Oscuro pronóstico para IMPSA: "puede desaparecer" si no llega un inversor privado

"La verdad es que la tendencia de IMPSA, con su deuda y demás, es a la desaparición porque el remedio de haberla estatizado que encaró el gobierno de Alberto Fernández, no fue un remedio óptimo".

La contundente frase sobre el posible futuro que le depara a la metalúrgica fundada por la familia Pescarmona pertenece al gobernador mendocino, Alfredo Cornejo.

La provincia, donde la compañía tiene su sede, busca vender su participación accionaria del 21,2%, alineada con la administración libertaria que heredó de la gestión kirchnerista otro 63,7% del capital de la compañía. El 15,1% restante quedó en manos de privados: el fideicomiso de acreedores retuvo el 9,8% y la familia fundadora mantuvo el 5,3%.

IMPSA es mayoritariamente estatal desde el 2021, cuando el gobierno kirchnerista, a través del entonces Ministerio de Desarrollo Productivo que comandaba Matías Kulfas y la provincia de Mendoza, capitalizaron IMPSA con u$s20 millones y se quedaron con el control de la empresa al pasar a tener el 84% de las acciones de manera conjunta.

El objetivo oficial era revertir el escenario y sacar a IMPSA de los constantes balances negativos a partir de inyectarle fondos; nuevos negocios y mejorar su perfil corporativo.

En ese entonces, el gobierno K también puso en marcha un plan de rescate que consistía en entregarle a IMPSA varios contratos millonarios, contratos como proveedora del Estado y empresas oficiales, que también fracasó cuando el Presidente Milei congeló los fondos y las obras públicas.

Nación y Mendoza buscan comprador para IMPSA

Pero ahora, la estrategia, tanto de la Nación como de Mendoza, es iniciar un concurso público internacional de ofertas, teniendo en cuenta que ya existen cuatro grupos que pujan por quedarse con IMPSA.

Por eso, tanto desde la gobernación que orienta Cornejo como desde el Estado nacional que está dirigido por Javier Milei, se encuentran buscando un comprador para IMPSA con el objetivo de sacarla a flote, que pueda mantener los contratos que ya posee y obtener fondos frescos que le permitan superar la crisis financiera que sufre a partir de una deuda de u$s500 millones que deberá cancelar en los próximos años.

También se pretende que el nuevo propietario pueda mantener las fuentes laborales de los 700 trabajadores que actualmente emplea IMPSA por lo cual el gobierno de Mendoza ya inició el proceso de salida de la compañía logrando media sanción de Diputados al proyecto de ley que permite la venta del capital que la provincia posee.

Sin embargo, no ha logrado todavía el aval del Senado provincial, donde el peronismo y la Unión Mendocina están dilatando el debate en el recinto en donde el oficialismo a través de Cambia Mendoza intentó tratar el proyecto sin éxito.

Contexto complicado

En ese contexto, la semana próxima habrá una nueva sesión en la cual el gobernador Cornejo espera que se cristalice su aspiración de sacar a Mendoza del capital social de IMPSA y poner a la venta sus acciones.

Pero el mandatario provincial también sabe que es difícil que un grupo local o extranjero se interese en adquirir una compañía con una millonaria deuda exigible en el corto plazo y que además necesita de nuevos fondos para ser capitalizada, mantener sus contratos y, precisamente, hacer frente al pago de su pasivo.

"No es fácil conseguir interesados con este contexto", sostuvo Cornejo en declaraciones a medios mendocinos el miércoles pasado.

En este marco, todavía se espera la valuación oficial de la compañía que deberán llevar a cabo entre el Ministerio de Economía de la Nación y el gobierno provincial.

Este concurso público internacional para presentar ofertas durará 30 días, se realizará bajo la normativa de la legislación que el gobierno libertario impuso en el Congreso.

De todos modos, desde hace varios meses la compañía norteamericana Arc Energy viene estudiando los números de IMPSA y hasta ya acercó una oferta de compra, aunque no sería la única teniendo en cuenta que desde la Nación se asegura que existen otras propuestas.

"Hay varios interesados y no queremos que retiren sus ofertas, porque la tendencia de la realidad de la empresa por su deuda es la desaparición", amenazó el mandatario provincial, luego de que su proyecto privatizador no alcanzó despacho en el Senado, ya que para ser tratado en el recinto necesita dos tercios de los legisladores presentes.

Debate político en Mendoza

En la Cámara Alta provincial, el oficialismo no cuenta con esos votos, mientras que la oposición peronista y de La Unión Mendocina decidieron votar en contra de la iniciativa.

Así y todo, el proceso de búsqueda de un nuevo accionista privado sigue su marcha ya que, a la propuesta del grupo norteamericano, se sumaron las de una compañía brasileña, otra alemana y un cuarto de origen local que sería el grupo Werthein, actuales dueños de DirecTV y Torneos, además de la aseguradora Experta, entre otros activos.

Además, el holding posee un portfolio diversificado en áreas de media tech, información, entretenimiento, seguros, salud, agroindustria, alimentos y bebidas, desarrollos inmobiliarios y tecnología.

Al haber finalizado el 15 de septiembre pasado el proceso de revisión de la documentación por parte de ARC Energy, comenzó una nueva etapa en la cual todos los interesados como los W, pueden acercar sus ofertas por IMPSA.

Así lo admitió, Juan Paso, secretario de Coordinación de la Producción de la Nación, para quien "desde esta semana se pueden recibir ofertas en una licitación abierta".

El funcionario agregó que el proceso es comparable al salvajate de una empresa que no debe estar en manos del Estado Nacional, teniendo en cuenta el proceso privatizador de casi todas las empresas con capital público que inició el presidente Javier Milei desde que asumió su cargo en diciembre del año pasado.

En el mismo sentido, Diego Chaher, secretario nacional de Empresas y Sociedades del Estado, calificó como "crítico" el estado de la compañía y advirtió que el gobierno nacional intenta "rescatar la empresa", aunque también anticipó que "si no hay interesados, no tiene viabilidad y tendremos que hablar de otro proceso no deseado".

Antecedentes de una debacle

IMPSA logró cerrar su Acuerdo Preventivo Extrajudicial (APE), que fue homologado por el Juzgado interviniente en la causa, el 14 de abril del 2021.

Del mismo modo, el dinero aportado por el Gobierno le permitió continuar con su plan de recomposición de la estructura de capital, que se inició con la reestructuración de la deuda y continuó con la asistencia oficial primero con el sistema ATP y luego con el "Programa de Asistencia a Empresas Estratégicas en proceso de Reestructuración de Pasivos" (PAEERP), mediante el cual se pagó el 75% de los salarios de los trabajadores de la empresa, hasta diciembre del 2020.

También completó el canje de los bonos internacionales con vencimiento en el 2025 por u$s182 millones, por nuevos títulos sin oferta pública que vencerán en el 2036.

Producto del canje y de la emisión de los nuevos bonos, IMPSA ha procedido a la cancelación total de los títulos en circulación, a la vez que firmó nuevos contratos de préstamos con la Corporación Andina de Fomento (CAF) y con el Banco Hipotecario que reemplazan a los créditos con dichas entidades alcanzados por el APE.

Esta operación se suma a la concreción, a comienzos de diciembre del 2021, del canje de una serie de Obligaciones Negociables (ON) existentes y la entrega de nuevos títulos Clase VII emitidas en el marco del Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables de IMPSA.

La empresa también logró firmar otros contratos de préstamo bilaterales que reemplazaron a los préstamos alcanzados por el APE que habían sido cerrados con Export Development Canada (EDC); el Banco Interamericano de Inversiones (BID) y la Corporación Interamericana de Inversiones.

En esa oferta, IMPSA apuesta a reestructurar u$s536 millones entre capital e intereses de la denominada "deuda elegible" (que se pudo comprobar) que no incluye las obligaciones pendientes con organismos estatales, como Anses o AFIP, lo que se conoce como "deuda excluida".

La propuesta contempla la emisión de bono en dólares, con un interés anual del 1,5%, cuyo capital comenzaría a pagarse en el 2028 en nueve cuotas anuales que se extenderán hasta el 2036.