Milei quiere desplazar a la actual operadora de la Ruta del Mercosur

El mismo día en que otorga un aumento en las tarifas de los peajes de la Panamericana y el Acceso Oeste, el Gobierno avanza con la licitación de otros corredores viales controlados por una sociedad estatal creada por el macrismo, así como con la principal ruta del Mercosur que hasta el momento opera una empresa privada.

Lo hace con una poco clara medida anunciada por Vialidad Nacional, que establece como objetivo el de crear una nueva red federal privada para la operación y mantenimiento de rutas.

La falta de claridad en la información se debe a que la medida incluye a las rutas que hoy opera la sociedad estatal Corredores Viales, así como el trazado en manos de Caminos del Río Uruguay (CRUSA), cuyo contrato se encuentra vencido, pero que fue ampliado por el propio gobierno libertario hasta abril del 2025.

Corredores Viales, en la lista de privatizaciones de Javier Milei

En el caso de la sociedad estatal, fue creada por el gobierno de Cambiemos para la construcción, la mejora y el mantenimiento, entre otras cosas, de todas las rutas, autovías y caminos de jurisdicción nacional.

Nació de la mano del Decreto 794/2017 del entonces Ministerio de Transporte, en el cual se explicaba que el 51% de la nueva empresa quedaba en poder de la cartera que conducía Guillermo Dietrich, mientras que la Dirección Nacional de Vialidad sería tenedora del restante 49%.

Al asumir, Milei colocó a Corredores Viales en la lista de "privatizables" y que opera todas las autopistas, salvo tres: la Panamericana y el Acceso Norte, operada por Ausol; el Acceso Oeste, bajo control de Grupo Concesionario del Oeste (GCO), y la ruta 14, que tiene a su cargo CRUSA y es el corredor más importante que la Argentina aporta al Mercosur.

Su trazado atraviesa los puentes Zárate y Brazo Largo y corre por las rutas 12 y 14 para comunicar el litoral argentino con una autovía que llega al límite con Brasil y con Uruguay, además del puente que une Rosario con Victoria.

Ahora, Vialidad Nacional acaba de informar que pretende licitar todos estos trazados para privatizarlos "a fin de disminuir el déficit, transparentar el gasto y equilibrar las cuentas".

Hace referencia también al avance "en la reorganización administrativa del Estado con el objetivo de mejorar su funcionamiento, reducir el sobredimensionamiento estructural y disminuir el déficit fiscal".

El Gobierno asegura que la empresa estatal dio déficit

De igual modo, el anuncio menciona la implementación de la Ley 27.742 de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, como punto de partida para "poner en marcha la transferencia de la gestión, operación y mantenimiento de las rutas nacionales concesionadas al sector privado, que actualmente está mayormente a cargo de Corredores Viales S.A.".

Como respaldo a la decisión de privatizar esta sociedad, el comunicado asegura que "esta empresa estatal no ha logrado cumplir con los estándares mínimos de operación y mantenimiento, operando con déficit a pesar de los aumentos tarifarios realizados".

Señala también que, hasta diciembre de 2023, las deudas fueron cubiertas con fondos del Tesoro Nacional, "desvirtuando el propósito del peaje, el cual es financiar de manera autónoma la operación y el mantenimiento de las rutas".

Para "sacarse de encima" dicha carga, la gestión libertaria convocará a una licitación pública nacional e internacional abierta a todos los actores que cumplan con las garantías exigidas.

La idea del Gobierno, crear una nueva red federal

La idea es crear un esquema que promueva una mayor competencia, ya que permite la participación de empresas que no necesariamente pertenecen al sector de la construcción vial, generando mayor transparencia y confianza en el sector privado.

En este sentido, Vialidad Nacional divide el proceso licitatorio en dos etapas, siendo la primera la concesión de dos tramos del Corredor 18, que pertenece a CRUSA, empresa que no tiene intenciones de abandonar la operación, sino que, por el contrario, entiende que las autoridades nacionales deberían abrir un proceso de renegociación contractual para extender su operación más allá del 9 de abril del año próximo.

Sin embargo, Vialidad Nacional incluye en la licitación, principalmente las rutas nacionales 12 y 14, el Puente Rosario-Victoria, y atraviesa las provincias de Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe y Corrientes.

La medida judicial dispuso que CRUSA continúe operando las rutas y los enlaces viales con el cobro de peajes por un plazo inicial de seis meses, tal como se describe en el fallo del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial N° 9 que se fundamentó en el hecho de que "el Estado Nacional no abrió aún la instancia de renegociación del contrato con la empresa concesionaria, ni interpuesto en los términos adecuados la finalización de la concesión".

En ese momento, CRUSA ya había solicitado la apertura de su concurso preventivo de acreedores, afectada por los constantes incumplimientos contractuales por parte del Estado Nacional en lo referente a la actualización de los cuadros tarifarios.

Por ese motivo, la empresa vial acudió nuevamente a la Justicia para continuar al frente de la concesión y poder negociar la finalización del contrato en mejores condiciones con las autoridades nacionales.

Según el fallo que dio curso a la medida de no innovar, la empresa debe presentar un informe cada 30 días sobre "el destino dado a los fondos percibidos por el cobro de peajes a los fines de posibilitar el debido control de la sindicatura e información del tribunal".

El Gobierno lanzará en diciembre de 2024 la convocatoria de la primera etapa

Pero más allá de esta disputa con CRUSA, en Vialidad Nacional ya decidieron que la convocatoria para esta primera etapa se lanzará en diciembre de 2024, previendo la adjudicación y toma de posesión en abril del año siguiente, con lo cual no habrá chances de que CRUSA pueda extender el acuerdo, salvo que se le permita participar de la nueva licitación y la gane.

Se trata de un objetivo algo complicado para la sociedad, teniendo en cuenta que se encuentra litigando contra el Estado que inició en el 2022 por incumplimiento de contrato por u$s300 millones que se tramita con el expediente CAF 69706/2022 del Juzgado Contencioso Administrativo Federal Nº 11.

Es más, en agosto pasado un consorcio privado se mostró interesado en desplazar a CRUSA de la concesión y quedarse con el trazado.

La propuesta partió de un grupo conformado por Luis Losi S.A.; Rovella Carranza S.A. y JCR S.A. que, en conjunto, presentaron ante el Ministerio de Economía una iniciativa privada para la concesión de la ruta del Mercosur.

Es decir, por los 618 Km que unen la ciudad de Zárate, provincia de Buenos Aires, con la de Paso de las Libres, en Corrientes, a través de las Rutas Nacionales 12, 14 y 117.

De acuerdo a una carta enviada al ministro Luis Caputo, titular del Palacio de Hacienda, consideran que se trata del principal corredor argentino para el intercambio comercial con Brasil y Uruguay y entienden que "su actual estado de deterioro no permite que sea una plataforma eficiente para el desarrollo y el crecimiento de la región y el país".

Por eso, pidieron un plazo de concesión de 15 años y prometieron una inyección de más de u$s650 millones, estimando un costo de operación y mantenimiento que ronda los u$s300 millones.

Cómo es la segunda etapa de la convocatoria de la licitación

A partir de la decisión que acaba de anunciar Vialidad Nacional este jueves 10 de octubre, es más que probable que este consorcio deba presentarse al proceso licitatorio si pretende quedarse con la operación de la llamada Ruta del Mercosur.

En el caso de la segunda etapa, contempla dar en concesión 5.513 kilómetros de rutas actualmente gestionadas por Corredores Viales S.A., sumando otras rutas que hasta ahora no estaban concesionadas, como la RN 33 en Santa Fe; la RN 18 en Entre Ríos, y la variante de la RN 19 en Córdoba, en el marco de una etapa que estará dividida en diez tramos.

En total, se licitarán 8.648 kilómetros distribuidos en 12 tramos que representan el 20% de la red vial nacional, pero concentran el 80% del tránsito.

La convocatoria para esta segunda etapa se realizará en febrero de 2025, con adjudicación prevista para julio del mismo año.

El informe de Vialidad Nacional explica que "con este nuevo esquema, el Estado Nacional logrará un ahorro proyectado a veinte años que rondará los u$s5.600 millones, además de que las empresas concesionarias solo podrán cobrar la tarifa de peaje una vez que la totalidad de la ruta concesionada esté en condiciones seguras de transitabilidad, asegurando así que los usuarios reciban un servicio de calidad".

Vialidad Nacional anticipa además que en los próximos días, se publicará la información preliminar en los sitios web del Ministerio de Economía; el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado y la Secretaría de Transporte para que los interesados puedan consultar los detalles del proceso de licitación y participar en las convocatorias.