Javier Milei sigue sin saber qué hacer con las centrales hidroeléctricas
:quality(85)/https://assets.iprofesional.com/assets/jpg/2024/05/574497.jpg)
Tal como ya lo hizo en abril pasado, el Gobierno acaba de volver a prorrogar los contratos que ya vencieron en el 2023 de las mayores centrales hidroeléctricas mostrando una vez más que la administración que dirige el presidente Javier Milei no sabe qué hacer con la concesión de estas generadoras de energía.
Se trata de las centrales Hidroeléctrica Alicurá; El Chocón Arroyito; Cerros Colorados y Piedra del Águila que, por lo menos por lo menos durante tres meses, seguirán bajo el paraguas de las empresas que hasta ahora vienen operando cada una de estas empresas.
La decisión fue plasmada en la Resolución 78/2024 del Ministerio de Economía y la Secretaría de Energía que fue publicada en el Boletín Oficial de este lunes 20 de mayo donde se aclara que la extensión de estos contratos rige desde el 18 de mayo pasado hasta el 11 de agosto próximo para Alicurá; El Chocón Arroyito y Cerros Colorados con el objetivo de "preservar la seguridad de las personas y los bienes ubicados en la Cuenca" en donde operan las centrales y cumplir con todas sus obligaciones derivadas del contrato durante el referido período", tal como sostiene la medida en sus cada uno de los artículos que incluye la norma.
En el caso Piedra del Águila, la prórroga corre desde el próximo 27 de junio y hasta el 29 de diciembre próximo, lo cual marca una extensión de seis meses y difiere de las anteriores.
La medida también dispone que Energía Argentina Sociedad Estatal (Enarsa) se mantenga como veedor para todas las centrales referidas en los artículos de la resolución, mientras que la Secretaría de Energía será la encargada de notificar a las empresas concesionarias, el curso de acción "a fin de determinar el cronograma de trabajo para dar cumplimiento efectivo a la transferencia de las referidas Centrales Hidroeléctricas al Estado Nacional en su carácter de concedente", además de notificar a las provincias de Río Negro y Neuquén sobre la medida adoptada por el ente que dirige Eduardo Javier Rodriguez Cirillo.
Ocurre que las represas se encuentran ubicadas en esas provincias cuyos gobernadores pidieron tener una participación tripartita en el control de las centrales a lo que desde la Secretaría de Energía se les respondió que los contratos pueden extenderse por 12 meses a criterio unilateral del Gobierno y que se decidirá si las toma Enarsa o se relicitan.
Las "razones"
En la resolución se explica que "la energía hidroeléctrica constituye una fuente renovable de generación segura y limpia que, además, favorece la diversidad de la matriz energética y otorga confiabilidad al Sistema Argentino de Interconexión (SADI).
Destaca también que los plazos de los contratos celebrados para la generación de energía eléctrica hidroeléctrica se encuentran vencidos "configurándose el supuesto de extinción del acuerdo por vencimiento del plazo previsto en el Artículo 64 de los Contratos de Concesión".
En este sentido, y de acuerdo con lo dispuesto en los contratos de concesión, vencido su plazo, el dominio y la posesión de los equipos de la concesionaria se transferirán "de pleno derecho al Estado Nacional en su carácter de concedente, de acuerdo con lo prescripto en la Ley N° 15.336".
La norma también recuerda que una vez vencidos los plazos de las concesiones, a fin de preservar la seguridad de las personas y los bienes ubicados en la Cuenca, las concesionarias continuarían a cargo del Complejo Hidroeléctrico correspondiente y cumplirían con todas sus obligaciones derivadas del contrato durante 60 días corridos, prorrogables por otros dos mes.
Además, destaca que a través de la Resolución N° 815 del 5 de octubre de 2023 de la entonces Secretaría de Energía del Ministerio de Economía, se prorrogó por 100 días corridos, desde el vencimiento del plazo 60 días corridos dispuesto en el Artículo 1° de la Resolución N° 574/23, "en el marco de lo previsto en los Contratos de Concesión de las Centrales Hidroeléctricas denominadas Alicurá; El Chocón Arroyito y Cerros Colorados".
En ese sentido, la norma agrega que el gobierno libertario sancionó la Resolución Nº 2 el 16 de enero pasado que dispuso la prórroga del período de transición respecto de los contratos desde el 19 de enero y por 60 días corridos para Piedra del Águila contados a partir del 28 de febrero, "en tanto dicha extension no supere el plazo máximo de 12 meses que establecen los Contratos de Concesión".
Del mismo modo, la Resolución Nº 33 del 15 de marzo dispuso la prórroga del período de transición de las hidroeléctricas a partir del 19 de marzo y por 60 días corridos; y de Piedra del Águila desde el 28 de abril y por 60 días corridos.
Traspaso ordenado
De acuerdo a la medida, las prórrogas fueron dispuestas en virtud de la información oportunamente brindada por ENARSA y el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) Para poder realizar "un traspaso ordenado tanto de los bienes, como de la operación y mantenimiento de las centrales, sin perjuicio de la facultad de esta Secretaría de ampliarlo hasta el plazo máximo fijado en los Contratos de Concesión".
Por eso los libertarios consideraron necesario prorrogar el período de transición, desde el 18 de mayo y hasta el 11 de agosto de 2024 para tres de las centrales y del 27 de junio y hasta el 29 de diciembre para Piedra del Águila.
Estas extensiones le permitirán al Gobierno adoptar las medidas conducentes a contar con las estructuras societarias correspondientes, hasta su traspaso al sector privado mediante procedimientos licitatorios competitivos y transparentes en un futuro mediato mediante un nuevo marco que permita para volver a licitar las centrales hidroeléctricas, teniendo en cuenta la "bandera" ideológica con la que Milei ganó las elecciones presidenciales, que es el de que el Estado se reduzca a su mínima expresión y el sector privado siga manejando aquellas concesiones que ya estaban en el poder de empresas locales o internacionales.
Preparar la transición
El anterior gobierno de Alberto Fernández había extendido estos contratos hasta el pasado 19 de enero, mientras que la gestión actual se propuso preparar un nuevo marco para volver a licitar las centrales que, ahora, van a seguir en manos privadas pero también al estilo kirchnerista.
Es decir, con un permiso precario y de transición con el cual se sigue sin definir si las empresas actualmente a cargo de operar estas concesiones mantendrán los contratos o se volverán a licitar o, en su defecto, pasarán a manos del Estado, opción poco creíble si se tiene en cuenta la orden de Milei de reducir el Estado.
En la actualidad, las centrales se encuentran controladas por AES (Alicurá), ENEL Generación (El Chocón Arroyito), Central Puerto (Piedra del Águila) y Orazul Energy (Cerros Colorados), además de otras de menor peso que se distribuyen varias zonas del país-
Todas son supervisadas por ENARSA, una sociedad estatal que el DNU del presidente Javier Milei incluyó entre las que serán privatizadas al igual que los activos que controlan las empresas estatales ferroviarias; energéticas y los corredores viales, que serán vueltas a licitar a medida que venzan los plazos.
Precariedad y plazos vencidos
La creencia de los libertarios es que la mayoría de las concesiones ya vencieron y que las anteriores administraciones públicas no generaron condicionales para nuevas inversiones, por lo que todas se encuentran en un estado de precariedad, de prórrogas, que generan incertidumbre entre sus concesionarios.
La gestión actual se propuso preparar un nuevo marco para volver a licitar las centrales que, ahora, van a seguir en manos privadas
Sin embargo, los prometidos nuevos llamados a licitación que en su momento admitió que haría el ex ministro de Infraestructura, Guillermo Ferraro por ahora quedaron en la nada y se encaminan a mantenerse en el mismo statu quo por lo menos hasta marzo del 2025.
"Todas las concesiones vencidas serán puestas nuevamente en licitación", enfatizó el ex super ministro antes de ser echado del Gobierno por el propio Presidente.
Las centrales hidroeléctricas fueron privatizadas en los años 90, durante la presidencia de Carlos Menem por un plazo de 30 años, que se encuentra totalmente vencido y que tuvo más de una prórroga, siendo la última la otorgada por el ex presidente Alberto Fernández hasta mitad de enero pero con el objetivo de que cuando finalizaran los plazos pasaran a manos del Estado nacional.
Con el desembarco de La Libertad Avanza en la Casa Rosada y su plan de achique del sector público, se suponía que serían vueltas a privatizar en el corto plazo, mientras que lo que verdaderamente sucedió fue que se siguen prorrogando los actuales contratos.