Momento decisivo para el plan motosierra: se define si Milei logra la primera privatización de su gestión

El futuro de IMPSA está a punto de definirse entre la privatización o la quiebra de la principal empresa mendocina fundada por la familia Pescarmona en 1907 como Talleres Metalúrgicos.

Si bien es actualmente una de las multinacionales latinoamericanas de mayor tamaño y una de las de mayor experiencia en generación de energía hidroeléctrica, la continuidad de sus operaciones pende de un hilo que está más cerca de romperse que de ser amarrado nuevamente.

IMPSA, en pleno proceso de privatización

Este viernes 20 de diciembre es la fecha clave en la cual se podría definir si IMPSA tendrá nuevo dueño en reemplazo del Estado Nacional y del gobierno de Mendoza, o si la operación fracasa y no existe otra decisión que la de decretar la quiebra.

Ocurre que ese día es la fecha límite que tiene el grupo de capitales venezolanos y norteamericanos ARC para presentar a las autoridades nacionales una nueva propuesta de compra del 63,7% de las acciones en manos estatales a través del Fondo Nacional de Desarrollo Productivo, y de otro 21,2% que posee la administración mendocina.

El otro 15,1% restante se distribuye en un 9,8% para el fondo de capital controlado por los acreedores de la compañía y el 5,3% restante para el fideicomiso de capital controlado por los Pescarmona.

Cambio de condiciones para la primera empresa que busca privatizar Javier Milei

En noviembre pasado, y luego de haber finalizado el plazo del proceso licitatorio abierto por la Nación para privatizar la compañía, el holding extranjero presentó la única oferta, ya que el resto de los inversores potenciales que habían mostrado interés por la empresa desistieron de participar.

En el caso de ARC Energy ofreció inyectar alrededor de u$s27 millones como capital de trabajo en IMPSA, cifra que se acerca a lo que el Estado Nacional y Mendoza pagaron para ingresar en el 2021 al capital de IMPSA como parte del plan del anterior gobierno de Alberto Fernández para estatizar la metalúrgica y pasar a tomar su control accionario.

Si bien en un primer momento, la administración libertaria aceptó la propuesta de ARC Energy luego le pidió a los ejecutivos de este grupo una mejora de las condiciones de compra.

Ese proceso es el que vence este viernes próximo, cuando los supuestos compradores deben presentar la documentación correspondiente a la nueva oferta.

En ese sentido y si todo sale bien, el lunes 23 de diciembre se firmaría el traspaso y Milei tendrá la primera privatización de una empresa con capital mayormente estatal desde que desembarcó en el Casa Rosada, el 10 de diciembre del 2023.

¿Regalo de Navidad para el Gobierno?

Es decir, la venta de IMPSA podría anunciarse como "regalo de Navidad" para el gobierno libertario, para lo cual la comisión evaluadora creada en el seno del Ministerio de Economía deberá dar el visto bueno.

Fuentes cercanas al grupo inversor que es parte del fondo Industrial Acquisition Find (IAF), se manifiestan confiados en que la segunda propuesta que acercaron llene los reclamos del Gobierno y puedan finalmente tomar el control de IMPSA para iniciar, cuanto antes, el traspaso accionario y poner en marcha el plan inicial de negocios y capitalización de la empresa.

Una de las condiciones solicitadas por ARC Energy al Gobierno se refiere a la necesidad de sellar un acuerdo con los titulares de la deuda por u$s550 millones que posee IMPSA para postergar la reestructuración de ese pasivo.

Se trata de una deuda de larga data que desde ARC Energy no tienen intenciones de asumir, sino que ya han planteado la necesidad de que las autoridades nacionales y provinciales le encuentren una solución para poder firmar el traspaso sin contingencias.

IMPSA afronta deudas y debe abonar salarios

Otro pedido acercado a la administración del Presidente Milei se vincula con actualizar los contratos que la compañía tiene firmados con el sector público, pero que están siendo ejecutados debido a la orden del propio Milei de suspender y frenar la obra pública para reducir el déficit del Estado.

Es que IMPSA no posee recursos propios para hacer frente a sus necesidades de capital ni para cumplir con sus obligaciones financieras, precisamente porque la paralización de la obra pública la dejó sin esos contratos que había cerrado con varias áreas del Estado nacional y el provincial.

Estos pedidos se suman a lo admitido por los ejecutivos de ARC Energy al diario mendocino Los Andes, en una nota en la cual admitieron que mantienen el interés por la compañía y que van a cumplir con la presentación de la mejora antes de la fecha establecida, "porque queremos empezar a trabajar antes de Navidad".

Es más, en el mismo artículo se mostraron confiados con cerrar el deal e iniciar lo que dieron en llamar "los primeros 100 días de la IMPSA privatizada".

Otro de los problemas que trabaron hasta ahora las negociaciones se vincula con la falta de pago de los salarios de los 800 empleados de la metalúrgica, deuda que fue saldada con fondos de Nación la semana pasada, aunque todavía resta cancelar el medio aguinaldo de diciembre y los aumentos salariales obtenidos por la Unión Obrera Metalúrgica (UOM).

El atraso derivó en protestas del personal que fueron parcialmente desarmadas con la cancelación de parte de ese dinero y las promesas de terminar de abonar el resto antes de que finalice el año.

De hecho, este martes 17 de diciembre estaba prevista una nueva reunión entre representantes del gremio y de la empresa en el Ministerio de Trabajo para analizar los plazos de pago de esa deuda.

IMPSA, una empresa con potencial

Si finalmente ARC Energy convence al Gobierno nacional con su nueva oferta iniciará un proceso basado en aprovechar el potencial de la empresa como referente en América Latina, que cuenta con una tecnología propia para equipos de generación hidroeléctrica y con certificaciones para el diseño y fabricación de componentes nucleares que la puede convertir en un actor protagónico del sector energético mundial.

A esto se suma el expertise para la producción de turbinas para centrales hidroeléctricas y la construcción de elementos para reactores nucleares, equipos para la industria del petróleo y para la prestación de servicios de alta exigencia para el mantenimiento de esas tecnologías.

En la actualidad, la ex empresa de los Pescarmona se encuentra con un patrimonio neto negativo tal como surge de analizar un documento enviado por el Directorio de IMPSA a la Comisión Nacional de Valores (CNV), en el que su responsable de relaciones con el mercado admite que, tal como se observa de los estados financieros de los primeros nueve meses del año "la Sociedad resulta encuadrada dentro de las disposiciones del artículo 94, inciso 5º, de la Ley General de Sociedades N.º 19.550".

Es decir, le corresponden las generales de la norma en cuanto a su disolución, ya que una de las causas de esta posibilidad es la de sufrir la pérdida del capital social.

En el informe, sus ejecutivos destacan que su patrimonio neto al 31 de diciembre de 2023 fue de $37.640.751.000, mientras que al 30 de septiembre pasado se derrumbó a $18.993.803.000.

Agregan que la pérdida del ejercicio, que se elevó a $56.634 millones, fue consecuencia de los costos financieros que llegaron a $22.984 millones, y al impacto del impuesto a las Ganancias determinado por el método del impuesto diferido y la provisión de impuesto a las ganancias del período, que totalizó $36.677 millones.