Nuevo revés judicial para una de las principales operadoras de autopistas
Mientras enarbola las banderas de la libre competencia y la menor injerencia del Estado en la economía, el Gobierno sigue sin definir la postura que adoptará ante la causa judicial que la administración de Alberto Fernández inició para re estatizar las principales concesiones de autopistas de la Argentina.
Si bien la administración libertaria puso en marcha un proceso licitatorio para desprenderse de las rutas con peajes que controla la sociedad pública Corredores Viales, en el caso de la Panamericana y del Acceso Oeste no se observan vientos que levanten las banderas ideológicas que defiende el presidente Javier Milei.
Ambas rutas son actualmente operadas por Autopistas del Sol (Ausol) y Grupo Concesionario del Oeste (GCO) respectivamente y vienen enfrentando una causa judicial que les inició la gestión de Alberto Fernández con el objetivo de cuestionar sus contratos de concesión y de pasar las operaciones nuevamente al Estado.
El futuro de las autopistas: sin comentarios oficiales
En este marco, desde la Casa Rosada no se han emitido, por lo menos hasta ahora, señales que avalen la defensa de ambas concesiones y mucho menos la posibilidad de renegociar los acuerdos tal como solicitan ambas empresas que, a su vez, forman parte del grupo español Abertis, el más importante a nivel mundial en operaciones de rutas con peajes.
Es más, el holding tiene presentada una demanda contra la Argentina en varios tribunales internacionales de resolución de conflictos entre países y el sector privado, y localmente enfrenta una causa en la cual no le está yendo nada bien.
Ya en el 2022, Abertis presentó ante un tribunal internacional una demanda en contra de la Argentina con el objetivo de defender la continuidad de las concesiones de las autopistas que opera en el país y que la administración del ex presidente Alberto Fernández pretendió anular. La denuncia fue recibida por la Corte de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional (CCI), una organización nacida en 1919 que tiene el estatus de organismo de consulta ante la la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para defenderse de la avanzada estatizadora que lideraba el entonces Ministerio de Obras Públicas en la Justicia local, para que se declare nulo el llamado Acuerdo Integral de Renegociación que firmaron con el anterior gobierno de Cambiemos en el 2018.
Ese contrato extendía por 10 años las operaciones de ambas sociedades, lo cual el ex presidente Alberto Fernández quiso anular acudiendo a los tribunales para pedir reestatizar los pejaes bajo control de Ausol y GCO.
El entonces ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, presentó la demanda por instrucción expresa del Poder Ejecutivo Nacional, mediante el Decreto N° 633/2022 y en los términos del artículo 17 de la Ley Nacional de Procedimiento Administrativo N° 19.549 y de los artículos 319, 330 y ccdtes. del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.
También solicitó el dictado de una cautelar inaudita para trasladar la gestión de ambas concesionarias al Estado Nacional.
Avance de la "patria" judicial
Las causas se tramitan en el Juzgado N 6 a cargo de Enrique Valerio Lavie Pico, quien hasta ahora siempre definió en contra de Ausol y de GCO, aunque todavía no se definió sobre el fondo de la causa. Es decir, sobre si las autopistas Panamericana y el Acceso Oeste deben volver a manos del Estado.
Como contrapartida, las empresas de Abertis siguen defendiendo el contrato que firmaron con el ex presidente Mauricio Macri, asegurando que se trata de un acuerdo "plenamente legítimo" que fue aprobado por las máximas autoridades del Estado Nacional "siendo el resultado de un proceso de renegociación que se extendió por 10 años".
Ambas empresas recuerdan además que el proceso se inició en el 2002, con un acuerdo parcial aprobado en el 2008 y que se completó en el 2018 con la firma del llamado Acuerdo Integral.
En el 2015, el grupo español ya había recurrido al Ciadi, el tribunal arbitral del Banco Mundial, para reclamar una millonaria indemnización por la decisión del entonces gobierno de Néstor Kirchner de congelar y pesificar las tarifas de los peajes.
Pero luego desistió de continuar con la demanda que era por u$s1.100 millones como parte del compromiso de renegociación de sus contratos de concesión que en el 2018 firmó con la administración de Cambiemos.
Sin embargo, el desembarco nuevamente del kirchnerismo en la Casa Rosada reflotó la disputa, ya que sus por entonces autoridades entendían que el contrato "compromete al Estado con una deuda millonaria, inexistente y lesiva a los intereses de las y los usuarios y cuya existencia no se encuentra comprobada".
También cuestionaron la dolarización de las tarifas y la prórroga de la concesión por 10 años y el compromiso de suba de los peajes para cumplir la obligación de pago incluida en los acuerdos en promedio, 20 veces en el Acceso Norte.
Arbitraje interrumpido
De hecho, la justicia avanzó en línea con el argumento del kirchnerismo ya que a mediados de este año, el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Federal N° 7 dispuso la suspensión provisoria de los efectos del artículo 16 (Arbitraje) del acuerdo de renegociación del contrato de concesión del Acceso Oeste.
También le ordenó a GCO de "abstenerse de continuar impulsando el procedimiento arbitral ante la CCI contra la Argentina, hasta tanto se dicte sentencia definitiva en el proceso judicial antes referido".
La cautelar fue dictada a pedido de las entonces autoridades de la Dirección Nacional de Vialidad, cuando estaba a punto de celebrarse la audiencia de prueba del procedimiento arbitral ante el tribunal internacional, que debió desarrollarse entre el 23 y el 26 de septiembre pasado en la Ciudad de Buenos Aires con la presencia de los árbitros que residentes en el exterior ya se encontraban en la Capital Federal, dilapidando los esfuerzos técnicos y económicos que se estaban realizando.
Para los ejecutivos de la empresa, la medida judicial profundizó la severa afectación de los derechos de GCO y de sus accionistas "resultante del incumplimiento y de la continuada pretensión del Concedente de desconocer la validez de dicho acuerdo", según advirtieron en su momento a través de un comunicado enviado a la Comisión Nacional de Valores (CNV).
El magistrado ya había fallado en contra de Ausol en noviembre del año pasado cuando dispuso la intervención de la concesionaria, en tanto que ahora dispuso una medida cautelar que, según el Estado Nacional, "determinaba la improcedencia de la continuidad del procedimiento arbitral" internacional, pese a lo cual AUSOL SA "resolvió continuar con el trámite iniciado".
Intervención y prohibición
Ahora, y siguiendo la misma línea argumental, la Justicia emitió una nueva medida cautelar en contra de GCO en los autos: "EN-DNV c/ Grupo Concesionario del Oeste S.A.- Dto 608/18 s/ Inc de Medida Cautelar" (Expediente N° 59.107/2022/1), que se tramita ante el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Federal N° 7.
Se trata del mismo proceso judicial de lesividad promovido por la Dirección Nacional de Vialidad en relación con el Acuerdo Integral de Renegociación Contractual aprobado por el Decreto N° 608/2018 del gobierno de Macri.
En este caso, la nueva cautelar le ordena GCO designar como Interventor Veedor y Fiscalizador en la sociedad al contador José Luis Perrone, quien deberá tener a su cargo la supervisión, inspección y auditoría de la renegociación del contrato de concesión. Del mismo modo, se hará cargo de la fiscalización y control de todos los actos de administración habitual que puedan afectar la normal prestación del servicio de la concesionaria.
La medida también suspende el llamado mecanismo de compensación destinado a la recuperación de u$s247 millones dispuesto en el Acuerdo Integral, además de prohibir preventivamente la distribución de dividendos y la alteración, mediante cualquier figura jurídica, de la composición del capital social y de las posiciones accionarias de la Sociedad.
"Ello, hasta tanto se dice sentencia definitiva en las actuaciones", argumenta el organismo judicial en su fallo conocido este lunes 4 de noviembre.
La respuesta de los abogados de GCO no se hizo esperar y, mediante un comunicado enviado a la CNV, anticiparon que procederán "a recurrir la medida cautelar informada y a continuar realizando todas las presentaciones necesarias para la defensa y de sus derechos y los de sus accionistas". Se trata de una cautelar similar a la que ya existía para Ausol desde fin de 2022, aunque en este caso el Juzgado, "completó" las medidas que faltaban dictarse, teniendo en cuenta que ya había tomado la decisión de suspender la cláusula arbitral ante la CCI. Es decir, hasta ahora los tribunales ya decidieron la suspensión de la Cláusula de Compensación; de la distribución de dividendos; prohibieron cualquier modificación la paquete accionario y designaron un Veedor para verificar el cumplimiento de las cautelaras hasta ahora dictadas a través de este contador Perrone, que ya había sido designado en el mismo cargo para Ausol.
En el marco de esta disputa judicial, llama la atención el silencio de la Casa Rosada ante esta avanzada estatizadora que sigue su curso en los tribunales a pesar de haber sido impulsada por un gobierno que ya no tiene poder y al que desde la propia usina libertaria combaten por su exagerado amor al estatismo, al contrario de la ideología que el propio Milei levanta para casi terminar con el Estado y darle más participación a las inversiones privadas.