Fuerte revés judicial contra una de las mayores concesionarias de autopistas

En el 2022, el grupo español Abertis presentó ante un tribunal internacional una demanda en contra de la Argentina con el objetivo de defender la continuidad de las concesiones de autopistas que opera en el país y que la administración del ex presidente Alberto Fernández pretendió anular.

El considerado mayor operador de autopistas privadas del mundo controla a nivel local a las sociedades Autopistas del Sol (Ausol) y Grupo Concesionario del Oeste (GCO), que tienen a su cargo las operaciones de la ruta Panamericana y el Acceso Oeste, respectivamente, además de la Avenida General Paz.

Revés judicial contra una de las mayores concesionarias de autopistas

Ese año, ambas presentaron una denuncia ante la Corte de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional (CCI), una organización nacida en 1919 que tiene el estatus de organismo de consulta ante la ONU-

Lo hicieron teniendo en cuenta que se trata de un ente internacional que se encarga de brindar protección a las empresas de los diferentes países del mundo en lo que se refiere a operaciones comerciales.

En ese contexto, desde Abertis impulsaron a sus empresas en Argentina a recurrir a este tribunal para defenderse de la demanda presentada por el entonces Ministerio de Obras Públicas en la Justicia local, para que se declare nulo el llamado Acuerdo Integral de Renegociación que firmaron con el anterior gobierno de Cambiemos en el 2018.

Ese contrato extendía por 10 años las operaciones de ambas sociedades, lo cual el ex presidente Alberto Fernández quiso anular para lo cual acudió a la justicia local para pedir reestatizar los pejaes bajo control de Ausol y GCO.

Reclamo indefinido

El entonces ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, presentó la demanda por instrucción expresa del Poder Ejecutivo Nacional, mediante el Decreto N° 633/2022 y en los términos del artículo 17 de la Ley Nacional de Procedimiento Administrativo N° 19.549 y de los artículos 319, 330 y ccdtes. del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.

También solicitó al juzgado con carácter urgente el dictado de una medida cautelar inaudita (conf. art. 16 de la Ley No 26.854) a fin de que el Estado Nacional se haga cargo de la gestión de las autopistas bajo control de Ausol y de GCO.

Las causas quedaron bajo la órbita del Juzgado N 6 a cargo de Enrique Valerio Lavie Pico, quien debe definir el reclamo oficial ya que, de concederlo, la Panamericana y el Acceso Norte deberían quedar a cargo de Vialidad Nacional.

Como contrapartida, tanto Ausol como GCO recurrieron a la protección de la CCI ratificando los términos de la extensión firmada con el ex presidente Mauricio Macri, asegurando que se trata de un acuerdo "plenamente legítimo" que fue aprobado por las máximas autoridades del Estado Nacional "siendo el resultado de un proceso de renegociación que se extendió por 10 años".

Ambas empresas recordaron además que el proceso se inició en el 2002, con un acuerdo parcial aprobado en el 2008 y que se completó en el 2018 con la firma del llamado Acuerdo Integral, "habiéndose cumplido con todas instancias de control establecidas en la normativa aplicable".

La movida del gobierno kircnherista formó parte de una fuerte avanzada que lideró Cristina Kirchner en contra de Ausol como de GCO para que las rutas vuelvan a manos del Estado tal como ocurrió con el resto de las concesiones con peaje.

Viejo conocido

No se trató de la primera vez que Abertis, como dueño de ambas concesionarias, encaró acciones judiciales contra el Estado argentino.

Ya lo hizo en el 2015, cuando se presentó ante el Ciadi, el tribunal arbitral del Banco Mundial, para reclamar una millonaria indemnización por la decisión del entonces gobierno de Néstor Kirchner de congelar y pesificar las tarifas de los peajes.

El holding desistió de continuar con la demanda que era por u$s1.100 millones como parte del compromiso de renegociación de sus contratos de concesión que en el 2018 firmó con la administración de Cambiemos.

Sin embargo, el desembarco nuevamente del kirchnerismo en la Casa Rosada reflotó la disputa, ya que sus por entonces autoridades entendían que el contrato "compromete al Estado con una deuda millonaria, inexistente y lesiva a los intereses de las y los usuarios y cuya existencia no se encuentra comprobada".

También cuestionaron la dolarización de las tarifas y la prórroga de la concesión por 10 años y el compromiso de suba de los peajes para cumplir la obligación de pago incluida en los acuerdos en promedio, 20 veces en el Acceso Norte.

El propio Fernández consideró, en varias declaraciones, que se trata de contratos "contrarios al interés nacional" que comprometen al Estado con una deuda bruta (sin descontar penalidades) algo mayor a los u$s813 millones, de los cuales u$s540 millones corresponden a Ausol y los otros u$s272 millones a GCO.

Freno al reclamo internacional

Ahora, y luego de casi dos años sin que la causa haya prosperado, en GCO acaban de recibir una notificación del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Federal N° 7 de una medida cautelar dictada en las actuaciones caratuladas "EN-DNV c/GRUPO CONCESIONARIO DEL OESTE SA-DTO 608/18 s/INC DE MEDIDA CAUTELAR" (Expte. N° 59.107/2022/1), que dispone la suspensión provisoria de los efectos del artículo 16 (Arbitraje) del acuerdo de renegociación del contrato de concesión del Acceso Oeste.

También le ordena a GCO de "abstenerse de continuar impulsando el procedimiento arbitral ante la CCI contra la Argentina, hasta tanto se dicte sentencia definitiva en el proceso judicial antes referido".

Mediante un comunicado enviado a la Comisión Nacional de Valores (CNV) este lunes 23 de septiembre, las autoridades de la sociedad explican que la cautelar fue dictada a pedido de la Dirección Nacional de Vialidad, cuando estaba a punto de celebrarse la audiencia de prueba del procedimiento arbitral ante el tribunal internacional, que debía desarrollarse entre el 23 y el 26 de septiembre de 2024 en la Ciudad de Buenos Aires con la presencia de los árbitros que residentes en el exterior ya se encontraban en la Capital Federal, dilapidando los esfuerzos técnicos y económicos que se estaban realizando.

Desde GCO entienden que "la medida dispuesta constituye la suspensión del procedimiento arbitral conforme lo acordado contractualmente con el Estado argentino en el Acuerdo Integral de Renegociación, a la vez que profundiza la severa afectación de los derechos de la sociedad y al conjunto de sus accionistas resultante del incumplimiento y de la continuada pretensión del Concedente de desconocer la validez de dicho acuerdo".

En su comunicado, la empresa recuerda que dicho contrato fue sellado de acuerdo a los procedimientos aplicables, luego de que todas las instancias de control establecidas, incluyendo a la Procuración del Tesoro de la Nación y la Sindicatura General de la Nación, se pronunciaran en forma favorable a su aprobación.

Agrega que, "si bien la medida cautelar informada mediante la presente no se encuentra firme, en atención a su carácter ejecutorio GCO ya ha procedido a darle cumplimiento, a fin de evitar daños mayores para la Sociedad".

De todos modos, anticipan que la empresa interpondrá "todos los recursos disponibles a fin de preservar los legítimos derechos que le asisten, que se ven grave y arbitrariamente afectados y asimismo, considera que este tipo de medidas generan un impacto negativo para la seguridad jurídica y los derechos de los inversores, al desconocerse compromisos oportunamente asumidos por la República a través de sus máximas autoridades".

Fallo "escandoso"

GCO es el concesionario vial que opera el Acceso Oeste, una de las principales vías de acceso a la Ciudad de Buenos Aires, pues constituye una autopista que desde su construcción implicó un muy importante desarrollo económico y demográfico para toda la zona de influencia entre la Ciudad de Buenos Aires y Luján.

El contrato fue quebrado en 2002 al dictarse la Ley de Emergencia y salida de la convertibilidad que pesificó las tarifas, mientras que en el 2006 se llegó a un acuerdo (parcial) de renegociación, que también fue incumplido posteriormente por la administración kirchnerista.

Luego, en 2018, el gobierno de Cambiemos finalizó una renegociación arribando a un Acuerdo Integral (AIR) que puso fin a los incumplimientos de la Argentina de más de 15 años, y permitió que se enviara una señal al mercado para lograr nuevas inversiones, ya que posibilitó dar de baja el juicio en el CIADI que había iniciado Abertis.

Dicho convenio implicó importantes quitas teniendo en cuenta que el monto reclamado se redujo en una tercera parte aproximadamente) que se cobraría en el lapso de varios años con la propia operación de la autopista.

Sin embargo, en el 2022, el Estado Nacional dictó un Decreto para iniciar un juicio de lesividad e intentar declarar la nulidad del Acuerdo Integral y estatizar la gestión de la autopista.

En ese contexto, GCO recurrió a las instancias previstas en el acuerdo e inició un arbitraje ante la CCI que avanzó con sus etapas procesales con activa participación de la Argentina, representada por la Procuración del Tesoro, hasta el viernes 20 de septiembre.

Ese día, el juez de la lesividad dispuso, a instancia de un pedido de la Procuración del Tesoro, que se suspenda el arbitraje ante la CCI, horas antes de que diera inicio la audiencia de expertos.

Teniendo en cuenta que el nuevo gobierno del presidente Javier Milei encaró un proceso privatizador de casi todas las empresas estatales y que no mira con buenos ojos reestatizar concesiones, se puede decir que la medida judicial marca un escándalo de dimensiones importantes que deja muy mal posicionada a la Argentina.

Más que nada si se considera el actual contexto en el cual afronta importantes reclamos ante el CIADI (uno de ellos, de Abertis) y en el que las autoridades libertarias pretenden generar nuevas inversiones mediante el llamado RIGI.

De hecho, en el mercado se considera que la Procuración del Tesoro bloquea un mecanismo de resolución de conflictos (Arbitraje CCI) que es una de las "bondades" que el régimen RIGI propone para atraer inversiones a partir de la Ley Bases, pero que en la primera oportunidad que se presenta es cuestionado por uno de los organismos del Estado que, por otro lado, lo está impulsando mediante dicha Ley.