Las provincias se plantan contra el Gobierno por el control de hidroeléctricas y activan la batalla judicial
:quality(85)/https://assets.iprofesional.com/assets/jpg/2022/04/534830.jpg)
Dispuestas a blindar el control operativo y económico de las generadoras de energía, las provincias de Neuquén y Río Negro emitieron cartas documento contra el Gobierno nacional intimándolo a desistir de cualquier intento por asumir el control de las hidroeléctricas, así como también señalando que impedirán todo movimiento unilateral relacionado con la concesión de los complejos. En sus notificaciones los mandatarios de ambos distritos anticiparon que desconocerán las decisiones que se tomen en Casa Rosada respecto de las usinas, y remarcaron que la Constitución señala con claridad que las provincias son las dueñas absolutas de sus recursos naturales. El año pasado, y tras varios amagues preelectorales, la gestión de Alberto Fernández alargó los plazos de las concesiones que vencían antes de diciembre de 2023. Alicurá, El Chocón, Cerros Colorados y Piedra del Águila, entre las centrales a las que se les "busca" destino.
En concreto, las cartas documento fueron remitidas por los gobernadores Alberto Weretilneck y Rolando Figueroa, de Río Negro y Neuquén, respectivamente, quienes subrayaron que los recursos naturales "son potestad de las provincias". Esto, ante el inminente vencimiento de los períodos de transición de las concesiones de generación hidroeléctrica en la cuenca de los ríos Limay y Neuquén.
Provincias buscan blindar el control de sus recursos
Según informó el gobierno rionegrino mediante un comunicado, el reclamo es "en defensa de los recursos naturales de las provincias y buscando establecer un claro precedente".
La gobernación de ese territorio explicó que "el mandatario rionegrino envió una carta documento dirigida al Ministerio del Interior, sustentada en los artículos 1°, 5°, 121 y 124 de la Constitución Nacional, que establecen el dominio originario de las provincias sobre sus recursos naturales, así como en los artículos 70, 71 y 81 de la Constitución de la Provincia de Río Negro, que refuerzan la propiedad originaria de los recursos naturales en su territorio, dejando en claro la potestad de la provincia para controlar y regular el uso de estos recursos".
Por su parte, las autoridades de Neuquén también optaron por el envío de una "carta documento al secretario de Energía de la Nación, Eduardo Rodríguez Chirillo, en la que indica que ante la falta de respuestas y de evasivas por parte del Estado Nacional, la provincia se ve forzada a intimar y exigir que se abstenga de tomar cualquier tipo de decisión o medida respecto de las represas, sin antes dar participación a la provincia".
En su texto, el mandatario de esa provincia hizo hincapié en la autonomía de Neuquén para definir el destino de sus hidroeléctricas y se "refirió a los aprovechamientos hidroeléctricos de los ríos Limay y Neuquén y puntualmente a las concesiones de El Chocón, Piedra del Águila, Alicurá, Cerros Colorados y Arroyito, cuyos períodos de transición fueron recientemente prorrogados".
Pedido de no intervención al Gobierno nacional
De forma simultáneo, ambos gobiernos exigieron que "el Estado Nacional, y sus dependencias, se abstengan de otorgar cualquier tipo de concesión, prórroga o autorización relacionada con la explotación de dichos complejos hidroeléctricos sin obtener previamente el consentimiento de las provincias".
Según notificaron Río Negro y Neuquén, dichas notificaciones advierten que "cualquier acción unilateral por parte del gobierno nacional será considerada inválida y carecerá de derechos frente a la provincia".
"Además, se subraya la posibilidad de iniciar acciones legales contra los eventuales concesionarios o explotadores de los recursos, en caso de no respetarse las disposiciones provinciales", puntualizaron las gobernaciones en sus comunicados.
Pese al tono potente en términos de defensa lo que interpretan como soberanía provincial, ambos gobernadores cerraron sus documentos remarcando que "aspiran a la posibilidad de abrir un diálogo constructivo con el gobierno central que respete los principios constitucionales y las competencias provinciales, en aras de encontrar soluciones que beneficien a ambas partes y promuevan un uso responsable de los recursos naturales en la región".