Milei decidió cuándo cambiarán de dueño las centrales hidroeléctricas
Luego de varias idas y vueltas y de cambios de opiniones entre los propios funcionarios del gobierno libertario, el futuro a largo plazo de las principales represas hidroeléctricas de la Argentina quedó sellado de manera definitiva.
El presidente Javier Milei acaba de firmar un decreto para volver a licitar las represas que actualmente operan varias sociedades bajo la modalidad de contratos que se encuentran vencidos y que las concesionarias siguen operándolas de manera precaria, gracias a extensiones de los plazos que ha venido definiendo la administración nacional.
Se trata de las centrales Hidroeléctrica Alicurá; El Chocón Arroyito; Cerros Colorados y Piedra del Águila, que siguen en manos privadas tras sucesivas extensiones de los acuerdos de concesión.
El último plazo venció el sábado 10 de agosto pasado para Alicurá; El Chocón Arroyito y Cerros Colorados y fueron ampliados en ese momento con el objetivo de "preservar la seguridad de las personas y los bienes ubicados en la Cuenca" en donde operan las centrales y cumplir con todas sus obligaciones derivadas del contrato durante el referido período", tal como sostenía una medida tomada en mayo pasado.
En el caso Piedra del Águila, la prórroga corre hasta el 29 de diciembre próximo, lo cual marca una extensión de seis meses y difiere de las anteriores.
Centrales hidroeléctricas con contratos vencidos
La importancia de estas represas radica en la esencia que para el Estado nacional tiene la generación de energía eléctrica, en cualquiera de sus modalidades, destinada total o parcialmente a abastecer de energía a un servicio público, ya que es considerada una actividad de interés general, afectada a dicho servicio y encuadrada en las normas legales y reglamentarias que aseguren su normal funcionamiento.
En ese contexto, en la década del 90 se encaró un plan de privatizaciones y las centrales fueron transferidas a grupos empresarios locales e internacionales mediante el procedimiento de venta del paquete accionario mayoritario de las sociedades titulares de las concesiones de cada uno de los aprovechamientos hidroeléctricos por un plazo de 30 años.
Precisamente, ese plazo es el que se encuentra vencido, además de estar transcurriendo el denominado "Período de Transición" previsto en el artículo 67 de los respectivos acuerdos de concesión, de conformidad con la Resolución de la Secretaría de Energía que depende del Ministerio de Economía N° 78 del 17 de mayo pasado.
El Gobierno prepara plan estratégico
Para poder volver a poner en valor las represas y mantener el proceso privatizador, la gestión libertaria creó el llamado Equipo de Trabajo de Aprovechamientos Hidroeléctricos Concesionados (ETAHC), con el objetivo de realizar el relevamiento del estado de situación en los aspectos técnicos, económicos, jurídicos y ambientales de las concesiones hidroeléctricas.
El organismo elevó a la Secretaría de Energía informes sobre cada uno de los aprovechamientos hidroeléctricos otorgados en concesión y de los resultados de esos trabajos surge la necesidad de avanzar hacia un plan estratégico de renovación de activos, cuyo objetivo es garantizar una condición de operación confiable de las represas a los efectos de proveer a un funcionamiento pleno y sin interrupciones.
En este marco, se ordenó a la empresa mixta Energía Argentina Sociedad Anónima (ENARSA) y a Nucleoelectrónica Argentina Sociedad Anónima (NASA) para que adopten las medidas necesarias para efectuar el procedimiento de reversión, previsto en cada uno de los contratos de concesión de los Complejos Hidroeléctricos del Comahue.
Uno de esos aspectos fue la elaboración de los pliegos de bases y condiciones correspondientes, así como la definición de las normas de manejo de aguas aplicables, la identificación de las inversiones obligatorias que deberá realizar el nuevo concesionario con el objetivo de extender la vida útil de los activos de los complejos hidroeléctricos.
También, el replanteo del perímetro de concesión de cada uno de los complejos hidroeléctricos, y la elaboración de los manuales de protección del ambiente y seguridad.
Cómo es el proceso transitorio
Teniendo en consideración el conocimiento adquirido por los actuales concesionarios que son Orazul Energy, concesionaria del Complejo Hidroeléctrico Cerros Colorados; ENEL, en El Chocón -Arroyito; AES en Alicurá y Central Puerto en Piedra del Águila, en la prestación de dicha actividad, economía y transparencia se propició la extensión de los plazos de dichas concesiones, hasta tanto sean transferidos los paquetes accionarios mayoritarios a los adjudicatarios del nuevo proceso licitatorio que se llevará a cabo, pero que todavía no tiene fecha.
En ese sentido, ENARSA Y NASA constituyeron cuatro sociedades anónimas que son Alicurtá; El Cbocón; Cerros Colorados y Piedra del Águila, cuyos paquetes accionarios del 98% y 2% son propiedad, respectivamente, de ambas sociedades estatales.
Se trata de un proceso transitorio que se lleven a cabo las nuevas licitaciones y se produzca la transferencia de los paquetes accionarios al sector privado.
Dentro de los 180 días corridos siguientes a la entrada en vigencia del este decreto, el Gobierno llamará a una licitación para proceder a la venta del paquete accionario mayoritario o controlante de cada una de las concesiones y, en caso de declararse desierta, la titularidad del paquete mayoritario de acciones permanecerá en poder del Estado Nacional.
Los plazos para vender las centrales hidroeléctricas
Ahora, el Gobierno acaba de avanzar en esa dirección mediante la publicación en el Boletín Oficial de este jueves 10 de octubre del Decreto 895/2024, que sustituye el artículo 6° del Decreto N.º 718 del 9 de agosto pasado.
Firmado por el presidente Javier Milei; el ministro de Economía, Luis Caputo, y el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, en la nueva redacción se especifica que dentro de los 180 días corridos siguientes a la entrada en vigencia del presente la Agencia de Transformación de Empresas Públicas, en coordinación con la Secretaría de Energía, ambas dependientes del Ministerio de Economía, llamará a Concurso Público nacional e internacional para proceder a la venta del paquete accionario mayoritario o controlante de cada una de las sociedades a cargo de las represas.
La norma también modifica el artículo 8° del Decreto N.º 718/24, dando facultad a la Secretaría de Energía y a la Agencia de Transformación de Empresas Públicas a que fijen las pautas de la licitación.
En este sentido, se les ordena que incluyan el esquema de remuneración de los operadores durante el período de concesión y como mínimo los siguientes anexos:
- (i) contrato de Concesión
- (ii) perímetro y descripción
- (iii) inventario
- (iv) seguridad de presas, embalses y obras auxiliares
- (v) normas de manejo de aguas
- (vi) guardias permanentes
- (vii) protección del ambiente
- (viii) seguros
- (ix) obras y trabajos obligatorios.
En otro artículo, el 18 del Decreto N.º 718/24 se modifican varios aspectos para autorízar a Energía "a efectuar cualquier gestión que se requiera para la transferencia a las sociedades de la propiedad y/o el uso y goce de los bienes alcanzados por el presente, así como la transferencia del personal y los contratos que resulten indispensables y/o convenientes para el normal funcionamiento de los Complejos Hidroeléctricos y la generación de energía eléctrica".
El anterior gobierno, de Alberto Fernández, había extendido estos contratos hasta el pasado 19 de enero, mientras que la gestión actual se propuso preparar un nuevo marco para volver a licitar las centrales que, ahora, van a seguir en manos privadas pero también al estilo kirchnerista.
Es decir, con un permiso precario y de transición con el cual se sigue sin definir si las empresas actualmente a cargo de operar estas concesiones mantendrán los contratos o se volverán a licitar o, en su defecto, pasarán a manos del Estado, opción poco creíble si se tiene en cuenta la orden de Milei de reducir el Estado.