Inminente conflicto entre Milei y gobernadores: buscan desregular el negocio de biocombustibles

En medio de la puja parlamentaria planteada con los gobernadores por el recorte de gastos y la distribución de fondos que contempla el Presupuesto 2025; la administración de Javier Milei abrió otro frente de conflicto con las seis provincias que integran la "Liga Bioenergética" al impulsar la entrada en escena de un nuevo proyecto de ley de biocombustibles que busca acelerar la desregulación y libre competencia del sector.

Con visto bueno del Secretario-Coordinador de Energía y Minería, Daniel González; un grupo de 15 diputados nacionales de La Libertad Avanza (LLA)--encabezados por la titular de comisión de Energía de la Cámara Baja, Lorena Villaverde—presentaron un proyecto de ley para establecer un nuevo marco regulatorio para el negocio de los biocombustibles que tiene como ejes centrales "desregular el mercado, generar competencia de manera inteligente y minimizar la intervención del Estado".

La iniciativa mileísta viene a competir directamente con el proyecto que promueven las autoridades provinciales de Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos, Tucumán, Salta y Jujuy y que fue ingresado al Congreso a principios de setiembre por medio del diputado nacional de Encuentro Federal, Carlos Gutiérrez.

Biocombustibles: ¿nuevo conflicto del Gobierno con gobernadores por proyecto desregulador?

Un primer análisis comparativo de las normativas en juego muestra que existen, a priori, tres puntos discordantes salientes que giran en torno a:

• las futuras subas de los porcentajes de cortes de biodiesel (BD) y bioetanol (BE);
• un mayor margen de acción para las petroleras y las grandes productoras de biocombustibles y
• un plazo más acotado para llegar a un mercado más competitivo y abierto con fijación libre de precios.

El proyecto consensuado de la Liga Bioenergética prevé un incremento gradual de los niveles de cortes actuales de 7,5% de BD y del 12% de BE hasta un nuevo piso común del 15%. En el caso del BD, el cronograma arranca con una suba del 7,5% al 10%; salta a 12% en 2025; a 14% en 2026 y llega al 15% a partir de 2027. En tanto, para el BE el aumento inicial va del 12% al 13%; sube al 14% en 2025 y alcanza al 15% en los primeros meses de 2026.

En cambio, la iniciativa de los legisladores libertarios contiene un sendero gradual de subas hasta 2027 que apunta a llevar los porcentajes de cortes obligatorios del BD al 10% y el correspondiente al BE al 15%. 

En el caso del BD, los precios de los volúmenes adicionales del 2,5% que se sumarán a la mezcla actual del 7,5% serán negociados libremente entre las plantas elaboradoras y las productoras de naftas y gasoil. A partir de 2027, comenzará a elevarse el porcentaje obligatorio de corte que podrá comercializarse de manera directa y sin regulación estatal. En 2031, el total del 10% de mezcla será de libre comercialización entre las partes.

Por el lado del BE, hasta finales de 2026 se mantendrá el corte actual de 12% que está dividido en 6% para los productores de maíz y 6% para los ingenios azucareros.  A partir el 2027, el corte se eleva al 15% y ese 3% adicional será de libre negociación. Para 2031, el total del cupo quedará abierto a la libre comercialización del mercado.

Biocombustibles: números negativos para empresas productoras

La pulseada entre los dos proyectos en juego se da en un escenario de números negativos para las empresas productoras de biocombustibles. De acuerdo con los datos del sector, las plantas de biodiésel en base a soja tienen una capacidad industrial ociosa del 70%; mientras que en las de bioetanol –tanto de maíz, como de caña de azúcar—ese registro se ubica en el 20%.

La mayor cantidad de plantas elaboradores de BD se concentran en la provincia de Santa Fe, donde se ha consolidado un polo industrial paralelo al aceitero. Predominan plantas industriales de gran tamaño, con capacidades productivas de entre 100.000 y 600.000 tn/año. El resto de las industrias están en las provincias de Buenos Aires, San Luis, Entre Ríos, Santiago del Estero y La Pampa. Por la ley vigente, las plantas integradas de BD no pueden vender al mercado interno y solo pueden exportar sus producciones. La demanda doméstica se cubre con un sistema de cupos que beneficia a las Pymes y empresas no integradas del sector.

Según el experto en biocombustibles Claudio Molina, la producción de BD prevista para este año llegaría a 1.250.000 toneladas, un 34,6% menos que el promedio histórico. De ese total, 800.000 tn. -un 4,7% menos que promedio histórico- tendrían como destino el mercado interno. Por lado de las exportaciones se irían las 450.000 tn restantes que representan un 60% menos que el promedio de ventas al exterior de los últimos años.

Uno de los principales destinos que tenía el BD hasta 2016 fue el mercado de EE.UU., el cual quedó prácticamente bloqueado por la aplicación de los aranceles antisubsidios y antidumping que impuso la anterior gestión de Donald Trump.

Nuevo escenario de competencia

Tras no haber podido incluir en la Ley Bases la amplia desregulación del negocio de los biocombustibles que había alentado el exsecretario de Energía, Eduardo Rodríguez Chirillo; la administración mileísta busca ahora avanzar con un modelo alternativo que tiene como meta esencial que dentro seis años cualquier empresa local o extranjera que cumplan los requisitos fijados pueda "acceder libremente a un mercado de  competencia donde la única regulación será la destinada a evitar los monopolios y las prácticas abusivas en determinadas regiones y en condiciones de alta demanda".

La movida de los diputados oficialistas apunta a cambiar las reglas de juego que rigen actualmente por la aplicación de la ley de Biocombustible 27.640 que había impulsado el diputado Máximo Kirchner y que tiene como fecha de expiración el 31 de diciembre de 2030.

Tras señalar que "actualmente existen mecanismos de interferencia entre la autoridad de aplicación y los productores que generan distorsiones en volúmenes y precios, lo cual termina perjudicando a los consumidores finales de combustibles"; el proyecto en danza tiene entre sus principales objetivos "la necesidad de garantizar la calidad y disponibilidad de biocombustibles, proteger los derechos de los usuarios y asegurar la seguridad de las instalaciones de producción y almacenamiento".

Uno de los aspectos novedosos es la ampliación de la definición de biocombustibles, incluyendo opciones avanzadas como los combustibles sintéticos derivados de CO2 y agua con el fin de "alinear la legislación local con estándares internacionales y fomentar nuevas tecnologías en el país".

Además, la iniciativa busca priorizar la movilidad sostenible, incentivando el uso de biocombustibles en el transporte como el biojet, un componente clave para la aviación sostenible, y el biometano para vehículos terrestres.

El nuevo marco regulatorio libertario define a la exportación de biocombustibles como "un derecho libre a ser ejercido por los diferentes actores del mercado". No obstante eso, establece que el PEN "podrá autorizar la importación de biocombustibles destinadas a la mezcla con nafta y gasoil si el precio de paridad de referencia fuera inferior al ofertado para la compra de biocombustibles y materias primas de origen nacional".