La Justicia rechaza la reestructuración financiera de Ribeiro

En octubre del año pasado, el Juzgando Nacional de Primera Instancia N 23 convocó a una asamblea de acreedores de Ribeiro para analizar la propuesta de reestructuración que la empresa presentó ante sus acreedores.

En ese momento, los representantes de la cadena de venta de artículos electrodomésticos ofrecieron una serie de alternativas para poder iniciar el pago de un pasivo superior a los $3.000 millones y u$s77 millones.

En el encuentro virtual se informó sobre la propuesta del directorio de la compañía de mejorar la oferta y ampliar el periodo de exclusividad para presentarla en una nueva asamblea de obligacionistas.

El pedido se debió a que, en la empresa, consideraron "negativo" para su primera oferta al proceso inflacionario y sus proyecciones, por la distorsión que provocan en los cálculos y las previsiones de los acreedores.

A esto le agregaron las circunstancias cambiarias, la disparada de las cotizaciones y de la brecha entre el dólar oficial y los restantes ofrecidos.

Otro factor exógeno planteado fue la situación política y el acto electoral que derivó en la victoria de La Libertad Avanza y el desembarco de Javier Milei en la Casa Rosada.

En el caso de los acreedores bancarios, Ribeiro había negociado una refinanciación a fin de evitar la solución concursal arribando a al llamado "stand & still" que, sin embargo quedó en la nada por la situación del país.

Lo mismo le ocurrió con acreedores prestadores de servicios, de estructura multinacional.

La última esperanza de Ribeiro

En el marco de dicho proceso, en octubre pasado la empresa presentó una oferta para normalizar su performance y, de alguna manera, recuperar su perfil comercial luego de haber llegado a facturar u$s370 millones; emplear a 2.000 trabajadores y operar 90 sucursales.

Un mes después, el juzgado sorteó las sindicaturas que recayeron en Eduardo Jorge Auzmendi y José Augusto Palma y cerró el plazo de presentación de verificaciones de créditos tras haberse recibido 669 pedidos y 215 impugnaciones de acreedores.

En ese momento, la solicitud concursal fue considerada como "la última esperanza" de los dueños de Ribeiro, tras haber fracasado en su intento por ser auxiliada por el Gobierno para poder mejorar su situación financiera y evitar el default del cual responsabiliza al efecto que en su operatoria generaron las medidas sanitarias para combatir el coronavirus.

Por aquellos días, sus ejecutivos negociaron cerrar un acuerdo a partir de un crédito del banco BICE que le podía permitir volcar fondos al reperfilamiento de ese pasivo que en su mayoría está manos de entidades bancarias privadas siendo el Patagonia el principal acreedor.

Sin embargo, esas conversaciones nunca llegaron a buen puerto, por lo cual la empresa no pudo cancelar el pago de otra cuota de una serie de Obligaciones Negociables (ON) por $15 millones que venció el 23 de abril del 2022.

En ese contexto, a fines de diciembre del 2023 y bajo el expediente 11.480/2021, Ribeiro ofreció el pago total a los acreedores quirografarios del monto de sus créditos verificados y declarados admisibles.

Reducir activos

El dinero se hacía efectivo mediante la distribución del producido de la venta del inmueble y centro de distribución sito en el Polo Industrial Ezeiza, en la calle Torcuato Di Tella Nro. 1700, localidad de Carlos Spegazzini, partido de Ezeiza, provincia de Buenos Aires.

Además, le agregaba una mejora a su propuesta vinculada a que, si después de destinarse el 55% del producido de la venta del bien fideicomitido al pago de los créditos concurrentes quedara un saldo en el monto de esos créditos, este se abonará conforme los términos y condiciones de la propuesta subsidiaria.

Ahora, la compañía acaba de publicar un documento en la web de la Comisión Nacional de Valores (CNV), para explicar la situación actual de ese proceso concursal.

En el informe, denominado "Estado de Situación de Concurso Preventivo", los ejecutivos de la firma aseguran que existen "algunas instancias cumplidas" y detallan el momento que atraviesa el estado de situación de los autos "RRIBEIRO S.A.C.I.F.A. E I. s/CONCURSO PREVENTIVO", Expediente Número 11480/2021, que tramita por ante el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial Numero 23, secretaria Numero 46.

"Como ya fuera informado a esta Comisión, Ribeiro S.A., el 29.12.22, exteriorizó su Propuesta de acuerdo, que luego aclaró con fecha 14.02.23, y mejoró mediante presentaciones de fecha 14.02.23, y en fecha 01.07.24", detalla Ribeiro en su informe.

Recuerda que, a los titulares de Obligaciones Negociables (ON), les ofreció de manera complementaria a la propuesta básica o la subsidiaria, cuotas de participación en su rentabilidad, equivalentes al 5 %.

"Es de hacer notar que esas propuestas y sus mejoras estaban dirigidas a las categorías de Acreedores Comunes y Acreedores Titulares de ON, reconocidas como tales mediante resolución del 3.11.2022", destaca la nota.

Propuesta a fojas cero

De igual forma, se menciona que el 20 de marzo pasado, y habiéndose obtenido la conformidad de los acreedores que integran cada una de las categorías, el Juzgado declaró la existencia de acuerdo en los términos el artículo. 49 de la Ley de Concursos y Quiebras.

En lo particular, los tenedores de ONs, de cada una de las clases y series respectivas (L, M, N, k2, O, P. Ǫ, R, S y A)., aprobaron la propuesta durante la Asamblea Extraordinaria de Tenedores de ON que se celebró ese mismo día.

En ese sentido, el Tribunal concursal, de manera previa a resolver sobre la homologación, decidió correrle vista al Ministerio Publico, que el 14 de mayo pasado y el 1 de septiembre dictaminó siempre a favor del acuerdo.

De hecho, en el último pronunciamiento, la Fiscal de Primera Instancia realizó un profundo análisis de la empresa y de su propuesta, recomendando su homologación que fue dictada el 4 de octubre pasado.

Sin embargo, en dicho pronunciamiento, el Juez –titular por subrogación del Juzgado-, no tomó en cuenta los fundamentos y recomendación del Ministerio Publico, y decidió no homologar la propuesta.

Esto se debe a que el magistrado la consideró como "abusiva" por entender que no contempla un ajuste por la inflación padecida y por considerar que sus temimos alteraban el privilegio de los acreedores laborales.

La resolución fue apelada por los abogados de Ribeiro y obtuvo el aval de los integrantes de la Sindicatura de la empresa, quienes coincidieron con todas las argumentaciones y postularon por la homologación.

En este momento, y tras la presentación del recurso de apelación interpuesto por la empresa, interviene la Sala F de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial que, el 19 de noviembre pasado le dio vista a la Fiscalía ante la Cámara de Apelación que es parte, no solo por la intervención de la Fiscalía de Primera Instancia sino también por lo que dispone el artículo 276 de la ley de Concursos.

En el documento, los abogados de Ribeiro explican que el proceso "se halla en la citada Fiscalía a la espera del dictamen de su titular".