Polémica en Tierra del Fuego: el Gobierno habilitará el radar de empresa ligada a Gran Bretaña

La polémica en torno a la presencia en Tierra del Fuego de un radar de largo alcance propiedad de una compañía señalada como presuntamente ligada a capitales británicos sigue sumando capítulos. Sucede que, luego de que el gobierno provincial quitará a LeoLabs, la firma en cuestión, los permisos de operación a fines del año pasado tras considerar que la tecnología podría tener un uso militar, el oficialismo se prepara para rehabilitar el funcionamiento de la infraestructura en cuestión, ubicado en cercanías de Tolhuin.

La medida respondería a un pedido expreso de representantes del gobierno de los Estados Unidos, quienes afirmaron que LeoLabs es una empresa bajo control de accionistas de ese país. Y que la labor del radar es seguir el "rastreo de basura satelital". A mediados de 2023, altos mandos de las Fuerzas Armadas cuestionaron la instalación y su capacidad operativa.

La decisión del Gobierno de reactivar el funcionamiento del complejo de antenas llegaría como consecuencia de una revisión técnica que, según La Libertad Avanza, habría dado como resultado una confirmación de que el radar solo tiene "uso civil".

"Los radares apuntan al cielo y detectan objetos que orbitan por encima de ellos. Para ello, envían una señal de radio en una dirección determinada y registran el momento y el lugar en que la señal alcanza un objeto previsto (satélites o basura), en función de las pasadas anteriores de dicho objeto por los otros radares de LeoLabs", dejaron trascender fuentes cercanas a la Jefatura de Gabinete.

Polémica en Tierra del Fuego: según el Gobierno, el radar no tendrá un uso militar

"La rehabilitación del radar cerca de Tolhuin tendría lugar antes de que concluya el año. Se está llevando a cabo el último análisis relacionado con las capacidades de esa tecnología. La realidad es que la instalación nunca se desactivó de manera completa", afirmaron voces fueguinas.

Ligado a esto, Pablo Blanco, senador nacional de la UCR por esa provincia, elevó un nuevo pedido de informes demandando detalles relacionados con, precisamente, la intención oficial de volver a poner a funcionar el complejo de antenas.

El legislador pidió conocer "bajo cuál personería jurídica va a funcionar, puesto que la Inspección Provincial de Justicia Fueguina inició el proceso de disolución de la sociedad LeoLabs Argentina SRL. por conformarse la 'imposibilidad sobreviniente de cumplir con su objeto social'; qué autoridad nacional otorgará el reconocimiento a la mencionada personería; bajo qué jurisdicción quedará en funcionamiento el radar (Nacional, provincial o mixta)"

Y solicitó precisiones respecto de cuestiones como "a qué se dedicará concretamente el radar; si cumplirá o no funciones de inteligencia militar al servicio de la o las naciones con las que la empresa llegue a acuerdos comerciales o de cooperación; si el gobierno nacional está en condiciones de desmentir la información brindada por la propia compañía LeoLabs INC. en el sentido de que había llegado a un acuerdo con Inglaterra para que el radar el suministrara información sensible de naturaleza militar".

Controversia por la vinculación de la firma con militares británicos

Lo puntualizado por Blanco guarda relación con, tal como informó iProfesional a fines de julio, la decisión de la empresa de firmar un acuerdo estratégico con el Ministerio de Defensa del Reino Unido. El compromiso en cuestión fue notificado por Tony Frazier, director ejecutivo de esa empresa, y, vía ese pacto, el área militar de Gran Bretaña pasará a tener acceso a toda la información recabada por los radares instalados por LeoLabs en distintos puntos del planeta.

A través de un comunicado, Frazier dijo enorgullecerse de "apoyar al Comando Espacial del Reino Unido y al Ministerio de Defensa del Reino Unido en este importante paso hacia el desarrollo de la primera constelación de satélites del Reino Unido en órbita terrestre baja, destinado a realizar inteligencia, vigilancia y reconocimiento".

"LeoLabs proporcionará servicios de seguimiento y monitoreo espacial y de prevención de colisiones al Proyecto Tyche del Comando Espacial del Reino Unido", se indicó.

En ese momento, el vínculo rubricado entre la compañía de servicios satelitales y el aparato militar británico fue tomado en Tierra del Fuego como una confirmación de las presunciones y denuncias presentadas ante las autoridades provinciales por distintos actores sociales y políticos sobre todo el año pasado.

El tenor del acuerdo entre la empresa y los militares británicos es tal que hasta que Gustavo Melella, gobernador fueguino, criticó fuertemente a la compañía en sus espacios en redes sociales. Ahora, la intención de la Casa Rosada de volver a poner en funcionamiento al radar permite suponer que emergerán nuevas fricciones entre la gobernación de la provincia patagónica y la gestión libertaria.