Ley de Bases: el "Señor del Tabaco" tendrá que pagar más de u$s600 millones por cambios en impuestos a los cigarrillos
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La inclusión en la Ley de Bases de un artículo que obligará al bautizado como "El Señor del Tabaco" por el propio presidente Javier Milei marca el comienzo del fin de un privilegio inexplicable que Pablo Otero había logrado obtener a partir de fallos judiciales, algunas veces dudosos, y que le permitían evadir un impuesto que el resto del sector estaba obligado a pagar y cuya recaudación beneficia en mayor medida a las economías regionales productoras precisamente de tabaco.
El año pasado, según datos del mercado, el impuesto interno generó una recaudación de u$s1.488 millones; el Fondo Especial del Tabaco (FET), otros u$s213 millones y el Fondo de Asistencia Social (FAS), sumó a la cuenta u$s186 millones más.
Se trata de los impuestos que se le imponen a la venta de cigarrillos y que para este año tenían recaudaciones proyectadas de u$s1.527 millones; u$s206 millones y u$s201 millones.
Pero estos fondos no contemplaban la decisión de los legisladores nacionales que, después de haber excluido de la reforma legal impulsada por La Libertad Avanza los cambios a este tipo de tributos, terminaron por votar el artículo que llevará a que las marcas de Tabacalera Sarandí, la empresa de Otero vuelva a pagar la misma alícuota de impuesto interno a los cigarrillos que pagan sus competidores.
El martes 30 de abril, iProfesional explicó en uno de sus artículos cómo se llegó a la decisión que tuvo la ayuda de varios bloques opositores de los llamados "dialoguistas", como Hacemos Coalición Federal, la UCR e Innovación Federal que dieron el quórum necesario para lograr darle media sanción a este aspecto incluido en el paquete de medidas, sumada a la abstención de casi todos los legisladores de Unión por la Patria y de otros 21 parlamentarios que votaron a favor (entre ellos Victoria Tolosa Paz).
A partir de esta "victoria" libertaria, las proyecciones de recaudación impositiva vinculada a la comercialización de cigarrillos se modificaron para mejor. En el caso del Impuesto Interno llegaría a los u$s2.049 millones; el FET a u$s249 millones y el FAS a u$s247 millones.
Impuesto al tabaco: mayor recaudación
Es decir, el Estado va a recaudar mucho más de los u$s1.887 millones del 2023 y de los u$s1.934 millones que se habían proyectado sin el cambio parlamentario ya que ahora el monto a percibir ascenderá a los u$s2.545 millones o u$s611 millones más que mayoritariamente provendrán del "bolsillo" del "Señor del Tabaco", por ser quien controla el 45% de mercado de venta de cigarrillos con sus, hasta ahora, marcas de bajo precio, como Red Point; Máster; West y Kiel, entre otras.
A partir de que el Congreso vote la Ley Bases y el impuesto vinculado al negocio de los cigarrillos comience a regir se modificará la estructura tributaria, perjudicando más que nada al dueño de Sarandí, quien ya no podrá seguir vendiendo sus marcas de manera "subsidiada" y tendrá que competir bajo las mismas condiciones de mercado que el resto de las empresas, especialmente de las multinacionales como British American Tobbaco (BAT) y Philips Morris que en el país opera como Massalin Particulares y es la líder en ventas.
Es que, además de tener que cumplir con lo que le indicarán las normas, Otero no podrá seguirse beneficiando de la "subfacturación" como lo viene haciendo al declarar un precio a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y otro al público, con una diferencia de casi $1.000 por atado ya que el organismo recaudador podrá, de oficio, rectificar dicho valor obligando a este "empresario" a aportar el valor diferencial.
Con este nuevo esquema, el mercado debería reorientarse ya que las marcas que vende Sarandí deberán subir de precio, lo cual llevará a mejorar la recaudación nacional de coparticipación a las provincias y también a establecer una correcta integración de los recursos del FET.
Más de un año de debate
El 27 de diciembre de 2023 el Poder Ejecutivo Nacional (PEN) al que recientemente había arribado La Libertad Avanza con Javier Milei como nuevo presidente de la Nación presentó el Proyecto Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos.
En el capítulo de Impuestos Internos, el proyecto establecía una suba de la tasa del tributo a los cigarrillos del 70% al 73% y, a la vez, eliminaba el Impuesto Interno Mínimo que en la actualidad se encuentra fijado en $792,73 por paquete.
Lo hizo sabiendo que desde hace ya ocho años, esa alícuota venía siendo judicializado por una serie de empresas, principalmente por uno de los mayores jugadores del mercado de origen nacional.
Ahora, y según sostienen en la Cámara de la Industria del Tabaco (CIT), la eliminación del Impuesto Mínimo traerá igualdad de condiciones para todas las empresas del sector al momento de comercializar sus productos teniendo en consideración que hasta hoy no se cumplía con el pago del impuesto por parte de un 40% del mercado.
La entidad empresaria se refiere a la decisión tomada el pasado 30 de abril por la Cámara de Diputados de la Nación de darle media sanción a la Ley presentado por los libertarios, incluyendo el capítulo sobre Impuestos Internos al tabaco mediante la incorporación de los Art. 158, 159, 160, 161, 163, 164 y 165 del dictamen de mayoría aprobado el 23 de enero de 2024, ley que ahora continuará su tratamiento en el Senado de la Nación.
En este marco y según un informe de la consultora ABECEB, este tipo de prácticas por parte de las firmas que no pagan el Impuesto Interno Mínimo, les permitió incrementar su participación en el mercado de cigarrillos, al pasar del 5,6% del total en 2016, al 40% en 2023, generando una pérdida de recaudación acumulada de u$s5.823 millones, entre esos años para el Estado nacional.
Además, esta distorsión impositiva provocó que, entre 2018 y 2023, el consumo de cigarrillos tuviera un aumento interanual del 1,2% en la Argentina, mientras que el promedio mundial bajó un 2% cada año, según el informe de Abeceb.
De hecho, la venta de cigarrillos de las multinacionales también viene en caída en relación a las locales que, en enero controlaban el 37% del share y en febrero pasaron ya al 40,4%, según datos de la Secretaría de Agricultura.
Traducido en cifras, este año más de 700 millones de paquetes no iban a pagarán el impuesto interno, si el lobby político empresaria de la dupla conformada por "El señor del tabaco" y Cristian Ritondo hubiese tenido éxito, provocando un enorme daño a toda la cadena de valor tabacalera.
Mayor demandante de mano de obra
Se trata de un sector que representa una importante actividad en términos productivos, económicos, sociales y fiscales, que se integra verticalmente desde la producción de la materia prima hasta la distribución y la comercialización mayorista y minorista de cigarrillos.
El cultivo del tabaco es el mayor demandante de mano de obra por unidad de superficie del sector agropecuario, con alrededor de 120 jornales por hectárea. Igualmente, toda la cadena de valor genera más de un millón de empleos directos e indirectos.
Además de las empresas manufactureras y acopiadoras, el sector está constituido por un entramado de más de 150.000 pymes y representa una importante fuente de recursos fiscales ya que, por caso, la venta de cigarrillos percibe una presión tributaria en torno al 80%, dado que se encuentra gravada con cinco impuestos (Fondo de Asistencia Social, Fondo Especial del Tabaco, Impuestos Internos, Impuesto al Valor Agregado e Ingresos Brutos)-
Por eso, salvo Otero, toda la cadena se pronunció en favor de que avance esta propuesta, ya que implica un cambio hacia la igualdad de condiciones para toda la industria, una mejora en la competitividad en el mercado y en la recaudación.
Adicionalmente, el incremento de tres puntos en la alícuota de Impuestos Internos a 73%, supone un recupero en recaudación de hasta $300.000 millones anuales dependiendo de la dinámica de precios.
Este incremento supone también una recomposición sustancial de las cuentas públicas provinciales, siendo los impuestos internos a los cigarrillos, coparticipables.
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En el caso de la provincia de Buenos Aires, la recaudación adicional sería de $29.000 millones; para Salta, ese monto ascendería a $15.000 millones; Misiones y Jujuy recibirían $14.000 millones; para Santa Fe y Córdoba, la recaudación adicional sería de $12.000 millones.