resultados del diagnóstico y luego presentar las conclusiones del diagnóstico, los procedimientos desarrollados, las recomendaciones normativas, y el plan de adopción de los LAR.

Todas estas obligaciones tendrán que estar listas en un plazo no mayor a 30 días para que sean analizados por las autoridades de la Subsecretaria de Transporte Aéreo dependiente de la Secretaria de Transporte del Ministerio de Economía.

Además de los integrantes oficiales, en la resolución el Gobierno invita a las empresas privadas del sector a participar de ambas comisiones que comenzarán a funcionar a partir de este martes 7 de enero, de acuerdo al texto de la normativa firmada por María Julia Cordero.

Un año de cambios

Toda esta reglamentación se suma a las medidas que el Gobierno ya tomó el año pasado a partir de varias normas publicadas como el DNU 70/2023, del 20 de diciembre de 2023, con el cual el Poder Ejecutivo Nacional consideró que la política aeronáutica vigente limitaba el desarrollo de la industria aerocomercial en el país e introdujo significativas modificaciones al Código Aeronáutico, acompañadas de la derogación de una serie de normas esenciales bajo el régimen anterior.

En este sentido, se dispuso que los servicios de transporte aéreo dejaron de ser objeto de concesión del Poder Ejecutivo y pasaron a ser sólo objeto de autorización.

También se flexibilizó la posibilidad del uso de aeronaves extranjeras para servicios aerocomerciales y de aviación general y la aplicación de un régimen libre para la fijación de tarifas, permitiéndose a las empresas disponerlas sin ninguna restricción.

Luego, el 7 de febrero de 2024, se conoció la Resolución 6/2024 de la Secretaría de Transporte que creó la Comisión de Reglamentación del Código Aeronáutico para elaborar un nuevo texto de reglamentación que contemple los cambios incorporados.

Siguiendo esta línea, el 10 de julio del mismo año, fue el turno del Decreto 599/2024 que profundizó los cambios en la política aerocomercial nacional.

Permitió agilizar el sistema de acceso a los mercados aerocomerciales y dotarlo de mayor seguridad jurídica; aprobó la reglamentación del nuevo texto del artículo 110 del Código Aeronáutico, que regula los acuerdos intercompany y ordenó el dictado de una nueva norma para regular operativamente el uso de las capacidades del sistema aeronáutico.

De manera paralela se avanzó con varias derogaciones de decretos y resoluciones, dentro de las cuales se encontraban las bandas tarifarias para vuelos nacionales, y los anteriores regímenes de concesiones y autorizaciones para la explotación de servicios de transporte aéreo de cargas y combinado, entre otros.