La turbulencia no cesa en torno a Aerolíneas Argentinas y la empresa transita una instancia de vaivenes que resultan inseparables del contexto político que atraviesa el país. Al tiempo que trastabilla la intención del Gobierno de abrochar más retiros voluntarios entre los casi 8.000 trabajadores en tierra que posee la firma –sólo 200 personas aceptaron la propuesta–, emergen nuevos conflictos por efecto de los recortes de empleados que activó GPS, una de las tercerizadas de la estatal en temas como seguridad y logística. En la última semana, más de 100 personas se movilizaron en terminales como el Aeroparque porteño exigiendo su reincorporación. De la medida tomaron parte integrantes de UPSA, el gremio del personal superior aerocomercial. Los recortes cobraron forma a la par de que la Auditoría General de la Nación (AGN) aprobara los estados contables de la línea de bandera aunque reconociendo un rojo superior a los 200 millones de dólares.

La realidad económica de la compañía fue expuesta por la Comisión de Supervisión de Control del Sector No Financiero, que en días recientes dio cuenta de un resultado negativo similar al registrado en los últimos años. En términos operativos, indicaron fuentes oficiales, la estatal evidenció un rojo del orden de los 390 millones de dólares.

Según se expuso a nivel gubernamental, la compañía recibió subsidios indirectos en torno a esa cifra. Se afirmó, además, que la Aerolíneas Argentinas sigue presentando números negativos en términos de su operatividad respecto de otras compañías que "se recuperaron de la pandemia y generaron ganancias, muchas de ellas a niveles históricos".

Aerolíneas Argentinas: turbulencia laboral en una tercerizada

Estos resultados trascendieron prácticamente a la par de la decisión de GPS de suprimir 150 puestos de trabajo. Y luego de conocerse que el programa de retiros voluntarios implementado por la estatal tuvo una aceptación por demás de baja.

"Es un hecho que miles de puestos de trabajo están en riesgo con la privatización de Aerolíneas Argentinas, siendo los de GPS los primeros despidos de un proceso de privatización que está garantizando la gestión actual de la empresa", dijeron al respecto portavoces sindicales.

"Ya han ocurrido más de 150 despidos entre Aeroparque y Ezeiza. Se trata de trabajadores y trabajadoras que efectúan labores de asistencia y control para Aerolíneas Argentinas. Estas personas han sido siempre una parte esencial de la seguridad operacional en las terminales aéreas", añadieron.

El oficialismo señala que el funcionamiento de la estatal continúa arrojando números negativos.

Esta sucesión de movimientos en torno a la estatal se completa con la decisión del Gobierno de continuar profundizando su política de "cielos abiertos", la cual consiste en la firma de acuerdos con países de la región que fijan una desregulación prácticamente total de los servicios dentro y fuera de la Argentina.

Con intervención denodada de Daniel Scioli, a cargo de la Secretaría de Turismo, y los funcionarios del área de Transporte, el Gobierno abrochó pactos con Brasil, Ecuador, Perú y Chile que levantaron polvareda en el segmento aerocomercial.

Ocurre que los pactos habilitan, por ejemplo, la posibilidad de que compañías extranjeras den servicios de cabotaje sin obligación de contar con bases u oficinas en el país, o contratar personal nacional. Las organizaciones gremiales del sector señalan que estos acuerdos culminarán por beneficiar a gigantes como LATAM.

Se viene otro acuerdo de "cielos abiertos"

En medio de esa controversia, el oficialismo sigue moviendo las piezas y ya negocia un acuerdo similar a los anteriores con las autoridades de Uruguay.

La particularidad en ese caso estará en que, dada la inexistencia de líneas aéreas comerciales de ese país, el mercado oriental quedaría abierto para que compañías argentinas –incluida la estatal– presten servicios domésticos en la nación vecina.

El acuerdo con Uruguay permitiría a las empresas nacionales dar cabotaje en ese país.

Respecto del acuerdo en ciernes, Carlos Enciso, embajador uruguayo en Buenos Aires, dijo que "lograr el cielo abierto entre ambos países permitirá que aerolíneas que no sean de bandera uruguaya o argentina puedan hacer escalas o traslados de pasajeros e incluso vuelos de cabotaje".

"Evidentemente después los operadores privados, las compañías, podrán en este marco avanzar en mayores frecuencias, en más puntos de conexión entre los dos países, que no es solamente Aeroparque y Aeropuerto Carrasco, sino que también en los aeropuertos que tenemos en Punta del Este, por ejemplo", agregó.

Una de las empresas que ya dio el paso para aumentar la conexión con Uruguay es JetSmart, que comenzó a conectar el Aeroparque con Carrasco mediante un servicio diario que compite con la oferta de Aerolíneas Argentinas.