Quiénes pelean por quedarse con la ex empresa de los Pescarmona
Este lunes 16 de septiembre, el directorio de IMPSA tomó la decisión de designar a un nuevo ejecutivo como vicepresidente y de darle la difícil tarea de liderar la venta de la principal compañía metalúrgica de Mendoza.
Se trata Luciano Rodolfo Masnú Lardet, quien ocupará ese cargo por orden del gobierno nacional, que ostenta el 63,7% de las acciones de la ex empresa de la familia Pescarmona, y tendrá la obligación de encarar todo lo relacionado y/o requerido a fin de realizar y ejecutar el proceso de venta en marcha.
Masnú es un abogado especializado en asesoramiento jurídico de empresas, creador y cofundador de varias compañías de energías renovables, tecnología e infraestructura eléctrica.
Otra de sus funciones será la de mantener informados a los accionistas de las etapas y evolución de dicho proceso de privatización de la compañía, de la cual también es accionista la provincia de Mendoza con un 23% de su capital.
El 15,1% restante quedó en manos de privados: el fideicomiso de acreedores retuvo el 9,8% y la familia fundadora mantuvo el 5,3%.
IMPSA y el rescate kirchnerista
IMPSA es mayoritariamente estatal desde el 2021, cuando el gobierno kirchnerista, a través del entonces Ministerio de Desarrollo Productivo que comandaba Matías Kulfas y la provincia de Mendoza, capitalizaron IMPSA con u$s20 millones y se quedaron con el control de la empresa al pasar a tener el 84% de las acciones de manera conjunta.
El objetivo oficial era revertir el escenario y sacar a IMPSA de los constantes balances negativos a partir de inyectarle fondos; nuevos negocios y mejorar su perfil corporativo.
Pero ahora, la estrategia, tanto de la Nación como de Mendoza, es iniciar un concurso público internacional de ofertas, teniendo en cuenta que ya existen cuatro grupos que pujan por quedarse con IMPSA, a pesar de la millonaria deuda que acumula y que supera los u$s500 millones.
El más conocido es ARC Energy, un holding norteamericano que hasta mantuvo reuniones con funcionarios nacionales y provinciales y se comprometió a inyectar u$s30 millones si es elegido.
De hecho, hasta tuvo posibilidades de analizar los números fijos de IMPSA debido a que encaró un proceso de due dilligence que le permitió saber en qué situación económica y financiera se encuentra en la actualidad.
Pero no es la única que demostró interés, ya que existen otros tres grupos, uno nacional; otro brasileño y el resto alemán, que también quieren pujar por el control de IMPSA.
El Gobierno nacional y Mendoza preparan concurso internacional
En este marco, todavía se espera la valuación oficial de la compañía que deberán llevar a cabo entre el Ministerio de Economía de la Nación y el gobierno provincial que lidera Alfredo Cornejo y que tienen la orden de ejecutar la venta en el marco de la Ley Bases.
El concurso público internacional para presentar ofertas durará 30 días, se realizará bajo la normativa de la legislación que el gobierno libertario impuso en el Congreso.
El cambio de rumbo del capital de IMPSA se tomó luego del desembarco del gobierno del presidente Javier Milei en la Casa Rosada y su decisión de desprenderse de las acciones que el Estado nacional posee en varias compañías como la metalúrgica mendocina.
Una visión totalmente opuesta a la de la anterior gestión kirchnerista que inyectó u$s20 millones para quedarse con la mayoría del capital de la empresa, que se convirtieron en u$s30 millones con el aporte adicional de Mendoza.
En ese entonces, el gobierno de Alberto Fernández también puso en marcha un plan de rescate que consistía en entregarle a IMPSA varios contratos millonarios contratos como proveedora del Estado y empresas oficiales que también fracasó cuando el Presidente Milei congeló los fondos y las obras públicas.
La oposición busca frenar la venta de IMPSA
Mientras tanto, el Senado mendocino le puso un freno al ímpetu del oficialismo provincial por sancionar una ley que le permita desprenderse de sus acciones y que tiene media sanción de Diputados.
Durante una sesión celebrada este martes 17 de septiembre en la Cámara alta, la oposición frenó el proceso que impulsa Cambia Mendoza.
Según medios de la provincia, el oficialismo necesitaba dos tercios de los votos de los senadores para que el proyecto fuera puesto en consideración "sobre tablas" en el recinto.
Sin embargo, la oposición no avaló ese plan, por lo que el tratamiento se postergó para las próximas semanas por los reparos impuestos por Unión Mendocina.
Rescate complicado
IMPSA logró cerrar su Acuerdo Preventivo Extrajudicial (APE), que fue homologado por el Juzgado interviniente en la causa, el 14 de abril del 2021.
Del mismo modo, el dinero aportado por el Gobierno le permitió continuar con su plan de recomposición de la estructura de capital, que se inició con la reestructuración de la deuda y continuó con la asistencia oficial primero con el sistema ATP y luego con el "Programa de Asistencia a Empresas Estratégicas en proceso de Reestructuración de Pasivos" (PAEERP), mediante el cual se pagó el 75% de los salarios de los trabajadores de la empresa, hasta diciembre del 2020.
También completó el canje de los bonos internacionales con vencimiento en el 2025 por u$s182 millones, por nuevos títulos sin oferta pública que vencerán en el 2036.
Producto del canje y de la emisión de los nuevos bonos IMPSA ha procedido a la cancelación total de los títulos en circulación, a la vez que firmó nuevos contratos de préstamos con la Corporación Andina de Fomento (CAF) y con el Banco Hipotecario que reemplazan a los créditos con dichas entidades alcanzados por el APE.
Esta operación se suma a la concreción, a comienzos de diciembre del 2021, del canje de una serie de Obligaciones Negociables (ON) existentes y la entrega de nuevos títulos Clase VII emitidas en el marco del Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables de IMPSA.
La empresa también logró firmar otros contratos de préstamo bilaterales que reemplazaron a los préstamos alcanzados por el APE que habían sido cerrados con Export Development Canada (EDC); el Banco Interamericano de Inversiones (BID) y la Corporación Interamericana de Inversiones.
En esa oferta, IMPSA apuesta a reestructurar u$s536 millones entre capital e intereses de la denominada "deuda elegible" (que se pudo comprobar) que no incluye las obligaciones pendientes con organismos estatales, como Anses o AFIP, lo que se conoce como "deuda excluida".
La propuesta contempla la emisión de bono en dólares, con un interés anual del 1,5%, cuyo capital comenzaría a pagarse en el 2028 en nueve cuotas anuales que se extenderán hasta el 2036.