Con polémica, Javier Milei prorroga la intervención del ente que controla a las telefónicas
El trío designado por el Poder Ejecutivo para llevar a cabo las políticas oficiales en materia de telecomunicaciones se convertirá en un unicato. Ocurre que, por orden del presidente Javier Milei, el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) continuará intervenido, por lo menos hasta el 25 de julio del año próximo, pero ya sin dos de sus co interventores que venían definiendo las estrategias del sector junto al interventor principal Juan Martín Ozores. En tanto los hasta hoy adjuntos, Patricia Zulema Roldan y Alejandro Pereyra, exdirector en la gestión de Mauricio Macri, renunciaron a sus cargos.
Salvo Ozores, consultor, ex ejecutivo de Movistar y propuesto por Santiago Caputo, los otros dos llegaron al ente de la mano del ex secretario de Ciencia y Tecnología, Alejandro Cosentino, también caído en desgracia tras la eyección del Gobierno de Nicolás Posse, luego de ciertos cambios estructurales realizados en la Jefatura de Gabinete, de la cual depende el sector, y que se encuentra bajo el mando de Guillermo Francos.
El ENACOM había sido intervenido seis meses atrás, ni bien Milei llegó a la Casa Rosada para iniciar una etapa transitoria pero necesaria para el reordenamiento del organismo, tras haber sido utilizado por el gobierno kirchnerista con el objetivo de profundizar el intervencionismo estatal en el negocio de las telecomunicaciones al punto de hasta querer marcar los aumentos de las tarifas de internet, televisión por cable y telefonía celular y establecer la rentabilidad que empresas como Telecom; Movistar y Claro podían obtener y declarar al sector como servicio esencial al estilo de lo que ocurre con la distribución de energía y gas. Ahora, será solamente Ozores quien tome decisiones, seguramente ordenadas por sus superiores en el Gobierno tal como se define en el mandato de Intervención y se refleja en el Artículo 4° del Decreto N° 89/24 que otorga facultades a la intervención del ente "para ejercer las atribuciones de la autoridad de aplicación de las leyes mencionadas y tomar decisiones clave para el futuro del sector".
Es lo que supuestamente deberá hacer a partir de su mandato que, en un principio podía extenderse por otros 180 días pero que gracias a un artículo referido a los plazos de las intervenciones de organismos estatales establecido en la Ley Bases, ahora se extenderá por 365 días. Es más, en el Boletín Oficial de la Nación de este martes 30 de julio se explicará la decisión y se publicará un documento elaborado por el propio Ozores a modo de resumen ejecutivo sobre la situación actual del ENACOM. El paper detallan puntos de partida y escenarios actuales, acciones encaradas y principales propuestas y recomendaciones.
Según Ozores, "el diagnóstico realizado nos permitió identificar áreas de mejora y proponer acciones concretas en pos de optimizar el funcionamiento del ente, asegurando el cumplimiento de sus misiones y funciones en forma eficiente y transparente".
ENACOM: diagnóstico inicial del Gobierno de Javier Milei
El interventor del ENACOM recuerda la situación en la que llegó al organismo, con 30 delegaciones (27 centros de atención al usuario); 20 estaciones remotas, seis sedes, seis centros técnicos e igual número de depósitos. También asegura que el 53% de los edificios eran propios, otro 19% en locación y el 28% restante en comodato, además de una flota vehicular de 134 unidades activas y 85 inactivas. Ozores sostiene que el año pasado el ENACOM percibió un presupuesto total de $54.362.624.807,29 y ejecutó $ 36.023.815.519, o sea solo el 66% Ssdel total.
Según agrega el funcionario, el ente es la fusión de tres organismos reguladores: servicios de TIC, correos y comunicación audiovisual y entiende que, aunque formalmente con el dictado del DNU 267/15 las normas tendieron a la convergencia, estructuralmente mantienen funciones separadas en distintas direcciones dentro del ente, lo que genera desintegración funcional e
En cuanto a su configuración, señala que presenta redundancias, falta de especialización y dificultades en la integración de procesos, lo cual ha generado costos adicionales debido a una gestión deficiente y lenta. También que evidencia "ineficiencias operativas" debido a la dispersión de funciones y recursos en múltiples
Dependencias, con áreas donde se duplican tareas, un uso "ineficiente" del personal y los recursos disponibles y falta de procesos estandarizados que dificulta la coordinación entre áreas y genera demoras en la gestión de trámites y su posterior trazabilidad.
ENACOM: todo sobre el control del espectro
El informe de Ozores observa obsolescencia tecnológica de gran parte del equipamiento, falta de mantenimiento de la infraestructura instalada e insuficiencia de personal técnico especializado. Además, advierte que presenta una estructura organizativa fragmentada, con duplicación de tareas y procesos ineficientes que obstaculizan el desempeño de sus misiones y funciones. Es decir, un escenario de exceso de personal, diversidad de regímenes laborales y distintas condiciones laborales conforme al marco normativo aplicable.
A esto le suma críticas al marco regulatorio, con normas de diferentes rangos, yuxtapuestas y complejas, con excesiva regulación desordenada, contradictoria y en muchos casos obsoleta.
"En el relevamiento normativo efectuado pudieron identificarse reglamentos que devinieron obsoletos total o parcialmente, normativas que han sido prácticamente imposible de aplicar y que requieren de actualización, modificación, simplificación o derogación por tratarse de reglamentaciones que no acompañan el avance tecnológico y la convergencia pretendida", sostiene el informe.
Señala Ozores que del relevamiento efectuado surge un universo de 1.398 procesos judiciales activos al inicio de la Intervención en los cuales el ente actúa como actor, demandado y/o tercero. Es en este sentido, parte demandada en numerosos procesos en los que se discute la nulidad e inconstitucionalidad del DNU N° 690/2020 y las Resoluciones dictadas en consecuencia, como actos de aplicación.
Ausencia de planes en el ENACOM
En otro de los capítulos del informe se habla de "excesiva demora y atraso en la firma de los actos administrativos que asignan recursos, autorizan estaciones radioeléctricas, otorgan licencias, con una acumulación injustificada de expedientes y falta de resolución para TIC, SCA y postales".
De igual modo se advierten debilidades en procesos detectadas y detalladas en Informes de Auditoría; demoras en las acciones de regularización de observaciones; incumplimiento de compromisos asumidos ante SIGEN en el marco del Comité de Control.
Por otra parte, se menciona la ausencia de un plan estratégico y de procedimientos para el seguimiento de las obligaciones de los beneficiarios de varios de sus planes para la ejecución de los proyectos adjudicados; así como desvíos en los plazos de implementación y ejecución, ineficiencias en la utilización de recursos y dilación en los procesos de finalización de los Proyectos con sólo un 54% de nivel de ejecución.
Como ejemplo, hace mención a una "marcada discrecionalidad" en las convocatorias y elevado nivel de incumplimiento de los objetivos de las líneas y rendiciones correspondientes a los concursos FOMECA, cuyas políticas se centran principalmente en satisfacer las necesidades económicas del sector comunitario, limitándose a las entidades sin fines de lucro y los pueblos originarios, pero no tanto en lograr los objetivos establecidos en cada línea convocada".
El "primer" semestre de la intervención libertaria en el ENACOM
El paper al que tuvo acceso iProfesional antes de su publicación en el Boletín Oficial, se hace un recuento de las principales acciones encaradas en el marco de la intervención. Una de ellas tiene que ver con el cierre de 26 Delegaciones provinciales, lo cual representa un ahorro anual de $6.600 millones.
Otras son la transferencias de bienes muebles al Ministerio de Seguridad para equipar centros de monitoreo y puestos fronterizos; la rescisión del alquiler de 12 inmuebles en el Interior así como mudanzas de espacios alquilados.
También se marca el "análisis exhaustivo" de la estructura actual del ENACOM y una evaluación detallada de sus principales componentes, destacando el proceso integral que incluye la planificación regulatoria, la autorización y/o registro de servicios, y el control posterior de los Servicios de TIC de comunicación audiovisual y postales.
El reporte indica además la conformación de una oficina de Transformación especializada en procesos, proyectos y performance; el relevamiento de la arquitectura de sistemas, estado de proyectos de tecnología y priorización en la hoja de ruta de modernización del ente.
Des-Regulación
En ese sentido, se recuerda el dictado del decreto N° 302/2024 que derogó el DNU N° 690/2020 y la Resolución N° 13/2024 que derogó la Resolución N° 1466/2020 y subsiguientes, todos vinculados a encarar un "exhaustivo relevamiento de la normativa fundamental de servicios TIC y audiovisuales, efectuándose un análisis integral con opiniones y recomendaciones de expertos y reuniones con actores del mercado a nivel local e internacional".
Lo mismo ocurre con la creación del Registro para la Provisión de Facilidades Satelitales mediante Resolución SICYT N° 12/24 para permitir el ingreso de nuevos prestadores satelitales "que mejorarán la conectividad del territorio con servicios de calidad".
En cuanto a la polémica sobre el uso de los fondos del llamado Servicio Universal que se nutre de aportes del sector privado, el documento informa sobre la creación de una comisión que desarrolló un relevamiento de todos los programas, proyectos y convocatorias de este fondo y se analizó la situación particular de cada uno, verificando el grado de avance y cumplimiento de los beneficiarios. Además, se inició un proceso de Intimaciones para aquellos proyectos vencidos tanto en los plazos de implementación como en las de rendiciones de fondos.
De manera similar se creó la Comisión Especial FOMECA para efectuar un análisis sobre el destino de los fondos desde la creación del ENACOM. En este caso, el informe habla de "un bajo índice de cumplimiento en las rendiciones que las entidades beneficiarias y una importante morosidad por parte del organismo tanto en el requerimiento de cumplimiento como en el procesamiento de la documentación presentada por las beneficiarias.
ENACOM: cuáles son los próximos pasos
A modo de conclusiones sobre el estado del ENACOM y de propuestas para mejor su funcionamiento y de todo el sector a partir de este nuevo período de intervención, Ozores hace mención a una serie de alternativas para encarar durante el próximo año.
Una es la de diseñar una estructura organizativa "profesional y eficiente que mejore la transparencia y reduzca los tiempos de tramitación del organismo".
Se intentará revisar y actualizar normas regulatorias que permitan una aplicación eficiente y propendan al desarrollo del mercado, además de desarrollar una estrategia de digitalización e implementación de sistemas informáticos que mejoren la gestión y permitan una toma de decisiones dinámica, una operación ágil y medible.
En el caso del uso de los fondos, se propone generar un plan estratégico para la implementación de programas con distintos enfoques dirigidos hacia la demanda de servicios Tics, que contemple inversiones eficientes, teniendo en cuenta la evolución patrimonial del Fondo Fiduciario.
De igual modo, para el plan FOMECA se propone ajustar los reglamentos de concursos y modificar prácticas administrativas mediante un nuevo Reglamento General
Informe en "disidencia"
Pero, además del documento "oficial" que surge de la mente de Ozores y no del trío interventor de manera unánime, existe otro documento que fue elaborado por Alejandro Pereyra antes de su renuncia, y que tiene fecha el 28 de mayo pasado, en respuesta a sus colegas de intervención sobre su proyecto de informe, surgido de un detalle realizado por el ex miembro del Comfer y que vino siendo compartido en forma reservada con Ozores; Patricia Roldan y el subsecretario de Comunicaciones y Conectividad Héctor Huici, al igual que con Cosentino.
En este marco, Pereyra señala que Ozores y Roldan elaboran un proyecto de informe de finalización de Intervención, que le participaron por correo el viernes pasado y en el cual se evidencian de manera sustantivas las diferencias con su paper que posee más de 30 hojas y 17 anexos, con citas de Ayn Rand del libro libertario por antonomasia "La Rebelión de Atlas".
Efectiviza un detalle de las áreas del ENACOM, el personal actual y propone cómo modificar su nómina sin mayores costos de despidos, con la externalización de funciones desregulando y externalizando varias tareas como:
Respuesta a la propuesta oficial
Además de proponer su propio informe, Pereyra le responde a su ahora ex compañero en el ENACOM vía mail sobre el contenido del informe oficial expresando su conformidad general con el relevamiento realizado y las recomendaciones expresadas para cada punto. Sin embargo, considera necesario destacar que el documento de su autoría contiene un análisis con detalles de cuestiones clave para el futuro del organismo y sus funciones, en particular a la profundización en aspectos que tienen como eje la necesidad de una reforma integral del marco regulatorio, la modernización de los procesos internos, la optimización de los recursos y la promoción de la competencia en el sector.
Asimismo, dice incluir propuestas específicas como la resolución de conflictos entre clientes y prestadores, la homologación de equipos, el Tribunal Arbitral y la actualización de diversas normativas vinculadas con el sector TIC, postal y audiovisual.
También sobre el Reglamento de Calidad de Servicios, Régimen Sancionatorio, el Reglamento de Clientes, Reglamento de Licencias TIC, Servicios de Valor Agregado, Derechos de Espectro Radioeléctrico, Compartición de Infraestructura Pasiva, Reglamento de OMV, Servicios Satelitales, Concursos y Licencias de Radiodifusión, Reglamento de Transferencias, entre otros.
Coincidencias
Igualmente, Pereyra destaca que ambos documentos coinciden en la identificación de problemas estructurales en el ENACOM, como la falta de homogeneidad en los procesos, la obsolescencia de la normativa y la necesidad de una mayor digitalización y automatización.
También se comparte la preocupación por la eficiencia en el uso de los recursos y la necesidad de una reestructuración organizativa.
Pero se diferencia de Ozores sosteniendo que su plan "presenta, ofrece soluciones concretas y detalladas para cada uno de estos problemas, basadas en un conocimiento, experiencia y una visión estratégica de largo plazo, ante las necesidades del sector desde una gobernanza quedemasiado se entrometió y que por demás ha perjudicado".
En relación a la transmisión de acontecimientos de interés relevante, dado el inicio de los Juegos Olímpicos de París 2024 reclama evaluar el dictado de una resolución como la propuesta presentada para la transmisión de la Copa América.
También debería considerarse la derogación de la Resolución ENACOM N° 1467/20 y sus normas modificatorias y complementarias por las mismas causas con que fue dictada la Resolución ENACOM N° 13/24.
Dinámica del sector
Finalmente, deja otros cuestionamientos como que "el devenir de las pautas de comportamiento derivadas de la convergencia tecnológica ha devenido en la afluencia de recursos económicos hacia el sector de las productoras de contenidos que son ofrecidos a través de plataformas de Internet y servicios OTT, debiendo por ello abrirse la discusión para la consideración del establecimiento de límites a la neutralidad de red o su segmentación para una regulación diferenciada.
"La utilización de las bandas para servicios satelitales en interconexión con bandas de frecuencia en poder de ARSAT no deberían permitir una competencia desleal en perjuicio de los prestadores que han adquirido frecuencias para STeFI y servicios LTE", reclama el ex funcionario.
De igual modo, aclara que la dinámica de los negocios del sector TIC no puede programar competencias que atenten contra la seguridad jurídica de los derechos de los ya operadores. Pide que la confluencia de servicios de soporte diferentes sea interpretada y promocionada como el mejor desarrollo entre operadores privados en infraestructura pasiva y activa sin el dictado de normas desde la gobernanza del sector que den ventajas a algunos en perjuicio de otros.
Con relación al Fondo Universal, Pereyra entiende que debe contemplarse la posibilidad de que los recursos puedan ser aplicados a la trasformación tecnológica de los operadores que deban migrar sus servicios para despejar bandas de frecuencia radioeléctricas sin demoras y así permitir un mejor aprovechamiento del espectro y garantía de acceso universal.
Además, califica como "fundamental" que se introduzca como modificación legal que las inversiones en infraestructura producto de la aplicación de recursos del fondo queden eximidas del pago de impuestos nacionales.
De igual modo, propone establecer mecanismos de incentivo y/o castigo para favorecer la compartición de infraestructura, así como la inversión en redes "contemplando las barreras económicas y burocráticas de las administraciones públicas locales vigentes para su tendido".
Reclama también prohibir la regulación de los contenidos de los servicios TIC, derogando toda posibilidad de establecer conductas debidas respecto de los institutos de "must carry" y "must offer", pero sí extendiendo a los servicios TIC las obligaciones vigentes para los servicios de radiodifusión abierta respecto de la emisión de los acontecimientos de interés relevante.
En atención a la evolución tecnológica registrada hasta la fecha considera necesario derogar la naturaleza de "servicio público" asignada al Servicio Básico Telefónico, "revistiendo tal carácter hoy un desvío de recursos injustificado para las empresas, mas que una garantía de universalización del acceso".
Regulaciones impositivas
En este sentido, Pereyra recuerda que desde el dictado del DNU N° 267/2015, los aspectos tributarios de las obligaciones legales de los servicios por suscripción no han sido aún regularizados y adecuados a su condición de servicios TIC, situación que también deberá modificarse legalmente.
Por eso, propone la creación de un sistema de conciliación previa específico para el sector TIC, que agilizaría los trámites y evitaría la judicialización innecesaria de los reclamos por parte de los usuarios. Asimismo, plantea la creación de un Tribunal Arbitral para resolver disputas entre prestadores, lo que promovería la estabilidad y el desarrollo competitivo del sector.
El trabajo agrega que "la desregulación profunda de los medios de Comunicación Audiovisual deberá ser plasmada con la adecuación correspondiente de los preceptos normativos de la parte general de la Ley N° 26.522, procurando reducir al mínimo la injerencia estatal sobre la regulación de contenidos y, por tanto, centrándose la competencia del ENACOM en el control y fiscalización del uso del espectro radioeléctrico, así como sobre los parámetros técnicos de emisión".
Sin restricciones por nacionalidad
Entiende también que quienes deben estar sometidos a la regulación estatal deberían ser los titulares de licencias y/o autorizaciones de uso del espectro radioeléctrico en la prestación de servicios de comunicación audiovisual: Radio AM y FM y TV abierta".
Pero sin existir restricciones personales de nacionalidad ni de origen en la participación accionaria para la conformación societaria ni en la suscripción del capital de licenciatarios, derogándose a su vez la obligación de reserva de espectro y cupos para determinadas formas societarias y/o de participación accionaria y/o para entidades con y sin fines de lucro.
Tampoco, según su visión, deberán existir restricciones por multiplicidad de licencias, quedando sujeta la participación en el mercado a los límites fijados por las leyes de Defensa de la Competencia y/o de Lealtad Comercial.
A esto le suma la necesidad de derogar las restricciones para la comercialización en el mercado de valores de las acciones de los licenciatarios y los registros de señales, productoras y señales, subsistiendo sólo el de licencias y autorizaciones.
Asimismo, propone derogar las obligaciones de los licenciatarios y autorizados sobre los contenidos, cuotas de pantalla y limitaciones sobre la publicidad, con excepción de las relacionadas con la preservación de los derechos del niño, lucha contra la
discriminación, el tabaquismo, el uso problemático de drogas, el cuidado de la salud.