Incertidumbre por el futuro de las únicas autopistas privadas del país
A pesar de la impronta promercado y con especial énfasis en el modelo libertario, que desprecia al máximo la participación estatal en la economía, el Gobierno de Javier Milei sigue sin resolver la continuidad del mayor grupo operador de rutas con peaje del mundo en la Argentina.
Se trata de Abertis, holding español controlado por sociedades que son propiedad del empresario español Florentino Pérez, también dueño del Real Madrid; y de la familia italiana Benetton.
En la Argentina, el grupo es dueño de las empresas Autopistas del Sol (Ausol) y Grupo Concesionario del Oeste (GCO) que, en conjunto, tienen la concesión de las autopistas Panamericana y Acceso Oeste, además del gerenciamiento de la Avenida General Paz.
Autopistas privadas no conocen su futuro
El anterior gobierno del expresidente Alberto Fernández y el kirchnerismo intentó estatizar ambas concesiones presentando una demanda en la justicia para anular el contrato que Abertis había firmado durante la gestión de Cambiemos para extender el acuerdo hasta el 2030 y reclamar la reestatización de las rutas.
El objetivo era sumar estas operaciones a las que ya se le habían trasladado a la sociedad estatal Corredores Viales, al punto que, a pesar del cambio de gobierno y de ideología política, las causas continúan.
En este sentido, la justicia ya tomó varias definiciones, siempre en contra de los intereses de ambas operadoras, designando veedores en sus directorios y ordenando que se frenen las presentaciones que Ausol y GCO hicieron ante un tribunal internacional para defender sus derechos en el país.
Contexto sin cambios
En el caso de Corredores Viales, es la misma sociedad estatal que el actual gobierno de Javier Milei ahora quiere privatizar, para lo cual ya lanzó una convocatoria nacional e internacional para buscar interesados en el proceso.
Pero, a pesar de esta decisión, con respecto a Ausol y GCO no hubo novedades con la renovación de sus contratos de concesión, como tampoco presentaciones judiciales del Gobierno para dar por terminado el conflicto en el ámbito de los tribunales y, así habilitar una nueva negociación para readecuar el contrato de concesión.
En este contexto, ambas concesionarias siguen acumulando balances con fuertes pérdidas, aún a pesar de que en el último año recibieron adecuaciones de sus tarifas, que el kirchnerismo había congelado, a pesar de la fuerte suba de la inflación y de los costos para mantener las operaciones de las autopistas.
Es más, en lo que va del año, en conjunto suman millonarias pérdidas que superan los $135.600 millones, siendo Ausol la mayor perjudicada con $93.029 millones, quedando el restante rojo aportado por GCO, cuando el igual período del 2023 las dos había reportado ganancias por $27.489 millones.
A este incierto panorama se suma la disputa que las sociedades enfrentan en los tribunales por la defensa de sus contratos y por la falta de readecuación de sus cuadros tarifarios durante los años kirchnheristas que fueron congelados casi por una década.
Silencio en la Casa Rosada
Hasta ahora, las autoridades libertarias no se han pronunciado sobre este caso ni han dado pistas de si van a dejar caer los contratos para convocar a nuevas licitaciones o si retomarán las negociaciones con Ausol y GCO para ampliar los plazos de los actuales convenios que habían sido prorrogados hasta el 2030 por el gobierno de Cambiemos, según los decretos 607 y 608 del 2018.
Mientras tanto, ambas empresas siguen operando a pérdida y no esperan que la situación cambie durante el próximo trimestre, ya que tampoco consideran que habrá variantes en el contexto económico y jurídico en el que se encuentran operando.
Sus ejecutivos entienden que los aumentos otorgados a partir de mayo hasta la fecha son, a todas luces insuficientes y tardíos para paliar el fuerte incremento de los costos operativos derivados de los efectos inflacionarios en 2024.
En consecuencia, anticipan que ambas sociedades seguirán realizando todas las presentaciones que sean necesarias en defensa de sus derechos, "sin perjuicio de la continua predisposición para trabajar en conjunto con las autoridades competentes con el fin de lograr el cumplimiento oportuno de los compromisos asumidos por el concedente", detalla el holding en una carta enviada a la Comisión Nacional de Valores (CNV).
En ese mismo documento, tanto los ejecutivos de Ausol como los de GCO anticipan que seguirán gestionando los recursos financieros disponibles bajo criterios de responsabilidad, "priorizando la prestación de un servicio de calidad para los usuarios en condiciones de seguridad y confort, atendiendo las necesidades de seguridad vial, mantenimiento de infraestructuras, preservación del medio ambiente e innovación tecnológica, ejes centrales en la gestión".
De igual modo, recuerdan que sus contratos de concesión vencían en diciembre del 2018, pero fueron prorrogados por el llamado Acuerdo Integral firmado con el expresidente Mauricio Macri hasta el 31 de diciembre de 2030, en el marco de conversaciones a partir de las cuales las concesionarias se comprometieron a la realización de las obras de construcción, remodelación, mejoras, reparación y ampliación de la concesión, así como su explotación y administración.
Impugnaciones cruzadas
Sin embargo, ese convenio no se encuentra vigente y es, a partir de esa decisión, que las dos empresas reclaman al Estado millonarios fondos supuestamente adeudados por la administración nacional en concepto del no reconocimiento de los ajustes tarifarios, a pesar de algunos aumentos parciales, y la falta de compensaciones al respecto.
De hecho, tanto Ausol como GCO presentaron sendas impugnaciones a todas las resoluciones surgidas del Gobierno para retocar los precios de los peajes y la metodología aplicada para esos cálculos "por apartarse del criterio sentado en el Anexo II de la Resolución 197, como así también porque los cuadros tarifarios aprobados se apartan de lo dispuesto en el Acuerdo Integral".
Adicionalmente, dejaron planteado que consideraban los incrementos aprobados como parciales y a cuenta de lo que correspondería por aplicación del AIR, a la espera de la recomposición de la ecuación económica y financiera del contrato de concesión.
Pero, a pesar de estas presentaciones efectuadas ante la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), el grupo no tuvo ninguna respuesta, por lo cual sus ejecutivos advierten que "de no obtener una respuesta satisfactoria a las nuevas presentaciones efectuadas, continuarán realizando más reclamos con el objeto de preservar sus derechos, sin perjuicio de la acción arbitral que fuera iniciada ante la Cámara de Comercio Internacional".
En este sentido, el 27 de septiembre pasado, se interpusieron recursos de apelación contra la medida cautelar dictada sobre la Cláusula Arbitral, mientras que el 1 de noviembre de 2024, Ausol fue notificada de la resolución dictada mediante la cual el Juez interviniente hizo lugar a otra medida cautelar solicitada por el Estado Nacional que dispuso designar como Interventor Veedor y Fiscalizador a José Luis Perrone, con el fin de ejercer la supervisión, inspección y auditoría de la renegociación del contrato de concesión, a la vez que suspendió el mecanismo de compensación destinado a la recuperación de u$s247 millones y prohibir de manera preventiva la distribución de dividendos y de alterar, mediante cualquier figura jurídica, la composición del capital social y de las posiciones accionarias.
Las empresas apelaron la decisión y aseguraron que "continuarán realizando el seguimiento de la causa y realizando todas las presentaciones necesarias para el resguardo de los derechos".
Mantener la cautela
Además, advirtieron que las acciones legales pueden tener varias consecuencias, dependiendo de la evolución de cada una de ellas, además de generar una incertidumbre significativa respecto de la resolución de la demanda de lesividad y el eventual impacto que pudiera tener en la valuación del derecho de cobro del estado de situación financiera, así como en el plazo y/o términos de la concesión, en el método establecido para la revisión tarifaria y en el desarrollo de las actividades.
En este contexto dicen "mantener la cautela en cuanto a las posibles consecuencias y consideras que, con la información disponible "no se puede aún anticipar cuál será el resultado final de la causa judicial y los efectos que ella pudiera tener al final del proceso, cuyas variables no se encuentran bajo el control del grupo y cuyo trámite dependerá de un extenso período probatorio".
Posibles escenarios
En el caso de que la demanda por lesividad iniciada por el Estado Nacional no prospere, las sociedades continuarán con la explotación de la concesión bajo los lineamientos previstos en el AIR y, asimismo, se deberán acordar las medidas necesarias que permitan equilibrar el contrato "con motivo de los incumplimientos del Concedente".
Pero de considerarse como supuesto que la acción de lesividad prosperara a favor del Estado Nacional, declarándose la nulidad del AIR, debería retrotraerse la situación a la
Renegociación Contractual iniciada en el 2002, quedando pendiente nuevamente la Instancia de Revisión Final prevista en el Acuerdo de Renegociación Contractual firmado en el 2006.
"Si bien la medida cautelar inicialmente solicitada por el Estado Nacional no fue admitida por el juez interviniente en la causa, el plazo de concesión extendido hasta el 31 de diciembre de 2030 a partir de la vigencia del AIR, con el fin de permitir el repago de la deuda no amortizada acordada, hubiese finalizado el 31 de diciembre de 2018, generándose una incertidumbre sobre la fecha de finalización del plazo de la explotación de la concesión", argumenta el documento de las empresas.