Aerolíneas Argentinas, en alerta: baja aceptación de retiros voluntarios y resistencia a cielos abiertos
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El destino de Aerolíneas Argentinas sigue en la indefinición más allá de la voluntad oficial de reprivatizar a la compañía estatal. La compañía, a instancias del gobierno que encabeza Javier Milei, viene de cerrar un programa de retiros voluntarios que tuvo una aceptación por demás de menor: apenas 200 empleados aceptaron la propuesta, pensada para los casi 8.000 trabajadores en tierra que posee la empresa. A la par de implementar el recorte a las millas que, hasta esta gestión, podían acumular a título personal aquellos funcionarios que volaban financiados por algún organismo público, la compañía no desactivó su modernización de flota y arriba a esta instancia de mayo con la incorporación de dos Boeing 737 MAX. De esta forma, Aerolíneas Argentinas sube su dotación de aeronaves a 84 unidades disponibles.
La incorporación de los nuevos Boeing ocurre en un contexto de apuro del oficialismo por avanzar con el traspaso de la firma a eventuales actores privados. Es en ese marco que ocurrió la implementación del programa de retiros voluntarios, que obtuvo una adhesión muy lejana a las expectativas creadas en el seno de la línea de bandera.
Aerolíneas Argentinas y los salarios de la estatal
La propuesta de la firma aplicaba a todo aquel empleado en tierra con más de 2 años de antigüedad e implicaba pagos a abonar "en un plan mensual, equivalente al 50% de antigüedad en años al momento de la firma".
"Por ejemplo, si se posee 20 años de antigüedad, se abonará en 10 pagos mensuales, ajustados según los incrementos salariales paritarios acordados con la empresa", indicó la empresa.
El Gobierno viene de exponer públicamente que Aerolíneas Argentinas posee una dotación de 140 personas por cada avión operativo, un número por demás de alto si se lo compara con empresas internacionales como American Airlines, que promedia menos de 40 empleados por aeronave.
Ligado a esto, Nicolás Posse, jefe de Gabinete, presentó ante el Senado un informe dando cuenta de los sueldos que perciben los trabajadores de la estatal. Bajo el argumento de que la empresa sigue generándole gastos abultados al Estado, el funcionario sostuvo que un comandante cobra algo más de $7 millones mensuales, mientras que los haberes de los jefes de cabina y el personal técnico se ubica en algo más de 3 millones de pesos.
Por su parte, el salario de los trabajadores designados como supervisores alcanza los 1,7 millones de pesos, siempre según el informe dado a conocer.
A la par de la revisión de números que viene llevando a cabo el Gobierno, combinada con la búsqueda de potenciales interesados en adquirir la empresa, el clima gremial dentro de la estatal continúa ganando temperatura.
Oposición gremial a los "cielos abiertos"
En ese sentido, la Asociación del Personal Técnico Aeronáutico (APTA) que lidera Ricardo Cirielli emitió un comunicado denunciando que "los cielos abiertos que está ejecutando el gobierno de Milei, con el aval por indiferencia de toda la oposición, tiene como finalidad la desaparición de Aerolíneas Argentinas".
"Sólo Chile posee más de 360 aviones entre Latam, JetSmart y SKY, Aerolíneas tiene sólo 84. Es igual que poner a competir a un oso con una hormiga. Además, el mercado argentino es tres veces mayor que el chileno, es evidente quien será el gran beneficiado. Las aerolíneas de Chile podrán volar hacia nuestro país sin ningún límite en cantidad de vuelos y sin reciprocidad", expuso la organización, respecto del acuerdo reciente cerrado con Chile.
"La ANAC pierde capacidad de control sobre los aviones y tripulaciones habilitados en Chile u otros países con acuerdo de cielos abiertos. Las aéreas extranjeras van a ejecutar un modelo de negocios que beneficie a sus compañías, lugares de origen y trabajadores. Pagarán sus impuestos fuera de Argentina y utilizarán también técnicos de otros países…", añadió el gremio.
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El comunicado de APTA se inscribe dentro de la estrategia de denuncia y movilización activada por los sindicatos para intentar contrarrestar la voluntad privatizadora de la que hace gala el Gobierno. Hasta el momento, la gestión que encabeza Javier Milei se ha mantenido firme en su intención de transferir el manejo operativo y económico de la línea de bandera.