Contaminación y desastre ecológico: Atanor pide reabrir su planta de San Nicolás

En la madrugada del 20 de marzo pasado, los vecinos del barrio Química, en la ciudad bonaerense de San Nicolás, amanecieron con el estruendo de una explosión. Pocos minutos después, una nube tóxica y el olor penetrante los obligaron a cerrar puertas y ventanas.

"Hubo un accidente en un reactor del sector de elaboración de Atrazina" -un potente herbicida del que Atanor es el principal fabricante-, informó la empresa. Algunas horas más tarde, la planta de la compañía, hoy parte del grupo químico estadounidense Albaugh, fue clausurada por orden de la jueza Luciana Díaz Bancalari. La magistrada hizo lugar a las denuncias por daño ambiental presentadas por el Foro del Medio Ambiente (FOMEA) y Greenpeace.

Desde entonces, la fábrica permanece cerrada y sus 130 trabajadores fueron suspendidos cobrando el 85% del salario durante los primeros cinco meses. A partir del sexto mes, 7 contratos fueron rescindidos, hubo 15 despidos, y los trabajadores suspendidos comenzaron a cobrar el 65% del salario, en un contexto de desempleo e inflación crecientes.

La firma tiene actualmente tres plantas en Argentina: en Pilar, Río Tercero y San Nicolás, siendo esta última la única productora y formuladora de Atrazina del Mercosur. Además allí se sintetizan y formulan otros herbicidas como el 2,4-D y el glifosato.

El domingo 8 de septiembre finalizó una consulta popular convocada por la provincia de Buenos Aires, para definir la reapertura de la planta o su relocalización en otra zona alejada del núcleo urbano. Si bien sus resultados no son vinculantes, la votación, de la que participaron más de 300 personas, culminó con un 65% de las opiniones a favor de la relocalización (78 opiniones por la reapertura y 153 por la relocalización). No obstante, la decisión final quedará en manos de la Justicia.

Respirar veneno

No es la primera vez que ONG y grupos vecinales en San Nicolás acusan a Atanor. La compañía viene acumulando denuncias por contaminación ambiental desde hace una década. En mayo de 2023, un informe elaborado por la Autoridad del Agua de la provincia de Buenos Aires, encontró niveles de atrazina por encima de lo admitido en las napas de agua para riego y consumo.

Esta sustancia tiene efectos tóxicos a largo plazo y puede permanecer en el ambiente hasta 100 días. Y a pesar de estar prohibida en Europa desde 2024, es uno de los herbicidas más utilizados en el país, sobre todo en cultivos de maíz y soja.

Atanor tiene actualmente tres plantas en Argentina: en Pilar, Río Tercero y San Nicolás, siendo esta última la única productora y formuladora de Atrazina del Mercosur.

La atrazina es un disruptor endócrino -es decir, afecta a las hormonas-, y estudios realizados por Instituto Nacional de Salud Socioambiental de la Universidad Nacional de Rosario señalan que eleva el riesgo de padecer cáncer de mama y de próstata, además de problemas de fertilidad.

Así las cosas, la jueza Díaz Bancalari dispuso que toda la planta de Atanor (y no solo el sector del reactor) permanezca inactiva hasta que especialistas del Conicet realicen una auditoría. En noviembre de 2023, la misma jueza Díaz Bancalari había dispuesto una inspección por parte de investigadores del Conicet, para determinar la seguridad y la viabilidad de esta planta productora -por el crecimiento demográfico en San Nicolás-, quedó en medio del casco urbano. Sin embargo, las entidades vecinales y ambientalistas denuncian que dicha inspección no fue completada por la demora de la empresa en entregar la documentación requerida.

Un dilema social

Atanor fue fundada en 1947 mediante un concurso promovido por Fabricaciones Militares, para elaborar productos químicos destinados a la defensa. A mediados de los 90, con la irrupción de las semillas transgénicas y el uso creciente de agroquímicos en el campo, la compañía se especializó en ese rubro, y en 1997 fue adquirida por el gigante químico estadounidense Albaugh.

A seis meses de la explosión en su planta de San Nicolás, la empresa pide poder reiniciar las actividades en los sectores por fuera del reactor, asegurando que las condiciones de seguridad y salubridad son óptimas. "Mientras la justicia se demora en autorizar la reapertura de la planta, los productores agropecuarios están liquidando sus stocks o comprando el producto importado. Estamos hablando con el accionista (Albaugh) y pidiéndole paciencia, porque confiamos en que pronto podremos retomar la operación", señala una fuente de la compañía.

"Estamos en una situación desesperante, hay más de 100 personas cuya fuente laboral peligra. Acá no podemos producir y el gobierno bajó los aranceles a la importación de agroquímicos", apunta Ricardo García, secretario general del Sindicato de Trabajadores Químicos y Petroquímicos de San Nicolás.

"Pedimos que mientras se hacen los peritajes en la zona del accidente, nos habiliten para trabajar en el resto de la planta, haciendo otros productos. Hay compañeros que la están pasando muy mal, sin trabajo y con ingresos recortados mientras todo sube. La jueza nos dió una audiencia recién a los cuatro meses de producirse la explosión, y seguimos esperando su decisión", dice García, quien vive a 4 cuadras de la planta de Atanor y trabaja allí desde hace 40 años. "Sé que hay visiones encontradas entre los vecinos. Hay gente que no quiere que la fábrica esté acá. Y otros, que queremos seguir trabajando en ella", resume.