Milei le tira un "salvavidas" a una concesionaria de rutas en default
A finales de octubre del año pasado, Caminos del Río Uruguay podría haberse convertido en una más de la estatización de una ruta concesionada que llevó a cabo Alberto Fernández durante su presidencia.
Pero la justicia le impidió al ex presidente cumplir con su "sueño" de pasar a manos del Estado todas las rutas nacionales en las que se cobra peaje tal como ya lo había hecho con otras concesiones que pasaron a ser controladas por la sociedad estatal Corredores Viales.
Se trata de una empresa pública que se encuentra en la lista de "privatizables" que armó la actual gestión libertaria y que opera todas las autopistas, salvo tres: las Panamericana y el Acceso Norte, operada por Ausol; el Acceso Oeste, bajo control de Grupo Concesionario del Oeste, y la ruta 14, que tiene a su cargo Caminos del Río Uruguay y es el corredor más importante que la Argentina aporta al Mercosur cuyo trazado atraviesa los puentes Zárate y Brazo Largo y corre por las rutas 12 y 14 para comunicar el litoral argentino con una autovía que llega al límite con Brasil y con Uruguay, además del puente que une Rosario con Victoria.
Mientras las dos primeras, propiedad del mismo grupo europeo Abertis, esperan poder refrendar con el presidente Javier Milei la extensión del contrato que ya habían firmado con el ex presidente Mauricio Macri que fue judicializado por el kirchnerismo, en el caso de la tercera operadora sigue recibiendo "beneficios" de parte de la actual gestión libertaria.
Protección judicial
La empresa logró antes de que asumiera la nueva gestión en la Casa Rosada, un amparo judicial que le permitió la continuidad en la operación por un plazo inicial de seis meses.
Es decir, hasta abril pasado debido a que, según el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial N° 9 que tenía a cargo aquella causa, el Estado incumplió con el procedimiento establecido para dar por terminada la concesión.
La concesionaria venía sufriendo un fuerte embate de parte del entonces Ministerio de Obras Públicas del cual dependía la Dirección de Vialidad Nacional, que a diario le imponía millonarias multas que llegaron a acumular un reclamo del Estado a Corredores Viales de más de $900 millones por supuestos incumplimientos al contrato de concesión.
Además, le reclamaba cerca de $3.000 millones en compensación por obras no realizadas que la empresa argumentaba no haber hecho "por falta de cumplimiento de contrato por el Estado" pero igual sostenía que habían ejecutado obras por $2.666 millones.
A concurso preventivo
Semejante presión llevó a sus accionistas a solicitar la apertura de su concurso preventivo de acreedores argumentando que el contexto de alta inflación junto con tarifas muy por debajo del valor de equilibrio tornaban imposible la explotación comercial de la ruta.
En un informe que la concesionaria presentó a la justicia en ese momento se da cuenta de que solamente entre agosto de 2019 y el mismo mes de 2022, el índice de inflación acumuló 269,51%, mientras que los ingresos operativos de la concesionaria lo hicieron en un magro 69% a valores nominales.
En ese contexto, antes de la salida de Alberto Fernández de la Casa Rosada, la sociedad recibió dos aumentos, uno en mayo (50%) y otro en julio (40%) del 2023 que no lograron recomponer su ecuación financiera.
Reclamo "libertario"
Al cambiar el símbolo político del Gobierno y levantarse las banderas de las privatizaciones, el presidente Milei determinó en mayo pasado que Corredores Viales extendiera su titularidad sobre la concesión de la ruta por otros 12 meses, hasta llegar a mayo del 2025.
Ese mes, la administración libertaria seguramente habrá finalizado con la negociación que lleva a cabo para firmar un nuevo contrato de privatización si pretende ser coherente con las premisas levantadas por Javier Milei y su teorema libertario. Pero, si durante este lapso no se logra ese objetivo, seguramente habrá otra extensión precaria hasta llegar a la solución definitiva.
Ahora, y mediante la Resolución 388/2024 publicada por Vialidad Nacional en el Boletín Oficial de este jueves 4 de julio, el gobierno de Milei le vuelve a tirar otro "salvavidas" a la concesionaria otorgándole nuevos aumentos en los precios de sus peajes.
La norma recuerda que, mediante la Resolución Nº 3093 del 17 de diciembre de 2014, se aprobó el "Acta Acuerdo de Adecuación Contractual" del Corredor Vial Nacional Nº 18, por el cual se procedió a modificar el contrato con Caminos del Río Uruguay, incorporando al plan de obras mejoras necesarias para la adecuada y segura de la ruta Rosario–Victoria" por ejemplo.
A partir de esta modificación, la sociedad presentó ante la Gerencia Ejecutiva de Planeamiento y Concesiones de Vialidad Nacional una propuesta para la modificación de los cuadros tarifarios. Lo hizo en abril pasado, argumentando que los ingresos que percibe actualmente "resultan ser insuficientes para cumplir con las obligaciones asociadas a la operación, y mínimo mantenimiento del Corredor Vial".
Subas mensuales
El informe fue aceptado por el ente oficial que dispuso realizar las modificaciones necesarias para las nuevas tarifas y realizar las tramitaciones correspondientes para su aprobación, previa realización de las audiencias públicas correspondientes.
En ese contexto Vialidad Nacional realizó los análisis correspondientes y efectúo una propuesta a ser aplicada al Contrato de concesión del Corredor Vial N° 18. El informe detalla que "debido al contexto inflacionario se ha producido una variación significativa de los precios de los componentes principales de los rubros de explotación, conservación y mantenimiento y servicios de apoyo, que inciden en la prestación de los servicios y en el mantenimiento de las Concesiones, que, en caso de no equilibrarse con ajustes de la tarifa, éstos podrían tener impacto en la calidad de las prestaciones que realiza la empresa Concesionaria".
Además explica que la aplicación de la fórmula de actualización tarifaria que se aprueba, "será de aplicación supletoria a los mecanismos de actualización tarifaria contractualmente previstos, si y solo si la variación de los costos calculados conforme sus parámetros resulten inferiores a los contractualmente establecidos". A esto le suma la participación de la ciudadanía en la discusión y de la cual surge que se dio cumplimiento a la normativa vigente que rigió el presente Procedimiento de Elaboración Participativa de Normas, en los términos del Decreto Nº 1.172/03.
Para Vialidad Nacional se "comprendieron" las opiniones de los usuarios y se asegura que las nuevas medidas "garantizarán al usuario la calidad de las prestaciones en condiciones de seguridad en las áreas concesionadas". Por ese motivo, el propio presidente Milei dio la orden de aprobar los nuevos cuadros de peajes a ser aplicados al Corredor Vial N° 18, "que permitirán contar con la calidad en la prestación del servicio a los usuarios y la calidad de las prestaciones que realiza la empresa Concesionaria y la fórmula de actualización tarifaria futura".
Se establece también que los nuevos precios tendrán vigencia a partir de darse a conocer a los usuarios a través de su publicación durante dos días corridos, en por lo menos dos de los principales medios periodísticos de la zona de influencia, de manera previa a su aplicación.
En estos casos, los nuevos valores aplican actualizaciones del 100% con la excusa de "poder atender la operación y mantenimiento del mencionado corredor", según un documento elaborado por Vialidad Nacional. Así, oscilan entre los $1.100 para la Categoría 1 de vehículos; pasa por los $2.200 para la Categoría 2 y llega hasta los $4.400 para la Categoría 6, en el peaje de Zárate. En el caso de Colonia Elía, van desde los $600 a los $2.400, mientras que para los del peaje Yeruá, se encuentran en los mismos valores que el anterior, a lo cual se suman los del acceso Piedritas, de iguales montos, y los del Puente Rosario-Victoria que pasaron a costar entre entre $300 y $3.300.
Retoques mensuales
Además, y como el Gobierno ya viene haciendo con otros servicios, habrá retoques mensuales bajo una fórmula que consistirá en verificar el valor que surge de multiplicar la tarifa del concesionario por el coeficiente de variación tarifaria (Cvt).
Esta metodología será aplicable hasta marzo de 2025, a partir de este mes de julio, dentro de los cinco días hábiles siguientes a la difusión de los índices en cuestión por parte del INDEC.
Las autoridades destacan que esta modalidad será utilizada siempre y cuando las tarifas resultantes sean equivalentes o inferiores a las que resultasen de la actualización tarifaria prevista en el Pliego de Especificaciones Técnicas Generales del Contrato de Concesión.
Para los funcionarios de Vialidad Nacional, los aumentos pedidos son "adecuados" al tenerse en cuenta que "se advierte que se ha verificado un aumento considerable de la variación de precios registrada en ciertos componentes principales de los rubros de explotación, conservación y mantenimiento y servicios de apoyo, que inciden en el nivel de prestación de los servicios al usuario".
Por lo menos así lo establece la norma para mejorar los ingresos de una concesionaria que al inicio de su contrato, operaba un corredor con extensión de 617 kilómetros, de los cuales 30 eran de pista doble. Luego, sumó otros 60 kilómetros más de la ruta 174 del Corredor Rosario Victoria, para llegar actualmente a una extensión de 668 kilómetros.
Y, desde el 2006 hasta ahora, la concesionaria presentó 46 pedidos de readecuación tarifaria que nunca fueron respondidos por las anteriores autoridades, ya que los pocos aumentos que recibió fueron otorgados "a dedo" por el kirchnerismo y siempre estuvieron por debajo de lo que implicaba el aumento de los costos, lo cual de alguna manera contribuyó a la precariedad en la cual hoy se encuentra la traza y donde hace años no se concretan inversiones para mejorar la circulación.