La Justicia sigue frenando el cepo a las tarifas de telecomunicaciones
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A pesar de la conformación del nuevo Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) y de las promesas de regularizar el mercado de las telecomunicaciones a partir de la liberación de sus precios y de la competencia, el Gobierno sigue sin lograr definiciones sobre el principal problema que viene afectando a esta industria desde el anterior gobierno kirchnerista.
Se trata de la sanción del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 690, que declaró servicios públicos esenciales y estratégicos en competencia a la telefonía celular y fija, Internet y la televisión paga, a raíz de la pandemia del coronavirus.
Telecom y Movistar, en alerta por cepo a las tarifas
Esa misma norma permitía a las autoridades nacionales establecer la pauta de aumentos en las tarifas de los servicios de internet, telefonía celular y televisión por cable de manera independiente a las necesidades de las operadoras, teniendo en cuenta la suba de costos y la escalada de la inflación.
Hasta ahora, la medida se vino cumpliendo a medias, ya que las principales operadoras del sector como Telecom, Movistar y varias cámaras empresarias presentaron a la Justicia una serie de amparos con los que lograron frenar los objetivos del decreto que firmó el expresidente Alberto Fernández.
Y mientras el nuevo Gobierno libertario sigue sin darle una solución al problema y el ENACOM todavía no comenzó a analizar "la herencia" recibida, Telecom acaba de lograr una nueva prórroga de la vigencia de la medida cautelar que solicitó en tribunales en el 2020.
En este caso, la suspensión de los efectos del decreto presidencial se extenderán por seis meses, es decir, hasta agosto próximo, dándole así tiempo a las nuevas autoridades nacionales a terminar de definir si anulan o no dicha medida.
En una nota enviada a la Comisión Nacional de Valores (CNV), la operadora de telecomunicaciones dueña de la marca Personal informó sobre la nueva extensión de los plazos en "autos caratulados: 'Telecom Argentina SA c/ EN-Enacom y otro s/medida cautelar (Autónoma)' (Expte. Nº 12.881/2020)".
Empresas de telecomunicaciones buscan anular decreto kirchnerista
Sus abogados sostuvieron que, "continuando con el hecho relevante enviado el 22 de agosto de 2023, informamos de la resolución del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 8 que, en los autos "Telecom Argentina SA c/ EN-Enacom y otro s/medida cautelar (Autónoma)" (Expte. Nº 12.881/2020), resolvió prorrogar nuevamente la vigencia de la medida cautelar oportunamente otorgada en las citadas actuaciones, por el plazo de 6 (seis) meses conforme art. 5 de la ley 26.854".
La empresa había obtenido un fallo similar seis meses atrás, logrando la suspensión de varios artículos del decreto que declaró servicio público esencial a las telecomunicaciones.
La decisión judicial respalda una presentación realizada por Telecom Argentina SA contra el ENACOM luego de que, en el 2020, se conociera el DNU.
En este sentido, la decisión judicial viene restableciendo la potestad de los operadores de cable y telecomunicaciones de fijar sus condiciones de comercialización, tal como siguieron haciendo hasta la fecha.
Sin embargo, nada se sabe sobre la postura de las nuevas autoridades del ENACOM -ni del propio presidente Javier Milei- sobre la continuidad o no del decreto del expresidente Fernández y sobre la continuidad de la judicialización de la medida, que comenzó hace ya más de tres años con el fallo favorable a Telecom de la Sala II de la Cámara Contencioso Administrativo Federal.
Entre la Justicia y Enacom: apelaciones reiteradas
En agosto del año pasado, y con los votos mayoritarios de los jueces José Luis López Castiñeira y Luis María Márquez, esa dependencia judicial admitió un recurso de apelación de la mayor operadora de telecomunicaciones de la Argentina que suspendió los artículos 1 al 6 del DNU y también de tres resoluciones reglamentarias del Ente Nacional de Telecomunicaciones (1466/2020, 1467/2020 y 204/2021) que fueron inaplicables a la empresa.
La Justicia sigue entendiendo que el decreto es inoportuno e innecesario y altera las condiciones bajo las cuales fueron regulados y organizados los servicios TIC; se desentiende del costo real de organización, instalación, prestación y mantenimiento de esos servicios y desconoce la posibilidad de obtener una renta razonable.
A esto se sumó un fallo de la Corte Suprema en la misma causa por la cual el máximo tribunal de Justicia del país también desestimó los recursos de queja interpuestos por el Estado Nacional y el ENACOM contra la sentencia de la Sala II de la Cámara Contencioso Administrativo Federal que les había denegado los recursos extraordinarios en contra de la sentencia de dicha Sala que hizo lugar a la apelación interpuesta por la sociedad, revocó la decisión de la instancia de origen y admitió la medida cautelar peticionada por Telecom Argentina.
Por eso se fueron sumando las otras grandes empresas del sector que sistemáticamente rechazaron las recomposiciones dispuestas por el Enacom y el impacto de las subas quedó limitado a los clientes de pequeñas y medianas empresas y cooperativas mayormente ubicadas en el interior del país.
La negativa de los principales jugadores del sector a aplicar este incremento se debe a que desconocen la autoridad del ENACOM para establecer políticas comerciales.
De hecho, iniciaron el 2023 con un retoque de casi el 25% como forma de recomponer en parte sus costos, que vienen creciendo a la par de la inflación mensual.
En tanto, en mayo, el Enacom habilitó aumentos programados para los próximos meses del año, en virtud de la inflación con incrementos de 4,5% mensual "a partir del primer día de cada mes posterior a mayo de 2023, sucesivamente y hasta diciembre de 2023 inclusive".