La "inmobiliaria" de Milei ya puso a subasta edificios por u$s47 millones
La "motosierra" inmobiliaria de Javier Milei sigue pasando sus filosas hojas en edificios emblemáticos propiedad del Estado Nacional que el Presidente quiere desprenderse para reducir los gastos públicos y, a la vez, engrosar las arcas del Tesoro Nacional.
El objetivo es rematar inmuebles del Estado que forman parte de los activos en poder de la Administración de Bienes del Estado (AABE), y recaudar alrededor de u$s1.000 millones mediante estas operaciones.
En todos los casos, la "inmobiliaria" oficial que depende de la Jefatura de Gabinete de Ministros y que tiene a su cargo la coordinación y gestión de activos en manos de la administración nacional, utiliza la modalidad de subasta pública para reducir las propiedades bajo su control.
El primero, en Puerto Madero
El marco legal para llevar a cabo este proceso es el Decreto 950/24 de principios d noviembre que dispone un llamado a subasta pública de más de 400 inmuebles públicos en múltiples puntos del país con el objetivo de "eficientizar el rol del Estado", ya que, según se argumenta en la norma, los bienes en cuestión "resultan innecesarios" y además se advierte que, mantenerlos "ociosos" genera costos y gastos que deben evitarse.
La norma fue firmada por el propio Milei y su jefe de Gabinete, Guillermo Francos y se orienta a promover la realización de los estudios técnicos, las regularizaciones, las adecuaciones, delimitaciones y desafectaciones que resulten necesarias para hacer efectiva la disposición de bienes del Estado ordenada.
En este marco, el pasado miércoles 20 de noviembre se ofertó un predio de 5.233,94 m²; está ubicado en Av. de los Italianos N.º 365/75 en donde en la actualidad funcionan dependencias del área de Ciberseguridad, con un equipo de aproximadamente 45 personas.
Fue la primera subasta de la AABE en el marco de este proceso, a pesar de que este mismo inmueble ya fue ofrecido en anteriores oportunidades (2019 y 2022), pero sin éxito.
Ubicado en el exclusivo barrio de Puerto Madero, el precio inicial de la subasta supera los u$s23.5 millones por los tres sectores identificados como A, B, C con los que cuenta el edificio ubicado sobre la Av. de los Italianos, entre las calles Emma de la Barra y Macacha Güemes.
Como referencia, el llamado a subasta recuerda que se encuentra cerca de la Reserva Ecológica y la Dársena Norte; el Puente de la Mujer; la terminal de Buque Bus a 500 metros y el Obelisco a 1600 metros; a 400 metros del Paseo del Bajo; a 500 metros de Av. Corrientes; a 700 metros de Av. Córdoba y a 1300 metros de Av. del Libertador.
En los considerandos de la resolución, se aclara que "los recursos que ingresen con motivo del cumplimiento de la presente Resolución, deducidos los gastos, se afectarán de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15 del Decreto N.º 1.382/12, modificado por el artículo 57 de la Ley N.º 27.341", lo cual significa que ingresarán directamente al Tesoro Nacional.
El segundo, propiedad del INTA
La norma está firmada Nicolás Alberto Pakgojz, presidente de la AABE, quien también acaba de poner su sello en otra resolución publicada este viernes 22 de noviembre para disponer la venta de otro terreno de 919 m², donde funcionan las históricas oficinas del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria Argentina (INTA) de la avenida Cerviño 3101/67, de 3.030 m² y donde trabajan 148 empleados.
El precio base establecido por la AABE para este inmueble es de $6.430 millones o su equivalente en dólares de algo más de u$s6.3 millones, a un tipo de cambio BNA de $/u$s1.008.
El procedimiento se realizará el lunes 23 de diciembre a las 12, de acuerdo a lo que indica la Resolución 70/2024, para iniciar el proceso de venta de un edificio donde actualmente funciona la Fundación ArgenINTA, INTeA y las Direcciones de Vinculación Tecnológica y de Relaciones Internacionales.
Todos en una superficie cubierta total de 3.143,53 metros cuadrados, en donde trabajan unas 140 personas y que está conformado de planta baja, primer piso y segundo piso.
En la Planta baja se encuentra ocupada por el CIEP, con oficinas administrativas y una sala de reunión, mientras que en el Primer Piso se ubica la Fundación ArgenINTA, con una sala de reuniones, el salón Arrayán, y el resto corresponde a oficinas administrativas. En el caso del Segundo Piso está ocupado en gran parte por INTEA.
Por otra parte, la Comisión Nacional de Monumentos y Bienes Históricos concluyó que el bien carece de valor patrimonial, al igual que lo hizo la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca dependiente del Ministerio de Economía de la Nación que puso a disposición el edificio expresando que "luego de haber sido analizada la situación de ocupación y uso del inmueble, resultó su estado de innecesariedad".
Además, el 31 de octubre pasado, el INTA fue informado de la medida y desde el instituto expresaron su conformidad para prescindir del edificio en una nota fechada el 12 de noviembre.
El tercero, un edificio en bloque
De manera paralela, este viernes 22 de noviembre la AABE publicó otra resolución en el Boletín Oficial para enajenar un conjunto de terrenos en torno a la calle Basavilbaso, entre Arenales y Juncal, en Retiro (Comuna 1).
El precio base asciende a los u$s16 millones y abarca los inmuebles sitos en Juncal Nº 724 entre Basavilbaso y Esmeralda (158.93 m2); Basavilbaso Nº 1260/62 entre Arenales y Juncal (536,80 m2); Basavilbaso Nº 1248/54 entre Arenales y Juncal (499,86 m2); Juncal Nº 712/14 esquina Basavilbaso Nº 1288 (268 m2); Basavilbaso Nº 1264 entre Arenales y Juncal (321,50 m2); y Basavilbaso Nº 1286 entre Arenales y Juncal (304,63 m2).
De acuerdo a los considerandos de la norma "los recursos que ingresen con motivo del cumplimiento de la presente resolución, deducidos los gastos, se afectarán de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 15 del Decreto Nº 1.382/12, modificado por el Artículo 57 de la Ley Nº 27.341".
Además, se recuerda que la medida "se enmarca en la decisión política del Poder Ejecutivo de hacer prevalecer el mejor aprovechamiento y utilización del patrimonio estatal, destinando la afectación de los bienes inmuebles estatales a la planificación, desarrollo y ejecución de políticas públicas".