Nueva Ley de Góndolas de Kicillof: por qué los supermercados la rechazan

El gobierno de la provincia de Buenos Aires impulsa un proyecto de Ley de Góndolas que genera rechazo de supermercados y sectores empresarios, quienes consideran que la regulación tiene un impacto negativo en la competitividad y en los precios.

El proyecto, que sería presentado oficialmente en los próximos días por el ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, Augusto Costa, ya recibió críticas del Gobierno nacional, que derogó la Ley de Góndolas nacional a poco de haber asumido.

El subsecretario de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial, Fernando Blanco Muiño, dijo que "el DNU 70/2023 de nuestro gobierno derogó la Ley de Góndolas, de Abastecimiento y el Observatorio de Precios porque obstaculizaban las relaciones comerciales entre ciudadanos, promovían un rol persecutorio del Estado y no generaban ningún tipo de beneficio".

La postura del Gobierno provincial

De todas formas, el gobierno provincial tiene la intención de avanzar con el proyecto. El subsecretario de Desarrollo Comercial y Promoción de inversiones de la provincia de Buenos Aires, Ariel Aguilar, sostuvo que "el corazón de esta ley es generar más oferta".

"Hay muchas Pymes que necesitan trabajo en la provincia y la idea es ayudar a que ganen espacio en las góndolas. Estamos proponiendo una cantidad mínima de 5 proveedores por producto en las grandes superficies y 3 en los autoservicios. También planteamos que hay abusos que hay que regular, como por ejemplo los plazos de pago que se les ofrece a las Pymes", detalló.

El primer rechazo vino de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) que señaló en un comunicado que la norma "perturbará la operatoria de numerosas empresas e incrementará sus costos, con el consiguiente perjuicio para el consumidor final".

La cámara aseguró que "la excesiva injerencia en las relaciones comerciales más temprano que tarde deriva en escasez de productos y/o suba de precios, perjudicando a empresas y consumidores".

Asimismo, la Asociación de Supermercados Unidos (ASU) que agrupa a las grandes cadenas de supermercados llamó a los legisladores a desestimar la iniciativa. "Debemos comenzar por desterrar la falsa imagen de que en las cadenas de supermercados sólo están presentes las ‘grandes marcas’ pertenecientes a los ‘grandes grupos económicos’", dijeron.

"Efectivamente, 76% de los proveedores de productos generales y el 92% de los de marca propia son Pymes. Desde hace muchos años las cadenas de supermercados, especialmente las grandes cadenas, han implementado programas de desarrollo de proveedores pyme que han permitido a muchas de esas empresas alcanzar estándares de competitividad que les han dado un importante espacio en góndola", remarcó ASU.

Por su parte, los supermercados y autoservicios integrantes de la Red Súper Argentinos, cadenas regionales, supermercados y autoservicios independientes CAS y FASA expresaron que "una Ley de Góndolas o normativas similares, son impracticables y acarrean grandes perjuicios para todos los sectores involucrados, incluidos los consumidores".

Razones para rechazar la ley que propone Kicillof

"Esta ley sería perjudicial, tanto para el supermercadismo Pyme como para los consumidores, por múltiples razones, que afectan tanto la libertad de comercio como el derecho de propiedad y la eficiencia económica", afirmaron.

También la Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas (Cadam) dijo que los comerciantes "no están de acuerdo con promover ninguna normativa que condicione el libre mercado".

"Imponer una cantidad mínima de proveedores por producto es insostenible, sobre todo cuando las ventas vienen cayendo", manifestaron los comerciantes mayoristas. "No entendemos por qué se intenta recrear algo que ya fracasó", agregó Cadam.

Por otra parte, la entidad señaló que "las marcas B vienen creciendo considerablemente, la gente elige qué comprar de acuerdo a su realidad económica".

"Esa tendencia implica mayor competitividad empresarial y una oportunidad para las industrias Pymes, que tienen el poder de resiliencia y, por ende, están ganando mercado frente a las multinacionales, que conllevan en el precio de sus productos, el costo de sus marcas", detalló.

Ley de Góndolas nacional: consecuencias durante su vigencia

La Ley de Góndolas nacional estuvo vigente de marzo 2020 hasta enero 2024 y establecía que los supermercados debían ofrecer un mínimo de cinco proveedores de un mismo producto por góndola, así como reservar un 25% de las góndolas a productos elaborados por micro empresas y pequeñas empresas nacionales.

Desde ASU, señalaron que la normativa tuvo los siguientes "perniciosos efectos prácticos":

• Faltante de producto en góndola, ya que al reducirse el espacio destinado a los productos de alta rotación se generaban quiebres de stock o faltantes en la góndola.
• Sobre-stocks: la mera presencia en góndola impuesta por la fuerza por el hecho de ser productos PyME o PyME bonaerense no garantiza la preferencia del público por dicho producto. Todos aquellos que no recibieron la aceptación del público generaron stocks inmovilizados y, en consecuencia, mayores costos de inventarios e ineficiencias que terminaron trasladándose a los precios.
• Con menor espacio del que necesitan en góndola de acuerdo a su nivel de venta, los productos de alta rotación debieron reponerse con mayor frecuencia generándose con ello mayores costos de personal de reposición y de operación logística. Estos mayores costos terminaron impactando en el precio de los productos.
• Numerosas Pymes no estaban (ni están en la actualidad) preparadas para cubrir el flujo de pedidos regularmente con el volumen y la rotación que las grandes superficies demanda, lo cual terminó generando faltantes en góndola.
• Violación del derecho al libre comercio: "La libertad de elección del surtido de productos a comercializar forma parte del núcleo duro de las actividades típicamente comerciales o de intermediación, desde que el mismo es uno de los principales factores de la competencia en el mercado", concluyó ASU.