Argentina le pagará u$s390 millones a un fondo buitre por la estatización de Aerolíneas
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La Argentina y el fondo Titan Consorsium acordaron los términos del pago de u$s340 millones más intereses. Se trata de un caso por la expropiación de Aerolíneas Argentinas, que tenía sentencia del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a inversiones (CIADI) y que la Justicia de EEUU habilitó en agosto la ejecución de esa deuda.
El entendimiento entre los abogados del país y los demandantes es "sobre los términos y condiciones de la sentencia en el caso expropiación de Aerolíneas. La Argentina deberá abonar u$s389,5 millones incluyendo intereses que, a partir del día del fallo acumularán a una tasa variable que hoy es de 5,11%", explicó a TN Sebastian Maril, analista de Latin Advirsors, que sigue el detalle de los juicios contra el país en el exterior.
El acuerdo permite que la Justicia de Estados Unidos se expida en las próximas horas o días en lo que se denomina sentencia final, sin pasar por un juicio y que, ante incumplimiento del condenado, activa de manera directa el inicio de procesos de embargos hasta cubrir el total de la sentencia, explicó el especialista.
La Argentina había rechazado en una primera instancia los argumentos que había presentado Titan Consortium en la causa, pero esa presentación no tuvo efecto positivo y un tribunal estadounidense determinó que la sentencia debía ser ejecutada.
Lo que sí debe ocurrir ahora es que, tal como se comprometió, que la Argentina pague lo que está estipulado, aunque para que los tiempos comiencen a correr primero se debe expedir el juez que entiende en la causa, quien debe dar la sentencia final.
La última venta de Aerolíneas Argentinas, por la que se pagó un dólar
La operación en cuestión ocurrió en 2001, pero se gestó en los años anteriores. Originalmente, fue la estatal española Iberia quien se quedó con Aerolíneas Argentinas en 1990 tras pagar u$s260 millones en efectivo y u$s1.610 millones en títulos públicos. Cuando en 1999 Iberia se privatizó, la aerolínea argentina quedó a cargo de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) de España.
A mediados de 2001, Aerolíneas estaba sumida en una profunda crisis, con suspensiones de vuelos y en convocatoria de acreedores. En octubre de ese año, finalmente la SEPI vendió las acciones al grupo Marsans, quien pagó el valor simbólico de un dólar por la empresa y se hizo cargo de buena parte de la deuda que tenía la empresa.
Según informó por entonces la agencia de noticias española EFE, "la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) de España adjudicó Aerolíneas Argentinas a Air Comet, integrada por Air Plus y el grupo turístico Marsans".
Los reportes de esa época señalan que la SEPI recibió cuatro ofertas para quedarse con sus acciones. Su presidente, Ignacio Ruiz Jarabo, sostuvo entonces que, "a diferencia de las otras propuestas finalistas, el comprador no requiere que SEPI asuma riesgos financieros futuros". También explicó que el comprador asumía el 50% de los pasivos históricos que tiene Aerolíneas Argentinas: representaban unos u$s615 millones, "frente a u$s1.230 millones que suman la deuda concursada, más las pérdidas posteriores a la convocatoria".
"Además, con esta solución concluye el proceso de continuas aportaciones de capital público español que han sido necesarios en un proceso de diez años para sostener a la empresa aérea argentina. El total ha sido de u$s1.817,5 millones. Entre 1990 y marzo de 1996 se aportaron u$s1.200 millones y desde entonces ahora otros u$s600 millones", resaltó el titular de la SEPI entonces.
El grupo Marsans, era propiedad de Gonzalo Pascual y Gerardo Díaz, dueños también del 51% de Spanair. Por entonces, el grupo facturaba u$s1.500 millones anuales y empleaba a 6000 personas. En tanto, Aerolíneas Argentinas arrastraba una millonaria deuda y desde su privatización en 1990 sólo había obtenido beneficios en 1997.
El camino hacia la estatización de Aerolíneas Argentinas
En 2002, con el país afrontando una fuerte crisis económica y el impacto negativo que los atentados del 11 de septiembre de 2001 causaron en la aeronavegación, Aerolíneas Argentinas cerró varios de sus servicios internacionales. Pudo volver a operar gracias a un desembolso de u$s50 millones que aportó Marsans. Ese año, la empresa salió de la convocatoria de acreedores.
Pero para 2004, Aerolíneas Argentinas había entrado nuevamente en crisis y registraba un patrimonio neto negativo de $81 millones. Según un informe de la Auditoría General de la Nación, se registraron desmanejos en la administración de la empresa.
En julio de 2008, los representantes del Estado en el directorio de la empresa se presentaron en la Justicia y pidieron la intervención. En julio de ese año, la presidenta Cristina Kirchner anunció que enviaría al Congreso un proyecto de ley para la estatización.
En septiembre, el proyecto fue aprobado y Aerolíneas Argentinas volvió a manos del Estado argentino. A partir de la estatización, Marsans llevó a Argentina ante el Ciadi y en 2019 obtuvo una sentencia que obligaba al país a pagar u$s320 millones.
Desde su estatización, los resultados financieros de Aerolíneas Argentinas fueron negativos y la empresa requirió de fondos del Tesoro Nacional para poder financiar esos pasivos: según los datos oficiales disponibles, a partir del 2012, los resultados operativos de la compañía (resultante de ventas de pasajes y los gastos, excluyendo operaciones financieras) terminaron en rojo.