Le impiden a las petroleras producir biocombustibles
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"Se trata de un negocio armado para un grupo de manera discrecional porque le dará a quien ocupe el cargo de Secretario de Energía el poder de decidir a dedo qué vender y qué no, cuánto vender y a qué precio", asegura a iProfesional uno de los principales ejecutivos de la industria petrolera argentina.
El empresario se refiere a los cambios que el Gobierno acaba de introducirle a la ley actual de biocombustibles que, según su visión, creará un mercado cautivo, carterizado y con compradores como las petroleras que quedarán rehenes de las decisiones que tome el Estado a través del funcionario de turno.
El malestar se basa en las modificaciones que la Secretaría de Energía habría pactado introducir a la decisión inicial de liberar el mercado de los biocombustibles, permitir el ingreso de nuevos competidores, eliminar la cuotificación mensual y suprimir la fijación de un precio para los productos.
Las variantes que ahora se analizan introducir habrían sido producto de las presiones de las gobernaciones de Córdoba y Santa Fe, dos de los principales polos productivos del insumo, para mantener ciertos cambios, pero sostener la esencia del actual régimen productivo que garantiza multimillonarios ingresos a pocas empresas productoras de biocombustibles.
Operatividad actual
La todavía vigente ley de biocombustibles delega en un funcionario (Secretaría de Energía de la Nación) del Gobierno de turno la potestad de decidir quién puede vender bioetanol y biodiesel, cuánto volumen puede vender y a qué precio lo va a vender.
Para las empresas petroleras, estas definiciones generan un marco negativo, que frena inversiones y que crea incertidumbre sobre el futuro del negocio ya que:
• Suprime la libre competencia.
• No promueve la mejora y eficiencia.
• No promueve la calidad.
• Genera un mercado carterizado.
• Crea todas las condiciones para hechos de corrupción.
Antecedentes de la ley
La norma se votó en el Congreso en el 2007 bajo el número de Ley 26093, que dispuso la mezcla de biocombustibles en los combustibles fósiles y otorgó incentivos fiscales a la producción por parte de empresas pymes.
En aquella época, en un contexto de altos precios internacionales de petróleo que llegó a rozar los u$s100 el barril en noviembre de ese año y los u$s140 en junio de 2008, había además un beneficio económico sobre el precio final del combustible al utilizarse otro producto (biocombustible) de menor valor al tradicional de origen fósil.
Desde el sector recuerdan que, al poco tiempo, a partir de la baja del precio del petróleo que en febrero de 2009 ya cotizaba en torno a los u$s40, y el alza de los productos agropecuarios, ese beneficio económico se revirtió.
En ese marco, la tonelada de soja, que en abril de 2007 cotizaba a u$s319,75, duplicó su valor en un año y saltó a u$s637,25 (99,29% más) en julio de 2008. Y al 20 de julio de 2022, la tonelada de soja ya cotizaba en u$s737,06, con una suba del 140%.
Además, la ley 26093 dio hasta el año 2021 beneficios fiscales a proyectos de construcción de nuevas plantas, les aseguró a las empresas que operaban en ese negocio un mercado cautivo y un precio fijado por el Estado, además de que el biocombustible agregado a la nafta y al gasoil no paga el impuesto a los combustibles y al dióxido de carbono.
Muchos beneficios, pocos costos
El contexto obliga a las petroleras a comprar biocombustible, mezclarlo en sus productos y distribuir y comercializar la mezcla, con lo cual los ejecutivos de estas empresas aseguran que los productores no tienen costo de distribución y comercialización, ni deben operar y mantener una red de estaciones de servicio para su actividad.
Ante las críticas, en agosto del 2021 se aprobó un nuevo marco regulatorio para la actividad, que rige hasta el 31 de diciembre del 2030, pudiendo el Ejecutivo nacional extenderlo por única vez y por cinco años más a contar desde esa fecha. El nuevo marco fijó una disminución en el corte del biodiesel, que pasó del 10% al 5% en el litro de gasoil, mientras que mantuvo el corte de 12% de bioetanol en la nafta.
Como a mediados de 2022 se evidenció un fuerte demanda de gasoil, el Ejecutivo dispuso una ampliación del corte de biodiesel para llevarlo a un 12,5% por cada litro de gasoil por el lapso de 60 días, hasta el 20 de agosto de 2022 para luego reducirse al actual 7,5%, que se suma al 12% de bioetanol que lleva cada litro de nafta.
Las petroleras insisten que el actual esquema genera una oferta cartelizada, con un mercado cautivo y precio garantizado, además de que lo que paga el consumidor termina siendo mayor, ya que el costo de los biocombustibles es considerablemente más alto al del combustible fósil a pesar de no estar gravados con el impuesto a los combustibles. Por otro lado, el Estado no percibe divisas por exportaciones de maíz, soja y sus derivados, que se podrían exportar, y deja de recaudar los impuestos no cobrados a la venta del combustible.
Pérdida fiscal
Por ese motivo, los empresarios del sector de los hidrocarburos entienden que el régimen que durante 15 años benefició a la producción de biocombustibles y fue postergado hasta fines de 2030, funciona a expensas del trabajo y desarrollo local en las provincias productoras y tiene un impacto directo en los ingresos fiscales de esas jurisdicciones por la menor actividad petrolera.
"Es un esquema donde le quita a unos para darle a otros, en vez de generar mayores oportunidades sin ir en detrimento de nadie", asegura a este medio un empresario petrolero de los de mayor renombre para quien en 15 años la estrategia de promoción impositiva tuvo un débito fiscal de u$s6.000 millones por menor recaudación de impuestos y una pérdida de divisas de u$s1.400 millones por pérdida de exportaciones.
Otro colega del sector agrega que, a fines de diciembre pasado, el biodiesel tenía un precio fijado por la Secretaría de Energía en $923.590 la tonelada, lo cual significa que cada litro de biodiesel retirado en la puerta de su fabricante tiene un valor de $1.049,53. A ese valor, hay que sumarle el costo del transporte hasta la refinería, donde se mezcla, y desde la refinería se transporta hasta las estaciones de servicio.
Recuerda además que en los últimos cuatro años el precio del biodiesel aumentó 1.803%, en tanto que el bioetanol de maíz lo hizo en un 1.315% y el de caña, 1.321%.En este mismo lapso, los precios de los combustibles en el surtidor aumentaron la mitad: el litro de gasoil un 851% y el de nafta súper lo hizo 741%.
Para los petroleros, las cifras demuestran que los agrocombustibles elaborados a partir de soja, maíz y caña de azúcar no solo son más caros sino menos eficientes que los obtenidos con petróleo ya que un litro de etanol rinde energéticamente el 75% de un litro de nafta; y el biodiesel, un 87% del litro de gasoil.
Advierten también que el biocombustible tiene problemas de calidad que afectan el rendimiento de los motores y una menor eficiencia energética que se traduce en una menor distancia recorrida por litro respecto del combustible fósil. Ambos puntos fueron manifestados por ADEFA (la asociación que nuclea a las automotrices que producen en el país) al Gobierno Nacional que ahora no parece querer modificar el régimen como inicialmente tenía previsto.
Ganadores de la disputa
Es más, en la industria petrolera consideran que la generación de una oferta cartelizada, con un mercado cautivo y un precio garantizado por el Estado genera la posibilidad de identificar a los que llaman "amigos del poder".
Del mismo modo, señalan que, en la producción de biodiesel, solo dos nombres concentran un tercio del volumen que la Secretaría de Energía dispone mensualmente y los identifican como el grupo Bojanich, con sede en Bahía Blanca y con seis plantas productoras de biodiesel como son Biobahía SA; Biobin SA; Bio Ramallo SA; Biobal Energy S; Bio Corba SA y Refinar Bio SA.
Con esas seis pymes, los petroleros sostienen que se queda mensualmente con el 22% del mercado del biodiesel.
A Bojanich le suman los nombres de Rosario Bioenergy, Bionogoya y Establecimiento El Albardón, que son todas propiedad del grupo Essential Energy Holding, de la familia Pucciarello y que, sumadas, las tres pymes se quedan cada mes con el 11% del biodiesel.Es decir que entre los dos holdings venden a las petroleras, por decisión del Estado y a precio regulado, el 33% de todo el biodiesel que se expide en el país, con un valor global a diciembre pasado de $30.273,4 milones cada mes.
Las "proveedoras" de bioetanol
En este caso, un informe del sector petrolero señala como la principal proveedora de bioetanol a la empresa ACA Bio Cooperativa, a la que en diciembre le asignaron 24.500 m3, seguida de Promaíz SA, con 16.700 m3. Se trata de un emprendimiento entre Aceitera General Deheza (AGD), de la familia Urquía, y Bunge Argentina.
A estas dos, siempre según las petroleras, le sigue Bioetanol Río Cuarto, que es acreedora del 10,5% del volumen de bioetanol que mes a mes asigna la Secretaría de Energía junto con otras 18 que mensualmente elige el Gobierno de entre las que pueden vender su producción al mercado local.
A fin de año se le asignó un cupo de 10.500 m3 de bioetanol que las petroleras debieron comprarle por $4.871 millones. De acuerdo al trabajo, entre los tres players tienen más de la mitad del negocio que les arma el Gobierno, otra vez "con una oferta cartelizada, para un mercado cautivo y con precio garantizado".
Entre ACA Bio Cooperativa, Promaíz SA y Bioetanol Río Cuarto se quedan con el 52%% del negocio de bioetanol que regula la Secretaría de Energía de la Nación. Es decir, con 51.700 m3 de bioetanol de maíz por mes, que a precios de fines de diciembre les genera ingresos mensuales asegurados por $23.983,6 millones.
Marcha atrás
Para modificar el esquema, el Gobierno libertario propuso suprimir la limitación de empresas que puedan producir biocombustibles y abrir el juego a nuevos participantes para terminar con la limitación de la competencia en los mercados y dejar de distorsionar artificialmente los precios relativos entre el conjunto de bienes y servicios comercializados.
Pero ahora, se reemplazaría el esquema de asignaciones directas por licitaciones, además de ampliar los cortes de biocombustibles, en el caso del gasoil del actual 7,5% de biodiesel a 10%; y el de la nafta del 12% al 15% de bioetanol.
Del mismo modo, se les prohíbe a las petroleras o productoras de combustibles elaborar biocombustibles, lo cual frena la decisión inicial de abrir la competencia y mantiene la distorsión de precios que se quería combatir.